La propuesta de Marcelino Iglesias de 'blindar' el agua del río reabre la polémica El Consell y el PSPV coinciden en que la pretensión de Aragón es «un disparate» AGENCIAS/MADRID/ALICANTE CAUDAL. Detalle del río Ebro, en su discurrir por Zaragoza, el pasado mes de abril. / EFE

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona respondió ayer a Marcelino Iglesias, presidente de la comunidad de Aragón, que la gestión del agua del río Ebro debe respetar el marco constitucional. De esta manera, la ministra contestaba a las declaraciones vertidas ayer por Iglesias en las que proponía que en la reforma del Estatuto de Autonomía se incluyera una fórmula jurídica con la que se trataría de «blindar» el Ebro para evitar su trasvase.

Narbona afirmó que «las modificaciones de los estatutos no pueden cuestionar lo que es el marco constitucional de la gestión del agua en nuestro país, pues aquellos ríos que discurren por más de una cuenca tienen como gestor al Gobierno de la nación».

Asimismo, aseguró que «es verdad que queremos que las Confederaciones Hidrográficas incorporen un proceso de corresponsabilización con las CCAA, pero eso significa que, en todo caso, un río como el Ebro seguirá estando en una Confederación del Gobierno de la Nación, que tendrá por lo tanto la última decisión de cualquiera de los temas que puedan afectar al río».

Además, recordó que la Directiva Europea establece muy claramente la unidad de cuenca como principio rector y que hay que considerar la cuenca en su totalidad. Finalmente, Narbona destacó que esta cuenca discurre por varias comunidades y que por lo tanto hay que respetar el marco constitucional, además de la propia directiva europea.

El Gobierno valenciano y la oposición coincidieron ayer plenamente en el rechazo sin fisuras hacia la propuesta aragonesa.

El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, señala que la propuesta de Iglesias de «blindar» el Ebro para su Comunidad «es un disparate basado en la insolidaridad y que sólo busca la división de España y la confrontación con otras comunidades autónomas».

Campos añadió que esta propuesta de Iglesias está motivada por «la falta absoluta de concepción de España de los socialistas y del presidente Zapatero, que quiere convertir el país en un puzzle de diecisiete piezas que no encajen entre sí».

A su juicio, «la irresponsabilidad política de Rodríguez Zapatero, que carece por completo de política de Estado, alienta a los presidentes de Comunidades gobernadas por el Partido Socialista a que se crean con derecho para adoptar decisiones sobre recursos hídricos que son competencia exclusiva del Estado».

Para el vicepresidente del Consell, «la debilidad del Gobierno de Zapatero da alas al tripartito catalán, y ahora al Gobierno socialista de Aragón para pretender decidir unilateralmente, de forma insolidaria y contra las leyes que rigen en España, sobre unos recursos que son patrimonio de todos los españoles».

El vicepresidente del Gobierno valenciano ha manifestado que mientras el Gobierno del Partido Popular «consensuó, ordenó y puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional, el presidente Zapatero será recordado como el autor del Disparate Hídrico Nacional.

En opinión de Campos, ese disparate ha generado multitud de protestas ciudadanas; se basa en la insolidaridad, y pretende ahogar el progreso de las Comunidades que no están gobernadas por el Partido Socialista y sus socios nacionalistas.

El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, desecha la propuesta y la califica de «auténtico despropósito». Añade que los socialistas valencianos no pueden compartir la iniciativa de sus compañeros aragoneses.

Pla explica que en el proyecto de nuevo Estatuto valenciano se ha incorporado un artículo en el que se pide que los valencianos tengan garantizada el agua suficiente para el desarrollo presente y futuro de la Comunidad.

En este sentido, Pla señaló que «lo máximo que podemos admitir de otra comunidad autónoma es la garantía de que tengan los recursos suficientes, y para nosotros es un despropósito plantear cualquier otro mecanismo que suponga atribuirse la propiedad de un bien que es de todos».

«El señor Marcelino Iglesias, el PP y el Partido Socialista en Aragón, que están pactando el Estatuto, pueden decir lo que quieran, pero si Iglesias y el PSOE allí piensan blindar el Ebro para atribuirse su propiedad, es un auténtico despropósito que no podemos compartir», añadió.

Sin embargo, dijo que «no renunciamos en ningún caso a una cosa que siempre hemos defendido, como que Castellón, que forma parte de la cuenca del Ebro, tenga en el futuro las transferencias que se puedan dar desde el Ebro, una vez hayamos hecho los deberes con otras actuaciones».