The autonomic government of Castilla - La Mancha thinks that the agreement puts in danger the water supply
Sun, 03/07/2005
Gobierno, oposición y agentes sociales critican el desembalse
REDACCIÓN
El Gobierno de Castilla-La Mancha, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones agrarias de la región expresaron ayer su malestar por lo que entienden como una «irresponsable» decisión del Consejo de Ministros al aprobar el trasvase de 82 hectómetros al Segura.
La decisión, adoptada el mismo día en que miles de personas se manifestaron en Ciudad Real en defensa del agua en Castilla-La Mancha, fue censurada por todos los partidos y agentes sociales, que advirtieron de que el desembalse pone en riesgo el abastecimiento futuro de millones de personas.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Máximo Díaz-Cano, tildó de «irresponsable», «desmesurada» e «imprudente» la medida del Ejecutivo y advirtió: «puede solucionar el problema de unos regantes pero pone el riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo», informa Efe.
El Gobierno manchego estudiará en próximos días si plantea algún tipo de actuación «política o jurídica» y seguirá liderando la oposición de Castilla-La Mancha a que se trasvase agua para regadíos y la defensa de los intereses hídricos de la región.
El vicesecretario regional del PP, Alejandro Ballestero, calificó la decisión de «verdadero expolio con el presente y futuro de Castilla-La Mancha».
El portavoz socialista en las Cortes regionales, José Molina, coincidió con Díaz-Cano en la que la decisión es «imprudente» y «mala», mientras que el coordinador regional de IU, Cayo Lara, opinó que ayer se consumó «la crónica de una decisión anunciada», que permite mantener «su juego político» tanto al presidente murciano como al de Castilla-La Mancha.
Las organizaciones agrarias manchegas vieron como una injusticia para su región, la aprobación de un desembalse para riego dada la situación de sequía y las escasas reservas en los pantanos de la cabecera del Tajo, ya que se podría poner en peligro el abastecimiento humano.
El alcalde de Sacedón, el popular Juan José Alcalá, manifestó por su parte que la decisión del Gobierno «es la muerte de la comarca de los pueblos ribereños».
REDACCIÓN
El Gobierno de Castilla-La Mancha, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones agrarias de la región expresaron ayer su malestar por lo que entienden como una «irresponsable» decisión del Consejo de Ministros al aprobar el trasvase de 82 hectómetros al Segura.
La decisión, adoptada el mismo día en que miles de personas se manifestaron en Ciudad Real en defensa del agua en Castilla-La Mancha, fue censurada por todos los partidos y agentes sociales, que advirtieron de que el desembalse pone en riesgo el abastecimiento futuro de millones de personas.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Máximo Díaz-Cano, tildó de «irresponsable», «desmesurada» e «imprudente» la medida del Ejecutivo y advirtió: «puede solucionar el problema de unos regantes pero pone el riesgo el abastecimiento de tres millones de españoles que beben agua del Tajo», informa Efe.
El Gobierno manchego estudiará en próximos días si plantea algún tipo de actuación «política o jurídica» y seguirá liderando la oposición de Castilla-La Mancha a que se trasvase agua para regadíos y la defensa de los intereses hídricos de la región.
El vicesecretario regional del PP, Alejandro Ballestero, calificó la decisión de «verdadero expolio con el presente y futuro de Castilla-La Mancha».
El portavoz socialista en las Cortes regionales, José Molina, coincidió con Díaz-Cano en la que la decisión es «imprudente» y «mala», mientras que el coordinador regional de IU, Cayo Lara, opinó que ayer se consumó «la crónica de una decisión anunciada», que permite mantener «su juego político» tanto al presidente murciano como al de Castilla-La Mancha.
Las organizaciones agrarias manchegas vieron como una injusticia para su región, la aprobación de un desembalse para riego dada la situación de sequía y las escasas reservas en los pantanos de la cabecera del Tajo, ya que se podría poner en peligro el abastecimiento humano.
El alcalde de Sacedón, el popular Juan José Alcalá, manifestó por su parte que la decisión del Gobierno «es la muerte de la comarca de los pueblos ribereños».