El Consejo de Ministros autorizó en julio un trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua del Tajo a la cuenca del Segura para el trimestre julio-septiembre, de los que 39 hectómetros cúbicos se destinan a abastecimiento y 43 a regadío.
Esta decisión se produjo en el marco del Real Decreto 2530/1985, que atribuye al Consejo de Ministros la decisión sobre los volúmenes y caudales de trasvase en circunstancias hidrológicas excepcionales, en relación con el artículo 23 del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, que determina las reglas para identificar cuándo se dan esas circunstancias.
Sin embargo, el Gobierno valenciano considera que el volumen autorizado para el trasvase resulta "completamente insuficiente" para atender las necesidades de riego de los cultivos dependientes del trasvase Tajo-Segura, y pone en situación de riesgo "muy grave" no sólo las cosechas, sino incluso el mantenimiento del arbolado y las propias posibilidades de continuidad de las explotaciones.
Fuentes de la Generalitat han destacado que, en la Comunidad Valenciana, 29.000 hectáreas de regadío de alta productividad y rentabilidad dependen directamente de los caudales obtenidos a través del acueducto Tajo-Segura.
Para el ejecutivo valenciano, la insuficiencia del trasvase autorizado en julio supone "un serio peligro para la supervivencia" de la actividad agraria, que genera en torno a un 10 por ciento del empleo en la provincia de Alicante -entre empleos directos e indirectos- y constituye la base "indispensable para el sustento de un buen número de municipios rurales".
El Gobierno de la Generalitat asegura que la destrucción de esa agricultura supondría "una tragedia social y económica" para la Comunidad Valenciana, además de los adversos efectos ambientales que produciría un abandono masivo de la superficie cultivada.
Asimismo, considera que el insuficiente volumen de la transferencia autorizada por el Consejo de Ministros, muy inferior a los solicitado por el Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura, "no se justifica por la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía".
Según el ejecutivo valenciano, dichos embalses, en la fecha del acuerdo, sumaban un volumen de agua embalsada "cercano al doble del nivel de excedentes establecido por el Plan hidrológico de la cuenca del Tajo".
Por todo ello, el Gobierno de la Generalitat considera que el acuerdo del Consejo de Ministros supone "una vulneración injustificada de los derechos e intereses legítimos de los usuarios valencianos del trasvase".