ESTE podría ser el año más seco del último medio siglo. Una mala noticia, pero no una sorpresa. No es un problema más imprevisible que el que impone que el precio del barril de petróleo supere los sesenta dólares. Al petróleo se le pueden buscar sustitutos y alternativas; a la lluvia no. Que el suministro de agua es un problema, que no está garantizado, lo sabemos desde hace años, desde hace décadas. Lo nuevo es que con la llegada del Gobierno socialista se han multiplicado sus aristas y que éstas han mellado el sagrado principio de solidaridad que debía reinar en este asunto y que, colateralmente, afecta incluso a la vertebración de España. Si el agua es escasa y está desigualmente repartida se ha de compartir. El espíritu de insolidaridad que han potenciado las medidas tomadas por Rodríguez Zapatero en este apartado ha complicado el panorama. Hace unas fechas asistimos a disputas cainitas entre Castilla-La Mancha y las comunidades levantinas a cuenta del trasvase Tajo-Segura; las desavenencias llegan, pues, a la España seca.

Éste no es un país húmedo, y cada año lo es un poco menos, lo cual no es óbice para que la demanda de agua sea creciente. Por tanto, la necesidad y la urgencia de ocuparse del agua debería estar en la mano de todos los ciudadano responsables y, sobre todo, en la mesa y en las preocupaciones y ocupaciones de cualquier político con dos dedos de frente y un poco de dedicación a lo que importa, a lo relevante. El pasado gobierno de Aznar colocó el asunto entre las prioridades de su actuación; por eso llevó adelante un Plan Hidrológico Nacional que, gracias a los trasvases, ofrecía una solución viable al problema, no sólo en Levante o en la meseta castellana, sino que aportaba respuestas a la inveterada carencia de agua que sufre Aragón. Aquel Ejecutivo hizo lo que creyó que debía hacer, pero la demagogia volvió a prevalecer sobre el sentido común y el Gobierno socialista tumbó lo más sobresaliente del PHN, el trasvase del Ebro, sin razón (el agua sigue perdiéndose por Tortosa) y, lo que es aún peor, sin ofrecer una alternativa creíble. Las mismas comunidades socialistas que celebraron la llegada de una solución a su deficiente abastecimiento quedaron mudas después de que el PSOE decidiese incluir el asunto en su oposición de pancarta. Y hasta hoy, que observamos alarmados cómo el nivel de los embalses baja mes a mes, absorbido por el feroz periodo de sequía en el que estamos inmersos.

El agua forma parte de la lista corta de los problemas capitales de la sociedad española. Es un aprieto transversal, que no afecta a un solo departamento o a una sola administración. Interesa a la ordenación del territorio, a la administración territorial, al medio ambiente, a la agricultura, a la industria, a la hacienda y también a la educación y la cultura. Cualquier acercamiento unilateral al problema del agua (y lo es, sin duda, el plan de desaladoras que ofrece el Gobierno como solución) será parcial e ineficaz. Implica a todos los niveles de la administración, la estatal, la autonómica y la municipal, y necesita buena legislación, investigación, innovación, eficaz administración y colaboración de los ciudadanos, las instituciones y los agentes económicos. Buena parte de eso lo ofrecía el derogado PHN.

Al margen de coyunturas, de que el año sea seco o húmedo, de que las cuencas estén abastecidas o no, hay políticas permanentes y urgentes que no se han abordado con suficiente diligencia, por ejemplo las referentes al precio. Si el agua es un bien escaso, necesario y fundamental, su coste tiene que reflejar esas circunstancias. Otro factor clave es el aprovechamiento, que tiene que ver, fundamentalmente, con la distribución. Es evidente que existen fugas, abandono, contadores obsoletos, mala gestión de cortes de suministros. Como media, se desperdicia casi el 20 por ciento del líquido que fluye por el sistema. ABC aportaba ayer un dato alarmante: el Júcar y el Segura tienen a estas alturas del año menos agua de la que se pierde por fugas en la distribución. Es un porcentaje ciertamente escandaloso. Reducirlo a la mitad resolvería el déficit para un buen período y permitiría ampliar los plazos para poner en marcha nuevas estrategias hidráulicas factibles, no esas ensoñaciones que, ante su previsible inutilidad, terminan por tornarse en críticas a los ciudadanos. Esos «nuevos ricos» que dice la ministra Narbona precisan soluciones, no etiquetas.