El responsable de aguas de Greenpeace, Julio Barea, consideró que el trasvase Tajo-Segura "abre un conflicto social y económico entre regiones que no debería haberse producido y que responde a una mala política de gestión y a cierta imprevisión", además de afirmar que los embalses de cabecera en Bolarque y Buendía "están al 20 por ciento de su capacidad y trasvasar agua en esas condiciones que no sea para consumo humano no es aceptable", según se recoge en las conclusiones, facilitadas hoy en Toledo, del XV curso de verano de Ingeniería Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En las conclusiones del curso, sobre 'El agua: un patrimonio a proteger', recogidas por Europa Press, el decano de los Ingenieros madrileños, Florentino Santos, afirmó que "España tiene un patrimonio hidráulico y unas herramientas que posibilitan realizar una gestión de los recursos sostenible y eficaz", aunque recalcó que para ello "hace falta un pacto de Estado sobre el agua que permita una gestión a largo plazo, sin entrar en disputas políticas".
A juicio de Santos, "habría que crear un Centro de estudios de la Sequía y un Plan de prevención de avenidas, sobre todo, en la cuenca del Tajo".
Por su parte, el coordinador del Plan Nacional de Regadíos, del ministerio de Agricultura, José Eugenio Naranjo, aseguró que "los agricultores no pueden pagar el agua a más de 50 centímetros el metro cúbico porque perderían dinero, se dejarán de producir productos que necesitan agua, se perderían puestos de trabajo en lugares ya con regadío y las zonas rurales españolas sufrirían grandes problemas de despoblación porque el trabajador del campo se iría".
EN CONTRA DE LAS SUBIDAS DEL PRECIO
Mientras, el presidente de la Junta de Regantes de Valencia, José Pascual Gil, indicó que "ya se ha reducido al mínimo la aportación de agua por hectárea cultivada, de 10 a 5 metros cúbicos por hectómetro" y añadió que "se riega por goteo y se reutiliza el agua, por lo que es muy difícil poder hacer más ahorro".
Por su parte, el director general de Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, afirmó que "el 50 por ciento del plan de modernización de Murcia lo están pagando los regantes y el metro cúbico les está costando a 1,20 euros".
"Pagamos el agua más cara de España junto a Baleares y Canarias y ya no se puede pedir que se pague más", precisó Ródenas.
Asimismo, el secretario general de Aguas de la Junta de Andalucía, Juan Corominas, mostró una encuesta en la que "sólo el 2 por ciento de los andaluces está a favor de subir los precios".
Finalmente, Corominas concluyó destacando que "a la hora de legislar, hay que tener en cuenta la opinión del pueblo porque si no, se estará en el Despotismo Ilustrado".