El gobierno autonómico recalca que la situación actual del Tajo es crítica
Levante-EMV, Valencia
El gobierno autonómico de Castilla-La Mancha estudiará las «medidas políticas y jurídicas» que llevará a cabo contra el trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura aprobado por el Consejo de Ministros el viernes. El consejero de Presidencia castellanomanchego, Máximo Díaz-Cano, consideró «desmedida, excesiva e irresponsable» esta cantidad, así como que «sólo puede contentar a unos cuantos regantes» pero «debe preocupar a unos tres millones de españoles», ya que «pone en riesgo la posibilidad de futuras derivaciones para abastecimiento», teniendo en cuenta que la situación de los embalses de cabecera del Tajo es «crítica».
A su juicio, el Gobierno debería investigar «quién riega y cuándo se riega» en la cuenca del Segura, ya que, según Díaz-Cano, este nuevo trasvase «pone de manifiesto» que de este tipo de infraestructuras «se hace un uso abusivo». A este respecto, señaló que «los que se oponían al trasvase del Ebro tenían razón», motivo por el cual «esta pedagogía impide para siempre la posibilidad de que se pueda construir cualquier otro trasvase en este país».
«La mejor decisión»
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, aseguró que el Ejecutivo central ha adoptado «la mejor de las decisiones posibles» al fijar el caudal del trasvase, ya que garantiza otros aportes futuros si la situación pluviométrica no mejora, y reivindicó que la decisión del Gobierno se enmarca en una política hídrica «comprometida con las necesidades de la Comunidad». Además, reafirmó la «valentía» del Ejecutivo por «no haber cedido a las presiones de unos ni otros», dada la «situación excepcional» en que se encuentran las cuencas tanto del Tajo como del Segura.
Según Bernabé, el Gobierno hizo «un ejercicio de responsabilidad», porque aseguró el abastecimiento para el consumo humano y el turismo, así como buena parte de las necesidades de regadío en el sur de la Comunidad. Asimismo, consideró que fijar esa cantidad es actuar ahora con prudencia para «garantizar para el año próximo la cobertura de las necesidades de ambas cuencas».
Recordó a quienes afirman que esa cantidad es insuficiente que el problema de escasez de agua es «general», y que la situación es excepcional en la mayor parte de España, a causa de una situación pluviométrica muy delicada. Por ello, puntualizó que el Ejecutivo «actúa en consecuencia» y ha puesto en marcha otras medidas urgentes para paliar los daños producidos por la sequía, como priorizar la modernización de regadíos en la Comunidad Valenciana