More than 11.000 wells are not regulated in Malaga because of the lack of staff
Mon, 22/08/2005
El agua subterránea no es infinita. Sin embargo, el aluvión de nuevos pozos por la sequía hace que así lo parezca. El control de la Cuenca Mediterránea Andaluza sobre estas extracciones que esquilman las reservas hídricas del subsuelo es aún muy escaso, y del total de 19.824 expedientes sólo en Málaga, 11.632 se encuentran en trámite para ser autorizados por la falta de personal y la lentitud que conllevan los permisos. De estos expedientes que saturan la gestión de los pozos, 3.496 están destinados a grandes captaciones, cifra que duplica a las autorizadas (1.591).
La marea de 'pinchazos' del terreno no tiene freno de momento, y la Cuenca Mediterránea aduce que está obligada a seguir concediendo permisos para nuevas extracciones, siempre que sigan el trámite legal y las reservas del acuífero no estén bajo mínimos. Al margen de la campaña contra los pozos ilegales, que ha generado unas 2.500 denuncias y mil expedientes sólo en los últimos dos meses, y que se añaden a la sobrecarga de trabajo de una administración saturada, la Cuenca quiere conocer cuánta agua se extrae.
El control del caudal es una tarea hasta ahora ignorada por la mayoría de titulares de las concesiones. Para invertir este desgobierno sobre los acuíferos, la Cuenca les envió una carta el pasado 5 de julio instándoles a cumplir la Ley de Aguas de 2001 y contar con un contador volumétrico, a riesgo de incurrir en una sanción penada con 30.000 euros o perder la licencia. 'Después de años y años de desidia, queremos establecer un control certero del volumen que se está extrayendo', anuncia Antonio Rodríguez Leal, director de la Cuenca Mediterránea.
De momento la Cuenca desconoce la eficacia de la advertencia. Las sanciones establecidas para extracciones ilegales nunca han superado los 6.000 euros, a pesar de que la ley estima que pueden llegar a los 45.000 euros.
La demora en la gestión no es casual, y es que hasta que la licencia de extracción obtiene una resolución definitiva pueden transcurrir dos años. Con cada expediente, los guardas fluviales han comprobado la superficie que será regada, sus coordenadas y el tipo de cultivo que alberga. Además, es necesario un periodo de exposición pública y otro de alegaciones que también contribuyen al retraso administrativo de las concesiones, cuyos dueños extraen sin ningún control mientras esperan la visita de la quincena de guardas fluviales que operan en Málaga. 'Intentamos agilizar la velocidad de los trámites, pero al tratarse de propiedades privadas los retrasos son ineludibles', explica Juan Manuel Calvo, Comisario de Aguas.
Y es que las extracciones se reproducen como hongos, y a los agricultores se les suma el 'consumo lujoso' de urbanizaciones y campos de golf en un clima semidesértico. Sólo en el término municipal de Vélez-Málaga existen 2.007 concesiones, y en Antequera se alcanzan las 1.723, la mayoría para riego de árboles tropicales y hortalizas.
Tanto 'pinchazo' conlleva el riesgo creciente de la intrusión marina que 'saliniza' los acuíferos y crea una mayor contaminación. Al descender la cantidad de agua, aumentan los niveles de algunos elementos químicos como el manganeso, tal y como ha sucedido en pozos del Campo de Gibraltar, y esto obliga a tratar el agua para hacer posible su consumo.
A pesar del desconocimiento global del volumen de los acuíferos, según cálculos de la Cuenca, las 19.824 concesiones extraen un límite máximo legal de 509 hectómetros cúbicos de agua al año, algo más del doble de la cantidad actual acumulada por los embalses de la provincia, unos 210 hectómetros.
'En ciertos acuíferos como Mijas y el Bajo Guadalhorce no podemos dar más concesiones porque estamos al límite de lo no recuperable', apunta Calvo, quien advierte de que a pesar de la alarma, la situación aún no alcanza los niveles críticos de 1995. 'La sequía supuso entonces que nos la jugáramos. Llegamos a invertir los porcentajes, y las extracciones de los acuíferos representaron hasta el 80% del agua que se consumía', recuerda. En la actualidad el consumo de agua extraída de los acuíferos aún ronda el 35% del total, pero los expertos de la Cuenca auguran que la sequía de este año es sólo el inicio de un ciclo que durará al menos dos años más.
La marea de 'pinchazos' del terreno no tiene freno de momento, y la Cuenca Mediterránea aduce que está obligada a seguir concediendo permisos para nuevas extracciones, siempre que sigan el trámite legal y las reservas del acuífero no estén bajo mínimos. Al margen de la campaña contra los pozos ilegales, que ha generado unas 2.500 denuncias y mil expedientes sólo en los últimos dos meses, y que se añaden a la sobrecarga de trabajo de una administración saturada, la Cuenca quiere conocer cuánta agua se extrae.
El control del caudal es una tarea hasta ahora ignorada por la mayoría de titulares de las concesiones. Para invertir este desgobierno sobre los acuíferos, la Cuenca les envió una carta el pasado 5 de julio instándoles a cumplir la Ley de Aguas de 2001 y contar con un contador volumétrico, a riesgo de incurrir en una sanción penada con 30.000 euros o perder la licencia. 'Después de años y años de desidia, queremos establecer un control certero del volumen que se está extrayendo', anuncia Antonio Rodríguez Leal, director de la Cuenca Mediterránea.
De momento la Cuenca desconoce la eficacia de la advertencia. Las sanciones establecidas para extracciones ilegales nunca han superado los 6.000 euros, a pesar de que la ley estima que pueden llegar a los 45.000 euros.
La demora en la gestión no es casual, y es que hasta que la licencia de extracción obtiene una resolución definitiva pueden transcurrir dos años. Con cada expediente, los guardas fluviales han comprobado la superficie que será regada, sus coordenadas y el tipo de cultivo que alberga. Además, es necesario un periodo de exposición pública y otro de alegaciones que también contribuyen al retraso administrativo de las concesiones, cuyos dueños extraen sin ningún control mientras esperan la visita de la quincena de guardas fluviales que operan en Málaga. 'Intentamos agilizar la velocidad de los trámites, pero al tratarse de propiedades privadas los retrasos son ineludibles', explica Juan Manuel Calvo, Comisario de Aguas.
Y es que las extracciones se reproducen como hongos, y a los agricultores se les suma el 'consumo lujoso' de urbanizaciones y campos de golf en un clima semidesértico. Sólo en el término municipal de Vélez-Málaga existen 2.007 concesiones, y en Antequera se alcanzan las 1.723, la mayoría para riego de árboles tropicales y hortalizas.
Tanto 'pinchazo' conlleva el riesgo creciente de la intrusión marina que 'saliniza' los acuíferos y crea una mayor contaminación. Al descender la cantidad de agua, aumentan los niveles de algunos elementos químicos como el manganeso, tal y como ha sucedido en pozos del Campo de Gibraltar, y esto obliga a tratar el agua para hacer posible su consumo.
A pesar del desconocimiento global del volumen de los acuíferos, según cálculos de la Cuenca, las 19.824 concesiones extraen un límite máximo legal de 509 hectómetros cúbicos de agua al año, algo más del doble de la cantidad actual acumulada por los embalses de la provincia, unos 210 hectómetros.
'En ciertos acuíferos como Mijas y el Bajo Guadalhorce no podemos dar más concesiones porque estamos al límite de lo no recuperable', apunta Calvo, quien advierte de que a pesar de la alarma, la situación aún no alcanza los niveles críticos de 1995. 'La sequía supuso entonces que nos la jugáramos. Llegamos a invertir los porcentajes, y las extracciones de los acuíferos representaron hasta el 80% del agua que se consumía', recuerda. En la actualidad el consumo de agua extraída de los acuíferos aún ronda el 35% del total, pero los expertos de la Cuenca auguran que la sequía de este año es sólo el inicio de un ciclo que durará al menos dos años más.