El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) estudiará mañana la resolución por la que se rescindió el contrato a la empresa de capitales español Uragua que presta servicios de agua potable y saneamiento en la costa atlántica del país.
Así lo consigna hoy el diario El Observador, que añade que, según sus fuentes, la mayoría de los ministros de la Corte se inclinará por afirmar que la rescisión del contrato no es válida.
De ser así, la Corte asumirá el mismo criterio que 19 de los 21 abogados de la corporación pública, y que contradice la interpretación del Gobierno.
Los abogados entienden que la reforma constitucional, aprobada por el 65 por ciento de los ciudadanos el pasado 31 de octubre, y que obliga a que todos los servicios de agua y alcantarillado queden en manos del Estado, hizo caer todos las concesiones por lo que no cabe ninguna rescisión de contrato.
Asimismo, los abogados entendieron como "inconstitucional" el decreto firmado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de mayo por el que mantenía las concesiones a aquellas empresas con contratos firmados anteriormente al 31 de octubre.
Este decreto no afecta a Uragua, porque previamente, el Gobierno le había rescindido el contrato por incumplimiento, pero sí ampara a otra empresa española, Aguas de la Costa, que también presta servicios en la costa atlántica uruguaya.
La opinión de los abogados y, supuestamente, de la Corte del Tribunal de Cuentas daría la razón a Uragua -propiedad de Aguas de Bilbao, Iberdrola y Kartera 1- que se encuentra litigando para obligar al Estado a asumir el servicio y a pagarle indemnización por ello.
Antes de ayer, la empresa y el Gobierno no resolvieron sus diferencias en una audiencia de conciliación por lo que, a partir de ahora, la demanda planteada por Uragua, que incluye la petición de una indemnización de 24 millones de dólares, es efectiva y ambas partes tienen que presentar pruebas y alegaciones.
Uragua presta el servicio de agua y saneamiento a 50.000 personas desde el año 2000.
En julio de 2002, Uruguay vivió la peor crisis financiera de su historia, el peso se depreció frente al dólar, y Uragua planteó entonces una revisión de los contratos por tener tarifas en pesos y gastos de obra en dólares.
Su solicitud fue denegada por el Gobierno.
Uragua ganó la concesión para los servicios durante un plazo de treinta años con una oferta de 523 millones de dólares y con un pago mensual de un canon de 600.000 dólares al Estado uruguayo