La propuesta de modificación del proyecto ha dividido a organizaciones sociales, políticas y económicas
José M. Rambla, Valencia
La guerra del agua está apunto de afrontar su segunda gran batalla en la Comunidad Valenciana tras la modificación prevista en el trasvase Júcar-Vinalopó y el traslado de la conexión hasta el Azud de la Marquesa de Cullera. Una decisión promovida por el Ministerio de Medio Ambiente con el respaldo de las dos grandes organizaciones agrarias valencianas, pero con la frontal oposición de la Generalitat Valenciana, cuyo máximo responsable Francisco Camps ya ha anunciado una gran movilización en Alicante para el próximo mes de septiembre.
Y es que, en esta ocasión, a diferencia de la anterior batalla del Ebro, la polémica suscitada supone en la práctica la fractura de la sociedad valenciana e, incluso, de las propias organizaciones implicadas en la disputa. Las situaciones vividas en la Diputación de Alicante y en las mancomunidades de la Ribera son una buena muestra de esta división.
En Alicante, PP y PSPV votaron conjuntamente en el pleno de la diputación una declaración institucional contraria a la modificación y a favor de mantener el diseño originario del trasvase que preveía la conexión del mismo mucho más arriba, en la Muela de Cortes de Pallás. Las presiones de las comunidades de regantes alicantinas y, especialmente del Vinalopó, ante el temor a que los cambios fuesen una forma encubierta de dar carpetazo al proyecto, devaluar la calidad de las aguas aportadas, retrasar la ejecución de las infraestructuras o encarecer el servicio, fueron determinantes para que los dos grandes partidos unieran sus votos la pasada semana.
También en la Ribera Alta socialistas y populares coincidían en su voto en la mancomunitat, pero en este caso en una dirección totalmente opuesta a sus compañeros de partido en Alicante. Allí todos los grupos suscribían por unanimidad un acuerdo exigiendo que el trasvase no se ejecute hasta que existan garantías de que existen excedentes y el Júcar está saneado. Para ello los grupos apostaban por los cambios actuales al considerar que el traslado de la conexión a la desembocadura garantizaría que solo se envíen los excedentes y facilitaría la regeneración del río como exigen colectivos como Xùquer Viu que vienen denunciando la degradación del caudal debida en gran medida a los vertidos industriales registrados en Alzira y Carcaixent.
Pero, sin duda, las rupturas y divisiones provocadas por la polémica suscitada por el trasvase tiene su encarnación más palpable en el total distanciamiento producido en los últimas semanas entre la Asociación Valenciana de Agricultores-Asaja (AVA) y el Consell. Quienes durante años han sido la base social de las movilizaciones en favor del trasvase del Ebro, se alejan ahora de las tesis de Camps sobre el trasvase del Júcar-Vinalopó ante las críticas que el proyecto originario había despertado entre agricultores y regantes de la Ribera, principal feudo de la organización agraria.
La reacción desde las filas del Consell no se hizo esperar destacados miembros del Consell, como el conseller de Infraestructuras José Ramón García Antón o el portavoz Esteban González Pons, acusaban al presidente de AVA, Cristóbal Aguado, de «pasarse al enemigo». En esta línea, el conseller de Agricultura hacía un llamamiento a los afiliados a abandonar la organización. Y es que, durante estos días, los responsables alicantinos de Asaja y Coag, Ernest Blasco y Eladio Aniortese mostraban contrarios a modificar el trasvase.
Por su parte, Cristóbal Aguado respondía a los ataques y acusaba a los populares de poner en peligro el futuro de la agricultura al hablar sólo de agua y dejar de lado el conjunto de problemas estructurales que afectan al sector. En defensa del líder de AVA, saldrían entre otros el presidente de la Unió de Llauradors, Joan Brusca, así como los socialistas y UV.
El clima de enfrentamiento se dejará sentir en las declaraciones de los protagonistas de este conflicto. No en vano, si el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, anunciaba la intención de declarar persona non grata al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el alcalde de Sueca retaba a Camps a explicar en este municipio su rechazo a que el trasvase arranque desde Cullera.
Movilización en septiembre
Todo ello es una muestra de la división interna generada en el seno de la Comunidad en torno al proyecto del trasvase. Una división que tendrá el próximo mes de septiembre su gran prueba de fuego con la movilización anunciada por Camps en Alicante. Como réplica, los socialistas reconducen sus divergencias en aquella provincia y preparan una batería de mociones en ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, respaldando la nueva propuesta.
Hasta entonces, ambas partes enfrentadas tratan de reconstruir alianzas en favor de sus tesis respectivas. Los contrarios a las modificaciones buscan el apoyo de la patronal alicantina Coepa, la Cierval y, sobre todo, de los regantes del Vinalopó que en un gesto no exento de cierta provocación, anuncian su intención de crear una Fundación Agua con Todos bautizada con el nombre de Miguel Iborra, alcalde socialista de Aspe, ya fallecido, destacado por sus enfrentamientos dentro de su partido en defensa del trasvase. Por su parte, los partidarios del nuevo diseño encuentran en los sindicatos, grupos ecologistas, plataformas como Xúquer Viu, EU y Bloc, cierto apoyo al considerar la medida un mal menor.
Como aperitivo, el PP pretende llevar la polémica al pleno extraordinario de las Cortes de la última semana de agosto. Será la primera escaramuza de la nueva guerra del agua que se avecina. Mientras, las comunidades de regantes de La Ribera tratan de buscar puentes de diálogo con sus homólogos del Vinalopó.