Aguas del Júcar cancels the contract with the Vinalopó users
Sat, 01/10/2005
Los regantes anuncian que recurrirán judicialmente la decisión al entender que la empresa incumplió primero el acuerdo al paralizar las obras y cambiar el trazado
J. REIGADAS/I. BLASCO
VALENCIA/ALICANTE. El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y encargada de construir el trasvase Júcar-Vinalopó, decidió ayer rescindir el contrato que les vincula con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, el Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja por impago de más de 40 millones de euros. En concreto, según fuentes de la compañía, los regantes sólamente han abonado 18.700 euros -de las certificaciones de obras- de los 41 millones que les correspondían.
Cabe recordar que el coste de esta transferencia hídrica, 240 millones de euros, se divide en tres tercios de 80 millones entre el Gobierno central, los usuarios y fondos europeos. Los 41 millones que los regantes y usuarios adeudan a Aguas del Júcar corresponden al 33 por ciento de las obras construidas en la actualidad, la práctica totalidad del tramo I -punto teórico de partida y estación de bombeo de Cortes de Pallás-, y buena parte de los tramos V, VI -entre Font de la Figuera y Villena- y VII -balsa de San Diego-.
El problema financiero se originó cuando las dudas sobre la viabilidad del proyecto asaltaron a los regantes. El anuncio -oficioso porque hasta el momento el Ministerio de Medio Ambinete no lo ha hecho oficial- del cambio de toma de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa hizo que los usuarios recelaran de unos pagos que, entendían, no servirían para nada, ya que consideran que dicha modificación del proyecto va a significar la defunción del trasvase. Además, la paralización de parte de las obras por parte de la sociedad estatal es esgrimido por parte de los usuarios como un incumplimiento anterior de Aguas del Júcar.
Moratoria sin resultado
Sin embargo, Aguas del Júcar insistió en que se cumpliera el contrato firmado, con lo que la tensión se apoderó de las negociaciones. Finalmente, la sociedad estatal otorgó una moratoria de dos meses para que los regantes se pusuieran al día en los pagos, plazo que concluyó ayer.
En este contexto, el consejo de administración de Aguas del Júcar decidió ayer mandatar a su consejero delegado, José María Marúgán, para abrir una negociación con los usarios este mismo mes y firmar un nuevo convenio, basado en la «nueva realidad» del trasvase, según indicaron a ABC fuentes del citado órgano ejecutivo de la sociedad estatal.
Los negociadores
Curiosamente, estas negociaciones tendrán como protagonistas al citado consejero delegado de Aguas del Júcar y al único miembro del consejo que votó ayer en contra de la rescisión del contrato, el representante de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez.
El diálogo no será fácil, dadas las repercusiones legales de la decisión de ayer. Así, y aunque Aguas del Júcar ha decidido no emprender acciones judiciales contra los usuarios por el mencionado impago de la deuda en aras de conseguir una «buena negociación» -según precisaron a este diario-, los regantes no piensan lo mismo y han anunciado que recurrirán a la Justicia la recisión del contrato, en base a las dos premisas explicadas anteriormente: fue Aguas del Júcar quien incumplió primero el acuerdo al paralizar parte de las obras y ha sido la sociedad estatal la que ha «sembrado de dudas» el proyecto con el cambio de toma de Cortes al azud de la Marquesa.
A pesar de parecer posturas irreconciliables, Aguas del Júcar mantiene el optimismo, máxime cuando está dispuesto a ofrecer durante la negociación la condición exigida en su día por los usuarios de que su inversión no sea directa y repercuta posteriormente vía tarifaria. Esta cuestión obligaría al Ministerio de Medio Ambiente o a Aguas del Júcar a adelantar los 80 millones de euros de los regantes.
Aguas del Júcar también tiene la directriz de Madrid de que, si existe finalmente un cambio de toma, el coste final para el Vinalopó no supere nunca dichos 80 millones, aunque la obra se encarezca y su tercio supere esta cantidad.
J. REIGADAS/I. BLASCO
VALENCIA/ALICANTE. El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y encargada de construir el trasvase Júcar-Vinalopó, decidió ayer rescindir el contrato que les vincula con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, el Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja por impago de más de 40 millones de euros. En concreto, según fuentes de la compañía, los regantes sólamente han abonado 18.700 euros -de las certificaciones de obras- de los 41 millones que les correspondían.
Cabe recordar que el coste de esta transferencia hídrica, 240 millones de euros, se divide en tres tercios de 80 millones entre el Gobierno central, los usuarios y fondos europeos. Los 41 millones que los regantes y usuarios adeudan a Aguas del Júcar corresponden al 33 por ciento de las obras construidas en la actualidad, la práctica totalidad del tramo I -punto teórico de partida y estación de bombeo de Cortes de Pallás-, y buena parte de los tramos V, VI -entre Font de la Figuera y Villena- y VII -balsa de San Diego-.
El problema financiero se originó cuando las dudas sobre la viabilidad del proyecto asaltaron a los regantes. El anuncio -oficioso porque hasta el momento el Ministerio de Medio Ambinete no lo ha hecho oficial- del cambio de toma de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa hizo que los usuarios recelaran de unos pagos que, entendían, no servirían para nada, ya que consideran que dicha modificación del proyecto va a significar la defunción del trasvase. Además, la paralización de parte de las obras por parte de la sociedad estatal es esgrimido por parte de los usuarios como un incumplimiento anterior de Aguas del Júcar.
Moratoria sin resultado
Sin embargo, Aguas del Júcar insistió en que se cumpliera el contrato firmado, con lo que la tensión se apoderó de las negociaciones. Finalmente, la sociedad estatal otorgó una moratoria de dos meses para que los regantes se pusuieran al día en los pagos, plazo que concluyó ayer.
En este contexto, el consejo de administración de Aguas del Júcar decidió ayer mandatar a su consejero delegado, José María Marúgán, para abrir una negociación con los usarios este mismo mes y firmar un nuevo convenio, basado en la «nueva realidad» del trasvase, según indicaron a ABC fuentes del citado órgano ejecutivo de la sociedad estatal.
Los negociadores
Curiosamente, estas negociaciones tendrán como protagonistas al citado consejero delegado de Aguas del Júcar y al único miembro del consejo que votó ayer en contra de la rescisión del contrato, el representante de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez.
El diálogo no será fácil, dadas las repercusiones legales de la decisión de ayer. Así, y aunque Aguas del Júcar ha decidido no emprender acciones judiciales contra los usuarios por el mencionado impago de la deuda en aras de conseguir una «buena negociación» -según precisaron a este diario-, los regantes no piensan lo mismo y han anunciado que recurrirán a la Justicia la recisión del contrato, en base a las dos premisas explicadas anteriormente: fue Aguas del Júcar quien incumplió primero el acuerdo al paralizar parte de las obras y ha sido la sociedad estatal la que ha «sembrado de dudas» el proyecto con el cambio de toma de Cortes al azud de la Marquesa.
A pesar de parecer posturas irreconciliables, Aguas del Júcar mantiene el optimismo, máxime cuando está dispuesto a ofrecer durante la negociación la condición exigida en su día por los usuarios de que su inversión no sea directa y repercuta posteriormente vía tarifaria. Esta cuestión obligaría al Ministerio de Medio Ambiente o a Aguas del Júcar a adelantar los 80 millones de euros de los regantes.
Aguas del Júcar también tiene la directriz de Madrid de que, si existe finalmente un cambio de toma, el coste final para el Vinalopó no supere nunca dichos 80 millones, aunque la obra se encarezca y su tercio supere esta cantidad.