Narbona (Environmental Minister) will gather more information before to take her decision
Tue, 27/09/2005
Medio Ambiente pretende reforzar sus tesis sobre el cambio del Júcar-Vinalopó para evitar que el PSPV quede en evidencia, ya que fue Blanquerías quien lo promovió
M. CONEJOS
VALENCIA. El trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó sigue sin ser determinado por Medio Ambiente. Ayer, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, se reunió en Madrid con el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, encuentro al que también asistieron el director general del Agua, Jaime Palop, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que no arrojó más luz al problema.
Las obras del trazado inicial (con la toma en Cortes de Pallás) siguen paralizadas y los afectados ya han recurrido ante la justicia este parón. Ese paréntesis, que no se sabe cuándo se cerrará, empieza a tener un color oscuro para las relaciones entre el Gobierno central y el PSPV.
Se les fue de las manos
El empuje que mostró el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, a la hora de apostar por hacer otra toma en Cullera -amparado en su compañero Francesc Signes en los informes de Nueva Cultura del Agua y en la plataforma Xúquer Viu- fue bien vista en un primer momento por Cristina Narbona, que consideraba este trasvase como una problemática muy localizada y sin visos de expandirse.
La multitudinaria manifestación de Alicante, sin embargo, marcó un antes y un después y vista la repercusión social la ministra decidió tomar las riendas. Y en esas están; ayer, Antonio Serrano confirmó a José Ramón García Antón que el trazado del trasvase sigue en estudio y para ello están «recabando informes».
Pese a que García Antón expresa su «satisfacción» por el hecho de que el Ministerio se haya tomado un tiempo para meditar, no entiende por qué se han paralizado las obras del trazado original sin tener unos informes sólidos que avalaran otra posibilidad para la conducción.
El representante del Gobierno valenciano explicó que «no espero que haya sorpresas esta semana» -en referencia a que el Consejo de Ministros tome alguna decisión sobre el trasvase este viernes- y para ello se basa en la información que ayer le facilitaron los dirigentes del Ministerio, con los que espera «poder seguir coordinando los esfuerzos para llegar a un acuerdo».
Busca un argumento técnico
Parece lógico, en cualquier caso, que Medio Ambiente acabe apoyando la tesis que Pla ha avalado durante los últimos meses y que busca obtener un bocado electoral en La Ribera. Para ello, Narbona necesita justificar técnicamente que el trasvase es poco menos que inviable, y hasta ahora no lo ha conseguido. Por ello, el Ministerio aún no ha anunciado obras, plazos y proyectos, como prometió. Primeros de septiembre era la fecha elegida, pero de momento, nada.
En otro orden de cosas, el Consell y el Ministerio plantearon la conveniencia de establecer una demarcación hidrográfica «única» para el Júcar. García Antón también indicó que hay que «seguir trabajando para delimitar las cuencas intracomunitarias», para las que el Gobierno valenciano pide ejercer en exclusiva las competencias.
M. CONEJOS
VALENCIA. El trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó sigue sin ser determinado por Medio Ambiente. Ayer, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, se reunió en Madrid con el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, encuentro al que también asistieron el director general del Agua, Jaime Palop, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que no arrojó más luz al problema.
Las obras del trazado inicial (con la toma en Cortes de Pallás) siguen paralizadas y los afectados ya han recurrido ante la justicia este parón. Ese paréntesis, que no se sabe cuándo se cerrará, empieza a tener un color oscuro para las relaciones entre el Gobierno central y el PSPV.
Se les fue de las manos
El empuje que mostró el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, a la hora de apostar por hacer otra toma en Cullera -amparado en su compañero Francesc Signes en los informes de Nueva Cultura del Agua y en la plataforma Xúquer Viu- fue bien vista en un primer momento por Cristina Narbona, que consideraba este trasvase como una problemática muy localizada y sin visos de expandirse.
La multitudinaria manifestación de Alicante, sin embargo, marcó un antes y un después y vista la repercusión social la ministra decidió tomar las riendas. Y en esas están; ayer, Antonio Serrano confirmó a José Ramón García Antón que el trazado del trasvase sigue en estudio y para ello están «recabando informes».
Pese a que García Antón expresa su «satisfacción» por el hecho de que el Ministerio se haya tomado un tiempo para meditar, no entiende por qué se han paralizado las obras del trazado original sin tener unos informes sólidos que avalaran otra posibilidad para la conducción.
El representante del Gobierno valenciano explicó que «no espero que haya sorpresas esta semana» -en referencia a que el Consejo de Ministros tome alguna decisión sobre el trasvase este viernes- y para ello se basa en la información que ayer le facilitaron los dirigentes del Ministerio, con los que espera «poder seguir coordinando los esfuerzos para llegar a un acuerdo».
Busca un argumento técnico
Parece lógico, en cualquier caso, que Medio Ambiente acabe apoyando la tesis que Pla ha avalado durante los últimos meses y que busca obtener un bocado electoral en La Ribera. Para ello, Narbona necesita justificar técnicamente que el trasvase es poco menos que inviable, y hasta ahora no lo ha conseguido. Por ello, el Ministerio aún no ha anunciado obras, plazos y proyectos, como prometió. Primeros de septiembre era la fecha elegida, pero de momento, nada.
En otro orden de cosas, el Consell y el Ministerio plantearon la conveniencia de establecer una demarcación hidrográfica «única» para el Júcar. García Antón también indicó que hay que «seguir trabajando para delimitar las cuencas intracomunitarias», para las que el Gobierno valenciano pide ejercer en exclusiva las competencias.