El pleno del Congreso debatirá mañana la modificación del Plan Hidrológico Nacional, que incluye la derogación del trasvase del Ebro, una amplia revisión de la Ley de Aguas y las obras hidráulicas incluidas en el programa de Actuaciones para la Gestión y Uso del Agua (AGUA).
El Gobierno está todavía negociando el apoyo de sus socios parlamentarios de ERC e IU-ICV, que rechazan el trasvase Júcar-Vinalopó incluido en la Ley y que han exigido una revisión de este proyecto para apoyar el nuevo Plan Hidrológico.
Sin el apoyo de estos grupos, el Gobierno necesitaría el apoyo, además del PSOE, de otros grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto.
ERC, IU-ICV, así como el diputado de Los Verdes Francisco Garrido (adscrito al Grupo Socialista) consideran que las mismas razones económicas, técnicas y ambientales que justifican la derogación del trasvase del Ebro son aplicables a esta obra, prevista para transferir agua desde el embalse de Cortes, en el Júcar, hasta las inmediaciones de Villena, en el Alto Vinalopó (Alicante).
La nueva planificación hidrológica incluye una profunda revisión de la Ley de Aguas, y establece que todos los recursos procedentes de los procesos de desalinización del agua marina o salobre serán de dominio público.
La nueva Ley de Aguas, con la que el marco jurídico español se adapta además a la Directiva Marco de Aguas de la UE, establecerá también la obligación de que las confederaciones hidrográficas emitan un informe previo sobre los planes que aprueben las Comunidades Autónomas y que impliquen la utilización de nuevos recursos hídricos.
Al Plan Hidrológico se han incorporado numerosas obras incluidas en el programa AGUA que el Ministerio de Medio Ambiente impulsó como alternativa al trasvase del Ebro, y que se basa en la desalinización de agua, en la modernización de las infraestructuras para lograr una mayor eficiencia y en el ahorro.
Durante su tramitación parlamentaria, al proyecto se han sumado numerosas enmiendas, algunas de las cuales han contado con la oposición del PSOE.
Entre éstas destaca una, incluida a petición de ERC y del Grupo Mixto, que obligará a establecer un tributo ecológico para compensar a los municipios afectados por la construcción de embalses.
Ese cambio implica el establecimiento de una tasa por cada metro cúbico de agua servido, y el dinero se utilizará para atender las compensaciones de carácter ambiental y el desarrollo socioeconómico de los municipios que hayan visto afectado su término municipal como consecuencia de la construcción de esas infraestructuras.
Prosperó también durante la tramitación de la ley una enmienda del PNV que obligará al Gobierno a desarrollar las inversiones de las obras previstas en el PHN y a recoger en las leyes presupuestarias los compromisos de gastos "adecuados y suficientes" para hacer frente a esas actuaciones.
El Grupo Socialista ha presentado un voto particular para tratar de que definitivamente éstas, y otras enmiendas aprobadas con el voto en contra del PSOE, no prosperen mañana en el pleno de la Cámara.
Del Plan Hidrológico Nacional que se aprobó la pasada legislatura se ha eliminado también el "minitrasvase" previsto entre el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) y la localidad barcelonesa de Abrera, y se ha incluido como alternativa un amplio conjunto de obras en Cataluña.
Respecto al trasvase Tajo-Segura, la ley que modifica el PHN ha incluido una enmienda que permitirá que la Comunidad de Castilla-La Mancha utilice el agua y la infraestructura de ese trasvase Tajo-Segura.
Fija también que el volumen que se trasvasará desde la cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura se revisará según se vayan cumpliendo las actuaciones incluidas en el PHN y el Programa AGUA, aunque garantiza que durante la presente legislatura no se modificarán las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura