Narbona (Environmental Minister) says that the divert from Tajo to Segura is a 'prudent' and 'legal' decision

Sat, 02/07/2005

Europa Press

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aclaró esta tarde en Mérida que la decisión del Gobierno de trasvasar 82 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la Cuenca del Segura, responde a criterios de "prudencia" y "se ajusta a derecho".
Así justificaba Narbona la decisión del Consejo de Ministros, aprobada hoy en la reunión en la capital emeritense, y que según reconoció, no satisface ni a Castilla La Mancha, que la considera "excesiva", ni a Murcia, que la tacha de "insuficiente".
Según explicó, el objetivo que se persigue con esta decisión es "no comprometer en los próximos meses, en el próximo año hidrológico, la capacidad de trasvasar agua para el abastecimiento e incluso el regadío en la Cuenca del Segura".
Para Narbona, la prueba de que el Gobierno está siendo prudente con esta decisión "es que haya quienes consideran irresponsable al Gobierno desde las dos partes implicadas", ya que no se han atendido por completo las propuestas de ninguna de las dos comunidades implicadas.
Así, recordó que desde Murcia se pedían 120 hectómetros cúbicos para regadío "y si nos hubiéramos acercado a esa cifra, la consecuencia hubiera sido, dada la situación pluviométrica, que a partir de octubre no hubiéramos podido garantizar nada de agua para la Cuenca del Segura, incluso para el abastecimiento de agua potable", dijo.
LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD
Ante estas protestas de las regiones implicadas, la ministra hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, tanto de Castilla La Mancha como de Murcia, "porque es una situación de extrema gravedad, pero hay agua para trasvasar todavía", y explicó que con esta medida, la Cuenca del Tajo tendrá cubiertas totalmente todas sus necesidades, y la Cuenca del Segura tendrá cubierto el próximo año su abastecimiento, y una parte del regadío.
"El Gobierno está siendo muy prudente, porque previsiblemente estamos iniciando un periodo de sequía, y eso exige ser muy cautelosos con el agua que tenemos disponible", señaló Narbona, que aseguró que se está actuando en función de una "situación absolutamente excepcional", ya que este es el año que menos ha llovido desde 1912.
Relató la ministra que este trasvase aprobado hoy se va a realizar durante los próximos tres años, en las condiciones que fije en cuanto al plazo de esos desembalses una Comisión de Explotación que se reunirá la próxima semana, y aclaró que esta decisión sólo se modificará en caso de que cambien las condiciones climatológicas y de pluviometría, algo poco probable.
Finalmente, explicó que la decisión aprobada hoy por el Consejo de Ministros tendrá validez hasta el próximo mes de octubre, cuando se volverá a tomar una decisión para el siguiente trimestre, aunque añadió que existe una probabilidad de más del 95 por ciento de que "a partir del mes de octubre, durante el próximo año hidrológico, podamos estar trasvasando las cantidades que necesita la Cuenca del Segura para abastecimiento de agua potable, y algo, no mucho, para regadío", concluyó.
MANIFESTACIONES EN CIUDAD REAL
Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente también aludió a la manifestación en Ciudad Real de agricultores que reclaman un nuevo Plan de Alto Guadiana, sobre el que explicó que el Gobierno ya ha tenido las primeras conversaciones con las organizaciones agrarias "que saben que la voluntad del Ministerio es cumplir la legalidad vigente".
Explicó Cristina Narbona que en Castilla La Mancha existen miles de pozos ilegales, y el Gobierno pretende cumplir la ley pero dando al mismo tiempo salida a los agricultores afectados por esa situación. "El Gobierno quiere que no haya una explotación abusiva del acuífero de Castilla la Mancha, para que podamos algún día, cuanto antes mejor, ejercer un control público sobre el agua mucho más eficiente".
Por eso se mostró dispuesta a realizar este control de forma gradual, y trabajando al mismo tiempo para que esos agricultores que en su momento puedan quedarse sin el pozo, tengan otras soluciones arbitradas tanto desde la junta de comunidades de Castilla La Mancha, como del propio Gobierno de la nación