Reconoce que es una medida que «puede tener eficiencia», pero apunta que la decisión está en manos de los ayuntamientos EP / LA VERDAD/MADRID / MURCIA CONSEJO DE MINISTROS. Teresa de la Vega y Cristina Narbona, ayer en la rueda de prensa. / EFE

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer que su departamento está trabajando con todas las administraciones para colaborar a lo largo de los próximos meses «con la máxima coordinación e impulsando todas las medidas que sean necesarias» contra la sequía. Y señaló que penalizar el consumo excesivo de agua «puede tener eficiencia», aunque apuntó que es una decisión que depende de los ayuntamientos.

«Por supuesto, el hecho de que los ayuntamientos puedan cambiar su sistema tarifario para penalizar el consumo excesivo de agua está en el campo de las decisiones que sólo pueden tomar los ayuntamientos. Es una de las posibilidades que nos parece que puede tener eficiencia, y hay ya muchas otras medidas que se están tomando y requieren la participación activa de los municipios», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Anunció que, a partir de este mes, en las comunidades de Murcia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde se concentran los problemas de la escasa pluviometría, «los delegados del Gobierno ejercerán una labor de coordinación entre administraciones, y ahí se analizará si los ayuntamientos acuden a esa posibilidad, que está en el marco de sus decisiones».

El mes pasado el director general de Agua, Jaime Palop, ya avisó de que las cuencas del Segura y del Ebro son las más afectadas por la ausencia de precipitaciones en el otoño y el invierno, y la situación es además «precaria» en la cabecera del Tajo, lo que afectará al trasvase Tajo-Segura, que previsiblemente tendrá que reducirse en los próximos meses.

El Ministerio ya anunció entonces algunas obras de emergencia, así como la recuperación de infraestructuras que se emplearon durante la sequía de 1990 a 1995, que se utilizaron para solucionar problemas de suministro y que podrían ser puestas en servicio de nuevo si persiste la escasez de precipitaciones.

Preguntada por la decisión de la Generalitat Valenciana de presentar un recurso de amparo ante el auto del Tribunal Supremo que rechazó los recursos de nulidad presentados por la propia Generalitat, los regantes del Vinalopó y la empresa pública Ajusa contra la sentencia que anuló los preceptos básicos del Plan Hidrológico del Júcar, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tildó la iniciativa de «un poco precipitada».

Señaló que por el momento sólo hay una admisión a trámite del recurso y expresó el «máximo respeto» del Gobierno a la decisión de la Generalitat.