Carriedo demands urgent investments of the Agriculture Ministry to ensure the water supply

Thu, 22/09/2005

ABC

El consejero de Medio Ambiente justifica el recurso de inconstitucionalidad al PHN en que «una administración no puede decidir sobre el agua de otra Comunidad»

MONTSE SERRADOR

VALLADOLID. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, reclamó ayer al Ministerio de Medio Ambiente que realice las inversiones que aparecen recogidas en el Plan Hidrológico Nacional, como es el caso del embalse de Castrovido, o los leoneses de Eria y Duerna, «porque la situación de sequía está demostrando la importancia de las obras hidráulicas».

Carriedo -que reconoció que la única información que recibe de la Confederación Hidrográfica del Duero es la que llega a todos los ciudadanos- pidió al Ministerio que rectifique su política de no crear infraestructuras hidráulicas y confiar sólo en el uso racional del agua que puedan hacer los ciudadanos, «porque aunque es importante no es insuficiente y una situación de sequía como la actual está demostrando lo importante de las actuaciones hidráulicas y de almacenar la mayor cantidad posible de agua».

El consejero de Medio Ambiente recordó, además, que si uno de los embalses previstos, el leonés de Bernardos, no se puede realizar por sus consecuencias medioambientales, al menos se deberían utilizar los 70 millones presupuestados para obras hidráulicas en la provincia segoviana. Por otra parte, recordó que en las inversiones acordadas por el Gobierno de la nación para paliar los efectos de la sequía en todo el territorio español, Castilla y León no recibió ni uno sólo de los 500 millones de euros presupuestados «cuando tenemos el 20 por ciento del territorio nacional y aunque haya comunidades con mayores problemas de abastecimiento, se está demostrando que nosotros también los tenemos».

Contra el Plan Hidrológico

El consejero se refirió ayer al recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional y que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de Castilla y León. En este sentido, señaló que «lo que no puede ocurrir es que una administración decida sobre el agua de otra Comunidad», en referencia a la posibilidad de que la Generalitat decida sobre el agua del Ebro que llega a su territorio, ya que implica decidir sobre las actuaciones que se tienen que realizar aguas arriba, en este caso en Burgos y Soria.