Ecologistas en Acción consideró "indignos" de un Estado de Derecho los acontecimientos protagonizados ayer por agricultores, ASAJA, la consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, y, a última hora, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación con la tramitación de expedientes sancionadores por extracciones ilegales de agua en el acuífero 23 en Ciudad Real, y pidieron que se tramiten los expedientes conforme a la ley.
Ecologistas en Acción recordó, en nota de prensa, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tal y como hasta ahora estaba haciendo a través de su comisaría de Aguas, tiene la obligación legal de tramitar cuantos expedientes sancionadores sean necesarios para penalizar las actuaciones ilegales en materia de aguas de las que tenga conocimiento y que vienen protagonizando agricultores en el Acuífero 23, pues de no actuar así se estaría incurriendo, "como mínimo, en un delito de prevaricación".
PRESIÓN INTOLERABLE.
Desde Ecologistas defendieron que en este sentido, las movilizaciones promovidas por los agricultores exigiendo una moratoria en la tramitación de los expedientes sancionadores no pueden "entenderse sino una presión intolerable para que la CHG actúe contraviniendo las leyes".
Así indicaron que la moratoria en la tramitación de los expedientes sancionadores que se exige y que al parecer negociaron en su momento el presidente de la Junta, José María Barreda, y el Ministerio de Medio Ambiente, y que ahora se quiere sustanciar, "no es una figura legal recogida en nuestro ordenamiento", sino que los expedientes sancionadores tienen sus plazos y modos de tramitación que obligan a la Administración y que han de cumplirse escrupulosamente para que no caduque o prescriba la infracción.
"A Ecologistas en Acción le resulta increíble que personas concreta y ASAJA exijan que no se actúe contra quienes han podido cometer graves irregularidades extrayendo agua ilegalmente en situación de sequía y en un acuífero declarado sobreexplotado como es el 23, contraviniendo con ello la legislación de aguas", criticaron.
"Pero resulta todavía más increíble que quienes tienen que ser valedores de las leyes, esto el presidente de la Junta y la consejera de Agricultura, atiendan y se sumen a peticiones tan indignas y, no sólo eso, sino que pidan la dimisión de un funcionario, el Comisario de Aguas de la CHG, Ramón Gallego, que no hace otra cosa que cumplir con su obligación".
Por ello, ante la gravedad de los hechos que se están produciendo, en los que cargos públicos y privados podrían estar induciendo a la comisión de delitos, Ecologistas en Acción pidió la actuación de la Fiscalía "y que quien tiene que dimitir o ser cesado, no es el Comisario de Aguas, sino el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la consejera de Agricultura, y de Medio Ambiente en funciones".