Murcia Government will appeal against the divert derogation
Sat, 10/09/2005
El Consejo de Gobierno de Murcia instó hoy a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma la interposición de un segundo recurso de inconstitucionalidad contra la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, al considerar que dejar en manos de la Generalitat de Cataluña la administración del tramo final de ese río "rompe el principio de unidad de la cuenca que consagra la Constitución, la Ley de Aguas y la Directiva Marco de la Unión Europea".
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, consideró que esta decisión supone "querer cortar el río y decir que un tramo es sólo de Cataluña", cuando el Ebro "discurre por nueve comunidades autónomas".
Además, explicó que este recurso "se sumaría al presentado por la Generalitat Valenciana y al que interpondrán el resto de las Comunidades por las que discurren las aguas del Ebro, como La Rioja, Navarra, y Castilla y León".
Igualmente, aclaró que la Ejecutivo murciano "está legitimado para interponer este nuevo recurso, en base a la concesión de los 450 hectómetros cúbicos procedente de las aguas del Ebro que tenía otorgada la cuenca del Segura con el anterior Plan Hidrológico Nacional, y prueba de ello es la admisión a trámite del anterior recurso de inconstitucionalidad", presentado en octubre de 2004.
De la Cierva recordó que, al derogar el trasvase del Ebro, el Gobierno central "dejó al Gobierno catalán la elaboración del denominado Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y la determinación del caudal ecológico del río, con lo que divide la cuenca hidrográfica en dos tramos: el administrado por el Estado al ser una cuenca intercomunitaria, y el del tramo final del río administrado por la Generalitat de Cataluña".
Según De la Cierva, "al romper el principio de unidad de cuenca el Gobierno central incumple cuatro preceptos constitucionales: el que fija el artículo 9.1 en lo que atañe al sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico; el 9.3, en lo que respecta al principio de jerarquía normativa; el artículo 138, por cuanto se crea una situación de privilegio para la Generalitat de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas; y el artículo 149.1.22, que se refiere al principio de unidad de cuenca".
En relación a este último aspecto, De la Cierva acusó al Estado de hacer "dejación de sus competencias exclusivas en legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma".
COMISIÓN EXPERTOS SEQUÍA.
Respecto a la reunión ayer de la Comisión de Expertos de la Sequía, en la que no participó ningún representante de la Región, De la Cierva afirmó que "es una muestra más de la soberbia" del Ministerio de Medio Ambiente. "Es absolutamente criticable y lamentable, pues si alguien puede enseñar algo sobre sequía son los murcianos", agregó.
Igualmente, acusó al ministerio de "mentir a boca llena" pues "no es cierto que se vaya a recibir más agua, en más tiempo y más barata, pues se está poniendo en riesgo la agricultura para que se beba con la propuesta de rescatar concesiones de riego para darlas al abastecimiento, idea que sólo evidencia, una vez más, la falta total de previsión, que se actúa con criterios partidistas, y que la derogación del trasvase del Ebro fue una total sinrazón". "Es una chapuza", concluyó.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, consideró que esta decisión supone "querer cortar el río y decir que un tramo es sólo de Cataluña", cuando el Ebro "discurre por nueve comunidades autónomas".
Además, explicó que este recurso "se sumaría al presentado por la Generalitat Valenciana y al que interpondrán el resto de las Comunidades por las que discurren las aguas del Ebro, como La Rioja, Navarra, y Castilla y León".
Igualmente, aclaró que la Ejecutivo murciano "está legitimado para interponer este nuevo recurso, en base a la concesión de los 450 hectómetros cúbicos procedente de las aguas del Ebro que tenía otorgada la cuenca del Segura con el anterior Plan Hidrológico Nacional, y prueba de ello es la admisión a trámite del anterior recurso de inconstitucionalidad", presentado en octubre de 2004.
De la Cierva recordó que, al derogar el trasvase del Ebro, el Gobierno central "dejó al Gobierno catalán la elaboración del denominado Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y la determinación del caudal ecológico del río, con lo que divide la cuenca hidrográfica en dos tramos: el administrado por el Estado al ser una cuenca intercomunitaria, y el del tramo final del río administrado por la Generalitat de Cataluña".
Según De la Cierva, "al romper el principio de unidad de cuenca el Gobierno central incumple cuatro preceptos constitucionales: el que fija el artículo 9.1 en lo que atañe al sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico; el 9.3, en lo que respecta al principio de jerarquía normativa; el artículo 138, por cuanto se crea una situación de privilegio para la Generalitat de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas; y el artículo 149.1.22, que se refiere al principio de unidad de cuenca".
En relación a este último aspecto, De la Cierva acusó al Estado de hacer "dejación de sus competencias exclusivas en legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma".
COMISIÓN EXPERTOS SEQUÍA.
Respecto a la reunión ayer de la Comisión de Expertos de la Sequía, en la que no participó ningún representante de la Región, De la Cierva afirmó que "es una muestra más de la soberbia" del Ministerio de Medio Ambiente. "Es absolutamente criticable y lamentable, pues si alguien puede enseñar algo sobre sequía son los murcianos", agregó.
Igualmente, acusó al ministerio de "mentir a boca llena" pues "no es cierto que se vaya a recibir más agua, en más tiempo y más barata, pues se está poniendo en riesgo la agricultura para que se beba con la propuesta de rescatar concesiones de riego para darlas al abastecimiento, idea que sólo evidencia, una vez más, la falta total de previsión, que se actúa con criterios partidistas, y que la derogación del trasvase del Ebro fue una total sinrazón". "Es una chapuza", concluyó.