El encuentro, de carácter técnico, tuvo lugar en la víspera de la reunión entre la Comisión Europea y una delegación de Ministerio de Medio Ambiente en Bruselas

M. CONEJOS/M. NÚÑEZ

VALENCIA/BRUSELAS. El presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Andrés Martínez -acompañado de los vicepresidentes Luis Altet y Francisco Santiago-, mantuvo ayer reuniones en Bruselas con diferentes estamentos europeos para analizar el cambio de trazado que el Gobierno plantea ahora para el trasvase Júcar-Vinalopó.

Martínez, quien contó con el asesoramiento institucional de la Generalitat Valenciana a través de su delegación en Bruselas, manifestó que «hemos explicado a los representantes comunitarios que el trazado original ya fue declarado por la Comisión Europea como un proyecto ejemplar para ser trasladado a otras regiones debido a su viabilidad técnica, económica y medioambiental».

«No podemos pagar este trazado»

La argumentación es clara en este sentido, ya que Martínez recordó que «los usuarios podemos pagar y sostener el actual proyecto, no el nuevo». La toma de Cortes de Pallás es «la viable», aseguró el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, ya que la que se propone desde el azud de la Marquesa en Cullera «no podría ser asumida por los usuarios debido a los elevados costes energéticos para el traslado del agua y los costes de mantenimiento elevados, para lo que no sería suficiente la aportación de fondos europeos».

«El Gobierno no cumpliría con la recuperación de costes prevista en la Directiva Marco Europea, algo que sí ocurría con el trazado original», indicó Andrés Martínez, quien anunció que ante esta situación han presentado un documento ante la Comisión de Quejas de la Unión Europea para que analice la situación del trasvase.

En cuanto a los plazos que tiene el Gobierno español para mantener los fondos europeos para el trasvase (80 millones de euros), Martínez recordó que en junio del año próximo deben estar todos los proyectos en manos de la UE -circunstancia algo complicada por lo farragoso de los trámites a seguir-, mientras que la certificación de obras debería estar a finales del año 2008.

Estas reuniones que tuvieron lugar ayer en Bruselas se producen en la víspera del encuentro que representantes de la Comisión Europea mantendrán con una delegación de Ministerio de Medio Ambiente en la jornada de hoy para analizar el cambio de trazado propuesto por la ministra, Cristina Narbona. En estas conversaciones también se analizará la financiación comunitaria del Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (AGUA).

En principio, Bruselas considera que corresponde al Gobierno español «decidir lo que es mejor para él» sobre el trazado, según dijo la portavoz de Política Regional de la Comisión, Ana-Paula Laissy.

No obstante, si hay «cambios significativos» -como es el caso-, deberán presentarse a Bruselas nuevos estudios de impacto ambiental y la Comisión tendrá que analizar el proyecto modificado y darle su visto bueno.

Eso sí, consideró que los fondos europeos no se perderán, ya que «están en el programa operativo de la Comunidad Valenciana y si no financian un determinado proyecto pueden utilizarse para otro», aunque sí podrían perderse para el Júcar-Vinalopó, lo que dificultaría su ejecución final, que ya está cercana al 40%.