La Consejería andaluza de Medio Ambiente pidió hoy a la de Economía y Hacienda que inicie el procedimiento de apremio para embargar a Boliden AB y Boliden BV, al acabar el plazo para ingresar el pago exigido en relación a la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ocurrida el 25 de abril de 1998.
Fuentes de la Consejería andaluza de Medio Ambiente explicaron hoy a EFE que el traslado de estas diligencias se produce al ser la Consejería de Economía y Hacienda la competente para implementar dicho embargo.
Con este traspaso, prescrito en el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente considera cerrado el procedimiento abierto contra Boliden-Apirsa, que se ha prolongado durante más de siete años.
Esta decisión se produce tras agotarse el plazo dado por Medio Ambiente el pasado 14 de marzo de este año para que dichas empresas, ligadas a la multinacional minera sueco-canadiense Boliden-Apirsa, depositasen los 90 millones de euros exigidos para compensar los gastos y costes asumidos por la Junta para afrontar el vertido minero ocurrido en Aznalcóllar.
La Junta acordó este procedimiento administrativo una vez que fracasaron sus demandas por la vía civil y penal contra Boliden Apirsa, empresa propietaria de la mina accidentada que siempre ha sostenido que la rotura de la balsa minera no fue responsabilidad suya, sino de la empresa que la construyó.
Esta reclamación de gastos de la Junta fue recurrida por Boliden AB y Boliden BV, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó ambos recursos, en sendos autos del 17 y del 30 de septiembre de 2004, y exigió a las empresas el pago de una fianza de 89,867 millones de euros, más un veinte por ciento para intereses y costas, para cubrir las responsabilidades demandadas por el Gobierno andaluz.
Este no es el único contencioso abierto por administraciones españolas contra Boliden tras la rotura de la balsa de almacenamiento de residuos mineros de Aznalcóllar, ya que el Consejo de Ministros acordó, el 2 de agosto de 2002, sancionar a esta empresa con tres multas cuyo importe superaba los 4 millones de euros.
Estas tres multas relacionadas con la que se ha considerado como una de las mayores catástrofes ecológicas sufridas en España, fueron rebajadas en 1,352 millones el pasado 25 de noviembre por el Tribunal Supremo, que estimó parcialmente un recurso de Boliden Apirsa.
La sentencia confirmó la sanción de 601.012,10 euros al considerar a Boliden responsable de una infracción de la Ley de Aguas y de la reparación de los daños ocasionados al dominio público hidráulico, calculados en 2.780.181,66 euros, pero rebajó los 1.352.772 euros de la tercera sanción porque incluía el pago de expropiaciones cuando, según el tribunal "no hay elemento alguno que las relacione con la necesidad de reparar el dominio público hidráulico ni siquiera con la rotura de la presa".
La sentencia recordó que los peritos judiciales afirmaron que la balsa se rompió "por haber sido construida de acuerdo con lo previsto en dos proyectos que no incorporaban la consideración de dos factores clave: la fragilidad de la arcilla y, por tanto, la posibilidad de desencadenar un fenómeno de rotura progresiva y las altas presiones del agua en el cimiento arcilloso".
Por ello, señaló que "independientemente de las acciones que Boliden Apirsa considere oportuno ejercitar contra quienes construyeron la balsa, frente a terceros perjudicados, su responsabilidad deriva, según se ha expuesto en el deber de vigilancia que le correspondía como titular de la explotación de aquélla".