El Gobierno de Murcia (PP) presentó ayer el segundo recurso de inconstitucionalidad contra la derogación del trasvase del Ebro «para recuperar el sentido de Estado, el sentido común y el sentido de la solidaridad en materia hidráulica», dijo Antonio Cerdá, consejero regional de Agricultura y Agua.
Cerdá fue el encargado de presentar el recurso en el Tribunal Constitucional. El primero se admitió a trámite el pasado octubre, informa Efe.
El Gobierno murciano acordó el 9 de septiembre presentar este nuevo recurso al entender que el Ejecutivo central «dejó en manos de la Generalitat de Cataluña la administración del tramo final del Ebro» y rompió el principio de unidad de cuenca que consagran la Constitución [en el artículo 149], la Ley de Aguas y la Directiva Marco de la Unión Europea.
Cerdá señaló que cuando se aprobó la ley de derogación del trasvase «se aplicaron principios que no son justos», ya que «divide el Ebro en dos partes, una controlada por Cataluña y otra, por el resto de España». Así, dijo, el Gobierno dejó a la Generalitat la elaboración del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y la determinación del caudal ecológico del río, cuando sus aguas discurren por seis CCAA. Esto vulnera el artículo 138 de la Carta Magna, pues «el Estado no puede dar prioridad a unas comunidades sobre otras».
Murcia se basa en los 450 hectómetros cúbicos del Ebro que tenía otorgada la cuenca del Segura con el Pan Hidrológico de 2001, dijo Cerdá.
Además, el consejero trasladó a los responsables de la Dirección General del Agua la «inquietud» de la región ante la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura el próximo 28 de septiembre. Bajo el lema Necesitamos agua, miles de personas recorrieron las calles de Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura el 15 de julio, entre ellas, Mariano Rajoy, y los presidentes valenciana y murciano, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.