El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto reformar las confederaciones hidrográficas para que incluyan en sus órganos de gestión a las comunidades autónomas. Además, el Gobierno quiere impulsar la creación de bancos públicos de agua y modificar la Ley de Aguas para flexibilizar las concesiones de agua, que actualmente se conceden por periodos prácticamente ilimitados.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que su departamento comenzará este trimestre a trabajar 'en la modificación de la administración del agua'. El ministerio quiere que las confederaciones hidrográficas sean organizaciones que vinculen a todas las Administraciones. Actualmente, las confederaciones son las máximas encargadas de la gestión de las cuencas. Dependen en exclusiva de Medio Ambiente y algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, arremeten contra ellas y su gestión. Las comunidades autónomas gestionan aquellas cuencas que, como la mediterránea andaluza (transferida en 2004) o la mediterránea de Cataluña sólo ocupan una comunidad autónoma.
Además, el ministerio quiere reformar el Consejo Nacional del Agua, el órgano asesor en el que están representadas las comunidades, los regantes, los ecologistas y el ministerio de Agricultura. Medio Ambiente también abordará este año la creación de una Conferencia Sectorial del Agua, 'el ámbito de trabajo a nivel político' en el tema del agua de las comunidades, y los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura.
Bancos públicos
La ministra de Medio Ambiente también anunció la intención de modificar la Ley de Aguas para crear bancos públicos de agua. Se trataría de un fondo en el que repartir las concesiones de agua según las necesidades. Narbona destacó que su intención es crear 'un banco público en toda España que trabaje con las confederaciones'. La ministra destacó que este año ha habido ya una experiencia en ese sentido que, con acuerdo de las partes, ha permitido intercambiar derechos de agua del bajo Guadalquivir a los regantes del bajo Almanzora, en Almería.
Además, el ministerio apuesta por reasignar algunos derechos de uso del agua. Muchos de éstos están concedidos hace décadas a explotaciones que no realizan el uso más razonable del agua. Medio Ambiente prepara también un decreto sobre seguridad de las presas y quiere sentar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para impulsar un plan de depuración.