El campo trabaja en un documento práctico que quiere consensuar con los regantes y que pretende dejar sin argumentos a los políticos para que sigan instrumentalizando el debate del agua. Ayer, las organizaciones agrarias (faltaron las Asaja de Alicante y Castellón) crearon una comisión técnica para detallar las zonas con déficit hídrico y la propuesta de solución, es decir, para elaborar una política propia sobre el agua.
El campo no quiere dejar cabos sueltos y en su intento de buscar un pacto del agua que aleje definitivamente el debate de la arena política para devolverlo al sector agrario, ha decidido trabajar en un documento práctico que descienda al detalle.
Las organizaciones agrarias valencianas se dieron cita ayer de nuevo en la sede de la Unió de Llauradors-Coag en Valencia. Cita a la que faltaron los representantes de Jóvenes Agricultores-Asaja de Alicante y de la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja), que esgrimieron motivos técnicos para su ausencia y garantizaron su presencia en futuros encuentros. Pese a la ausencia de las dos organizaciones provinciales de Asaja, en cualquier caso, sus responsables se mostraron de acuerdo con las medidas tomadas en la reunión, según fuentes agrarias.
En concreto, ayer se decidió elaborar un informe general sobre el panorama hídrico de la Comunidad Valenciana que contemple los déficit por comarcas, así como los excedentes y plantee soluciones para equilibrar la situación. La comisión técnica (que estará formada por una decena de representantes) trabajará con la vista puesta en intentar cerrar un documento el próximo mes de septiembre. Para su elaboración, buscará recopilar los informes, entre otros, de las comunidades de regantes o de las confederaciones hidrográficas del Júcar y el Segura.
El informe pretende acercar posiciones, aunque las organizaciones agrarias valencianas explicaron ayer que también recogerá las divergencias si las hay. El documento buscará, además, el visto bueno de los regantes, paso previo necesario a su traslado a los distintos partidos políticos. La semana próxima, de hecho, podría producirse una reunión entre regantes del Júcar y del Vinalopó. Reunión importante ya que es el anuncio por parte del Gobierno de un nuevo trazado para el trasvase Júcar-Vinalopó el que ha desencadenado una polémica agraria y política dentro de la Comunidad Valenciana que ha llevado al sector agrario a buscar un pacto por el agua que deje atrás la instrumentalización política del tema.
El estudio que prepara el sector agrario, en cualquier caso, también pedirá una revisión del Plan Nacional de Regadíos (PNR) -aprobado en el año 2000-y del Plan Hidrológico del Júcar para establecer las cantidades de agua en regadíos sociales para las zonas de interior, sobre todo para aquellas en las que exista riesgo de despoblación, y la recuperación de los derechos de agua de zonas que en su día fueron de regadío. La desaparición de estas zonas para el sector agrario conllevó también la pérdida del derecho del agua, que ahora el sector quiere recuperar.
Por otro lado, el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó ha obtenido el apoyo de las asociaciones ecologistas de La Costera y La Canal de Navarrés defensoras del acuífero del Macizo del Caroig, informa Toni Cuquerella . Las entidades de Xúquer Viu de La Costera y La Canal, ADENE de Enguera, Ecologistas en Acción de La Canal, Agró Moixent, Montesa Territori Viu, La Garrofera de L'Alcúdia de Crespins, ACDEMA de Canals y El Rastell de La Llosa de Ranes han secundado la iniciativa del cambio. El representante de Xúquer Viu en La Costera, Otili Ortiz, indicó que 'si el agua se coge de Cortes de Pallás, obliga a aumentar las extracciones de los acuíferos' y que esto supondría la ruina para La Ribera, L'Horta de Valencia, La Costera, La Canal de Navarrés y El Valle de Ayora.
Los asistentes a la reunión de las asociaciones ecologistas dijeron que esperan que la paralización de las obras del actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó sea definitiva porque 'así se hace justicia a tantos años de lucha en contra de este proyecto' que calificaron de 'irracional e inviable' tanto desde el punto de vista medio ambiental como económico y social.