Todos los ayuntamientos de la provincia tienen la obligación de realizar análisis periódicos para controlar el servicio de abastecimiento

Natalia Sánchez

La Gerencia Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Castilla y León confirma la normalización del nivel de arsénico de las aguas de cuatro pozos de sondeo situados en los terrenos dependientes del Ayuntamiento de Peñausende, según explicó ayer Juan Emilio Antón, jefe provincial de Sanidad. En tales perforaciones, los análisis correspondientes al pasado mes de abril revelaron la presencia ligeramente más alta de lo normal de la mencionada sustancia nociva.
En cuanto a las aguas del resto de la provincia, el estado resulta acorde a los parámetros estipulados por la legislación en vigor. Según ésta, las competencias del control de la potabilidad del agua corresponde a los ayuntamientos, que periódicamente deben de realizar análisis. Si los consistorios no pueden contratar a una empresa para que efectúe los test establecidos, el seguimiento lo realizará el farmacéutico de salud pública «en el punto de consumo de agua de la población, es decir, analizará el agua del grifo» apuntó Antón.
Los análisis tienen lugar de manera continuada y «cada farmacéutico debe de hacer un control trimestral de cada uno de los pueblos que forman su partido» indicó Juan Emilio Antón, jefe provincial del Servicio Territorial de Sanidad y Consumo.
En el caso de que en un punto los resultados presenten alguna anomalía, el profesional realizará un nuevo análisis para asegurar el nivel de la sustancia y no alarmar a la población afectada.
Cuando los análisis los realiza una empresa contratada, como sucede en el caso de la Mancomunidad de Sayagua, los controles sanitarios se realizan antes de la entrada del agua en la depuradora, así como en el interior de la misma, para proseguir las pruebas en los distintos depósitos que distribuyen el líquido a la zona, sin olvidar observar los niveles de las aguas en el grifo del consumidor, según han explicado fuentes del laboratorio de Inzamac, que realiza el seguimiento y control de la calidad del agua de la citada mancomunidad.
Si tras los pertinentes controles trimestrales, los análisis arrojan la presencia de sustancias que no recomiendan el consumo de ese agua, dichos resultados pasan a ser conocidos por el ayuntamiento y por el área de sanidad.
A continuación, sendas instituciones adoptan las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua adecuada para los habitantes de las zonas afectadas.
En caso de que los técnicos de la gerencia de Sanidad recomienden al ayuntamiento un tratamiento en concreto y el consistorio no lo sigua, la gerencia puede llegar a multar a la institución infractora.

La Gerencia insiste en la necesidad de clorar el líquido de consumo
La gerencia territorial de Sanidad, dada su función de garante de la salud pública, insiste en la importancia de clorar el agua de consumo, ya que «el cloro elimina los microbios que pueda haber en el agua y que producen, entre otras enfermedades, las gastroenteritis» comentó ayer Juan Emilio Antón, el jefe provincial del Servicio Provincial de Sanidad y Consumo.
Además, desde Sanidad se hace énfasis en no garantizar la potabilidad de las aguas que no son sometidas a un seguimiento oficial, es decir, de los líquidos que brotan en los manantiales y las fuentes que en muchas ocasiones son consumidos por la población.
En cuanto al tratamiento de las aguas de abastecimiento público, la capital zamorana, así como los municipios de Toro y de Benavente cuentan con una planta depuradora que clora y al mismo tiempo elimina sustancias químicas del líquido que finalmente llega al consumidor a través de la red de abastecimiento. En lo que respecta al resto de la provincia, localidades como Villalpando, Fuentesaúco, Alcañices o el municipio de Bermillo de Sayago poseen depuradoras, pero que solamente realizan la función de clorar el agua