El Consejo de Ministros estudia mañana la cantidad de agua que permite trasvasar desde los embalses de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, una decisión que habitualmente corresponde a una Comisión de menor rango pero que ha pasado a ser competencia directa del Ejecutivo ante la situación excepcional de escasez de aguas.
El pasado día 23, la Comisión de Explotación del acueducto Tajo- Segura, encargada de decidir las cantidades a trasvasar en circunstancias normales, constató que los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran en condiciones hidrológicas "excepcionales".
La ley que regula el trasvase impide enviar agua desde la cabecera del Tajo si las reservas en esos dos embalses bajan de 240 hectómetros cúbicos y establece que, si están por debajo 554 hectómetros cúbicos a primeros de julio, el trasvase del trimestre de verano -último del año hidrológico- será decidido en Consejo de Ministros.
De acuerdo con los datos del pasado lunes, las reservas hídricas de los dos embalses son de 521 hectómetros cúbicos, es decir un 21 por ciento de su capacidad.
La cantidad que finalmente apruebe mañana el Gobierno viene siendo objeto de una intensa polémica entre diversos sectores políticos, económicos y sociales de Castilla-La Mancha, como comunidad cedente, y Murcia, Alicante y Almería como zonas receptoras.
Así, para el Gobierno de Castilla-La Mancha sólo sería aceptable un trasvase de entre 30 y 35 hectómetros cúbicos y exclusivamente para abastecimiento humano, no para riegos, por lo que ha pedido "prudencia" al Ejecutivo.
En cambio, el Gobierno murciano respalda la petición del Sindicato Central de Regantes de 120 hectómetros como cantidad indispensable para evitar la pérdida de arbolado y no paralizar la actividad agrícola. La Confederación de Empresarios de Alicante eleva la propuesta hasta 156 hectómetros, 36 de ellos para consumo humano.
La regla de explotación del trasvase, en función de las cantidades trasvasadas en los tres primeros trimestres del año hidrológico y de la actual situación, permitiría enviar 69 hectómetros, aunque, una vez que el asunto ha pasado a manos del Consejo de Ministros, este no tiene porqué atenerse a esa cantidad.
El Gobierno no ha desvelado la cantidad que finalmente autorizará, pero la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó ayer que, si se produce el trasvase, deberá ser "lo más prudente posible".
"El Consejo de Ministros conocerá todos los informes que existen y tendrá la capacidad y la responsabilidad de decidir cuanta agua se trasvasa, porque todavía podemos trasvasar agua, pero lo que decidamos tiene que ser algo lo más prudente posible, pensando no solo en el presente sino en cómo pueden evolucionar las cosas", añadió.
Narbona dijo que cualquier decisión también tendrá que tener en cuenta "todos los derechos y prioridades" del trasvase, entre los que citó "las prioridades de la gestión del acueducto Tajo-Segura, la realidad económica de las dos Comunidades implicadas, y de toda la cuenca del Tajo, que incluye Madrid, Extremadura y Portugal".
Una situación similar a la actual tuvo lugar hace diez años, en 1995 cuando, en mitad de uno de los periodos de sequía más importantes en España, el Consejo de Ministros aprobó el 4 de agosto un trasvase de 55 hectómetros cúbicos de agua destinada al riego.
Era ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente Josep Borrell, en el último gobierno de Felipe González.