Narbona cree que se debe de tomar una decisión prudente y dice que es prioritario el abastecimiento y Espinosa lanza un mensaje de tranquilidad
REDACCIÓN
Las ministras de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y Agricultura, Elena Espinosa, mandaron ayer mensajes diferentes acerca la postura que debe tomar el próximo viernes el Gobierno acerca del trasvase de agua del Tajo al Segura. Mientras que la primera defendía que el Consejo de Ministros ha de ser prudente y recordaba la prioridad que, por Ley, tienen los abastecimientos frente a la agricultura y el resto de usos, la segunda aseguraba que habrá agua suficiente.
La titular de Medio Ambiente recordó que la Ley indica que por debajo de los 240 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera «no se puede trasvasar» del Tajo al Segura y que aunque todavía se «está lejos» esa cifra, «hay que ser muy prudentes».
En declaraciones a RNE, Narbona explicó que la decisión que tome el próximo Consejo de Ministros «tendrá que partir de las previsiones que ahora mismo existen respecto a la evolución tecnológica y a las necesidades de abastecimiento, que son prioritarias». Ayer se conoció que las reservas de Entrepeñas y Buendía habían descendido en 20 hectómetros cúbicos en la última semana.
La ministra aprovechó la ocasión para poner de manifiesto «la demagogia que se hace en torno a los trasvases» ya que, en su opinión, de haberse construido el del Ebro, este año no se habría resuelto el «problema del agua» en Murcia, Valencia o Almería, pues tanto Aragón como Cataluña «sufre grandísimas restricciones».
Esta idea «también se ve en el trasvase Tajo-Segura», apuntó. Cuando se construyó hace 30 años se anunció un caudal de 1.000 hectómetros cúbicos, lo que generó «expectativas de regadío en la cuenca del Segura que nunca se han llegado a satisfacer plenamente».
«Estar dependiendo de cuánta agua hay en otra cuenca alejada 300 ó 900 kilómetros de distancia es un punto de partida tremendamente negativo y conflictivo desde el punto de vista territorial», agregó.
Estas declaraciones contrastan con las que ayer hacía en Villena, en el curso de su visita para inaugurar obras de regadíos, la ministra de Agricultura que preguntada por los periodistas por la próxima decisión del Consejo de Ministros quiso ser muy cauta aunque no pudo obviar en su mensaje un cierto aire tranquilizador dirigido a los agricultores.
En Altea, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, confió en que el Consejo de Ministros autorizará el trasvase de 150 hectómetros para el abastecimiento y la agricultura «porque en la cabecera del Tajo hay un excedente de 240».
En su opinión «no habrá problema alguno para contar con los 36 hectómetros que hacen falta para beber». Además, se mostró reivindicativo en cuanto al resto de caudales necesarios para el riego al señalar que «ese agua que ha de venir (del Tajo) no sólo tiene que ser para el abastecimiento, sino también para evitar que se pierda el arbolado».
Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Elche aprobó una moción, con el apoyo de todos los grupos políticos, para solicitar al Gobierno que autorice el trasvase de 120 hectómetros para paliar la sequía que sufre el campo ilicitano y que adopte medidas de carácter económico para ayudar a los agricultores afectados por la falta de recursos hídricos.
En el citado escrito se indica que «las hortalizas de verano han dejado de plantarse, dado que no será posible regarlas. Sólo acordándose un riego de socorro se conseguiría salvar el arbolado existente, y ello teniendo en cuenta que aún así, únicamente se salvaría el 10 o el 15% de la actual cosecha. Esta situación, que se está agravando por momentos, puede provocar la desaparición a medio o corto plazo de la agricultura ilicitana si no se adoptan medidas».
El PSOE y el PP apoyaron en el pleno otra moción para pedir al Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento de los plazos y tramos previstos en las obras de construcción del trasvase Júcar-Vinalopó por parte de la empresa pública Aguas del Júcar, SA. La moción plasma la situación de sobreexplotación de los acuíferos del sistema Vinalopó-l´Alacantí, en donde se extrae agua a una profundidad de seiscientos metros, lo que, según ambos partidos, supone un grave problema medioambiental. El portavoz de la SAT San Enrique, Ángel Urbina, se congratuló de ambos acuerdos plenarios, aunque, en referencia a la postura de EU respecto al segundo, aseguró que «los agricultores tendremos en cuenta su voto».