La ministra de Medio Ambiente no sabe si en el futuro se podrá recuperar el trasvase del Ebro porque asegura que «no conocemos cuál va a ser el futuro de la agricultura»

CRISTINA NARBONA

Ministra de Medio Ambiente

VALENCIA. Cristina Narbona (Madrid, 1951) recibe a ABC de buena mañana en el abarrotado salón de un hotel de Valencia (no es un cinco estrellas) en el que a esas horas desayunan decenas de clientes. Con una agenda cargada, la ministra apura una entrevista de veintiséis minutos, suficientes para fijar la estrategia hídrica de Medio Ambiente: los trasvases son malos, entre otras cosas porque crean conflictos entre territorios, y sí rotundo a la discutida desalación como alternativa y no como complemento. Es inflexible en sus argumentos, directamente trasvasados desde la llamada «nueva cultura del agua». Tras la entrevista, recibe a una delegación de la plataforma ecologista «Júcar vivo», un elemento disonante en la Comunidad Valenciana entre la casi unánime demanda del derogado trasvase del Ebro.

-José María Barreda habla de guerra del agua. ¿Tiene el Gobierno otro conflicto entre territorios, esta vez por el agua? Hay sensibilidades muy distintas dentro del PSOE.

-Sensibilidades distintas dentro de un partido se dan también dentro del PP, que en Castilla-La Mancha exigía que no se diera ni una gota de agua, lo contrario que en Murcia. Esto es fruto de plantear la política del agua en términos que no son en absoluto estables. Cuando se depende de si llueve en un territorio para el desarrollo de otro es verdad que se generan tensiones. La guerra particular de este Gobierno es desarrollar una política del agua que dé más estabilidad y garantía en todas partes. Me pregunto qué hubiera hecho Rajoy. ¿Le hubiera dado la razón, entre comillas, al PP de Murcia o al de Castilla-La Mancha? Hubiera tomado una decisión parecida a la nuestra, porque la tomamos en base a la legalidad y es prudente porque garantiza poder seguir trasvasando a partir de octubre. Si hubiéramos llegado a lo que se pedía, en octubre no se podría trasvasar agua para el abastecimiento urbano.

-No se plantea pues ampliar el trasvase antes de septiembre.

-En el Consejo de Ministros hay un punto que dice que el acuerdo adoptado podría ser revisado si cambian de manera significativa las condiciones actuales: eso quiere decir que sólo si lloviera literalmente a mares en los embalses de cabecera. El problema es que lo que ha entrado este año en los embalses de cabecera del Tajo es una cantidad tan pequeña que no tiene precedentes desde 1912, que es el primer año con registros. Han entrado 360 hectómetros cúbicos cuando la media desde ese año hasta ahora es de 1.000.

-Las declaraciones en las que decía que se ha regado en Murcia con aguas fecales han tenido un efecto mediático en Inglaterra muy fuerte y parece que nocivo justo en el inicio de la campaña turística.

-Matar al mensajero es lo fácil, pero ciertamente hay una denuncia (no es culpa de la ministra que exista esa denuncia) que fue conocida por el Consejo de Ministros y que formó parte del debate. Los propios regantes han reconocido que algunas veces hay desaprensivos que hacen esas cosas. De todas formas, he pedido disculpas porque de mis declaraciones se podría derivar que esto es algo muy general, y no lo es; al contrario, es excepcional.

-Se entiende que la derogación del trasvase del Ebro ha supuesto abrir el melón de la reivindicación territorial particular y ha provocado la quiebra de la solidaridad. Los manchegos reivindican la derogación del Tajo-Segura y los valencianos temen por el Júcar-Vinalopó.

-Ciertamente, si la política del agua sólo se tiene que basar en trasvases andamos muy mal. Las tensiones en el Júcar-Vinalopó y en el Tajo-Segura son anteriores a la derogación del trasvase del Ebro. ¿De qué proceden las tensiones en Castilla-La Mancha? De un hecho que está probado: se ha invertido poquísimo por las distintas Administraciones para que existan las infraestructuras de abastecimiento. En esta legislatura nos hemos comprometido a hacerlas y eso forma parte del acuerdo que establecimos con Barreda y que debe significar la superación de esta situación. Si baja el agua por una conducción y quienes la ven pasar no tienen infraestructuras que les permitan tener agua potable, se genera una tensión que nada tiene que ver con la derogación del trasvase de Ebro. Plantear las cosas desde «el trasvase del Ebro o la muerte» es fruto de una visión equivocada, de que el agua sólo puede llegar por un tubo desde un sitio donde supuestamente hay mucha. Por cierto, en Aragón y Cataluña existen en estos momentos gravísimas restricciones. El Ebro no es lo que era y tampoco el Júcar, nuestros ríos están perdiendo caudales y eso obliga a que nos planteemos una utilización más rigurosa de las aguas subterráneas y la modernización de los regadíos.

-La Comunidad Valenciana y sus vecinas tienen un porcentaje de modernización de regadíos muy superior a la media nacional.

-Sí, es superior a la media, pero por debajo de Murcia y, según las estimaciones de Agricultura, creemos que queda más de la mitad de los regadíos por modernizar. El problema es que los que no están modernizados tragan agua de forma espectacular.

-Ya, pero la ministra de Agricultura ha comentado esta misma semana que la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería son «un ejemplo mundial de la utilización responsable del agua para regadío». ¿No enmienda la plana a su Ministerio?

-Esas tres Comunidades que cita la ministra de Agricultura son ciertas. La Comunidad que está a la cabeza de España es Murcia, seguida de Almería y de la Comunidad Valenciana, y el resto de España está muy por detrás. Por eso, la modernización también la impulsamos en Aragón, en Castilla-La Mancha..., porque hay un gran déficit.

-Volviendo al trasvase del Ebro, en su momento fue una obra que apoyó Castilla-La Mancha porque entendían que el agua que llegaría hasta Almería haría prescindible el Tajo-Segura. Ahora, la derogación ha tenido un fuerte efecto social, porque la gente tenía un horizonte y una esperanza concreta.

-Ahora también la hay.

-Sí, pero no se ve a corto plazo.

-Los regantes están trabajando con nosotros en obras de regadíos. Culminar la Acequia Real del Júcar forma parte de esas actuaciones de emergencia en las que estamos trabajando con los agricultores. Pero volviendo a la aprobación del trasvase del Ebro las Comunidades socialistas que votaron a favor fueron Castilla-La Mancha y Extremadura porque, en ese momento, el Gobierno de la nación les prometía una serie de inversiones a cambio de su voto. Lo que pasa es que se les engañó porque el porcentaje de ejecución de esas obras incluidas en el anexo es ridículo. También lo han dicho responsables del PNV y de CiU y, de hecho, el único partido que sigue votando a favor del trasvase es el PP. Nosotros elaboramos un nuevo horizonte y queremos culminar obras este año, como sucede con las desaladoras.

-Los expertos dicen que la desalación, medioambientalmente, tendrá un coste superior al trasvase del Ebro. En San Pedro del Pinatar se ha parado tres días por exceso de salinidad. ¿No le preocupa que la desalación sea en una práctica masiva y nociva, y no puntual como estaba planteada inicialmente con el PP?

-Precisamente, San Pedro del Pinatar es la primera planta que tiene sensores en continuo sobre los índices de salinidad, por lo tanto, si se superan los límites no se causa ningún daño. Eso no sucede con todas las plantas que hay ahora en funcionamiento. El mar siempre está ahí, no sufre sequía y no provoca conflicto territorial. Tendremos una concentración menor de contaminación que el trasvase del Ebro, que requería energía equivalente al de una central de mil megawatios.

-Pero un informe del director general de la Biodiversidad y el Territorio, Antonio Serrano, sostenía que las obras del trasvase del Ebro tendrían un impacto medioambiental mayor en su ejecución, pero que en las próximas décadas serán las desaladoras las que generarán más emisiones de CO2, de salmuera y dañarán el paisaje litoral.

-Sí, por eso vamos a reducir ese impacto de las desaladoras. En ese informe también se decía que el impacto del trasvase del Ebro sobre el Delta era incapaz de valorarse en su justo término. Por eso, desde la UE hubo informes desfavorables. No nos olvidemos que la ley del PHN decía que debía aprobarse por decreto quiénes iban a ser los destinatarios del trasvase y qué cuantía se les asignaba, y ese decreto no se llegó a firmar nunca.No había un análisis económico-financiero de la obra.

-¿Se descarta pues de plano el trasvase del Ebro?

-El trasvase del Ebro, en su concepción de los 900 kilómetros, ha quedado derogado, y no lo apoya ningún grupo político más que el PP. En esta legislatura lo que hay que hacer es avanzar en obras que son muy necesarias.

-¿Es una decisión política la derogación del trasvase del Ebro?

-La derogación del trasvase del Ebro arranca en 2000 de la posición de la nueva Ejecutiva Federal de Zapatero cuando, yo misma, le planteé a Jaume Matas un gran pacto sobre la política del agua. Esto es, hacer un buen control del uso del agua en nuestro país, superar el caos de las Confederaciones Hidrográficas y hacer las obras necesarias con carácter previo a una transferencia. Matas me dijo que lo único que le interesaba es saber si íbamos a votar sí o no al trasvase del Ebro y lo demás no le importaba. Así, se planteó una alternativa que se llevó a las Cortes en 2001 y en esta legislatura hemos trabajado para plasmar lo que ya dijimos. A esto se han sumado IU y ERC, que estaban de acuerdo con la derogación.

-En definitiva: bajo su Gobierno es irrecuperable el trasvase...

-Con el Gobierno socialista y la mayoría parlamentaria, el trasvase del Ebro no existe, ha salido de la escena. Con vistas al futuro se tendrá que evaluar la transformación que sufre este país, porque el mayor gasto del agua lo hace la agricultura y no sabemos cuál va a ser su futuro. Tampoco sabemos el futuro de la política agrícola comunitaria cuando se produzca la apertura a países terceros. Se tendrá que analizar qué necesidades de agua tenemos, pero en estos momentos es una decisión de todos los partidos políticos.