Satisfacción en la plataforma para la defensa del río, a la espera de las consecuencias. Aunque todavía están por valorar las consecuencias definitivas del fallo, miembros de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y de la Plataforma pola defensa do Alto Ulla mostraron ayer su satisfacción por un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra que admite -según los ecologistas-, la nulidad de la concesión que Unión Fenosa tiene para construir el Salto de Frádegas, situado en los concellos de Agolada, Palas de Rei y Antas de Ulla. Al parecer, la resolución judicial atiende el recurso interpuesto por un particular que consideraba caducada la concesión que Unión Fenosa había solicitado en 1962 y que fue modificada recientemente. Según el líder de Adega Daniel López Vispo, lo que viene a decir el tribunal es que tal modificación -en principio querían construir más saltos que los planificados recientemente-, se hizo sin haber pasado el trámite de la oferta pública. «Contamos con que a empresa recurra o fallo -indica Vispo-, pero estamos contentos porque agora ímoslle gañando a Fenosa 1-0, nós sempre dixemos que houbera unha adxudicación ilegal, que non se podía construir cunha concesión caducada, e tamén consideramos defectuoso o estudo de impacto ambiental». Los ecologistas consideran asimismo que, además de imposibilitar la construcción de la presa en estos momentos, el fallo afecta también a la construcción del de Brandariz, aguas abajo de Portodemouros, que en su opinión debería ser paralizado. Marcial Barral, miembro de la Plataforma pola Defensa do Alto Ulla, también mostró su satisfacción por esta sentencia que declara incorrecto el procedimiento de aprovechamiento hidráulico del Ulla y contra el que se han manifestado numerosas asociaciones de la comarca y vecinos afectados. La plataforma en la que se integra Adega había presentado otro recurso pidiendo la nulidad de la concesión una vez que fue autorizada por la Xunta la instalación en octubre pasado. Fenosa había pedido en 1962, a través de Hidroeléctrica Moncabril S.A. una concesión para varios saltos, de los que sólo construyó el de Portodemouros. En la concesión de la Xunta en 2001 se autorizaron siete. Ecologistas, pescadores, los concellos de Lalín, Agolada y Palas de Rei, y vecinos se opusieron al considerarlos un destrozo medioambiental.