Marcelino Iglesias quiere «blindar el Ebro» para evitar futuros trasvases a otras cuencas

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, advirtió ayer de que «recurriremos» ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Estatuto valenciano «si se aprueba como está». Biel lanzó esta advertencia durante el debate sobre el estado de su comunidad. El dirigente aragonesista arremetió así contra la decisión de socialistas y populares valencianos de incluir en el proyecto de reforma estatutaria un precepto según el cual la Comunidad Valenciana podría, de forma unilateral, ejecutar un trasvase de aguas fluviales.
«Una vez superado el trasvase del Ebro debemos blindar o acorazar nuestras aguas ante los nuevos intentos trasvasistas». Con estas palabras, Biel apoyó las tesis defendidas por el PAR en la Ponencia de reforma del Estatuto de Aragón y que el martes hizo suyas, públicamente, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. El líder del PSOE en Aragón propuso el martes que en la reforma del Estatuto aragonés se incluyan fórmulas jurídicas para blindar el Ebro y evitar «amenazas» como la del trasvase.
Reacciones airadas
Desde Valencia, el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, dijo ayer que la propuesta del presidente de Iglesias es «un disparate basado en la insolidaridad y que sólo busca la división de España y la confrontación con otras comunidades autónomas». Campos explicó que esta propuesta está motivada por «la falta absoluta de concepción de España de los socialistas y de Zapatero, que quiere convertir España en un puzzle de 17 piezas que no encajen entre sí».
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó por su parte de «auténtico despropósito» la propuesta y añadió que los socialistas valencianos no pueden compartir la iniciativa de sus compañeros aragoneses. En este sentido, Pla señaló que «lo máximo que podemos admitir de otra comunidad es la garantía de que tengan los recursos suficientes, y para nosotros es un despropósito plantear cualquier otro mecanismo que suponga atribuirse la propiedad de un bien que es de todos».
Coincidió con este planteamiento del líder de los socialistas valencianos el portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, para quien usar un Estatuto para «fomentar la insolidaridad territorial no es correcto ni responsable». El PP cree que la posición adoptada por el vicepresidente del Gobierno aragonés carece de sentido ya que, en opinión de los populares, no se puede recurrir el Estatuto valenciano porque se ciñe estrictamente al marco de la Constitución.
El secretario de Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, dijo que todas las autoridades de la cuenca del Ebro son competentes en la ordenación del territorio y su gestión ambiental, dado que la cuenca es una «unidad de integración». Añadió que la Directiva Marco de la Unión Europea es el texto que debe prevalecer en cuestiones medioambientales como ésta y que en el Ministerio esperarán a una propuesta firme de Estatuto para pronunciarse. Recordó que el Gobierno central se ajustará estrictamente a la Constitución y a la Ley del Aguas, los dos textos legales en los que se recogen las «reglas del juego en las que hay que moverse», dijo.