A ellos hay que sumar un mínimo de 30 millones por el canon inicial La privatización del Semas puede ser licitada en un plazo de 2 meses. Se controlará la pérdida de agua de la red. El Ayuntamiento de Santander espera obtener durante los tres primeros años de privatización de su Servicio de Agua (Semas) cerca de seis millones de euros correspondientes al canon anual que tendrá que pagar el concesionario. A esta cantidad se sumarán otros 30 millones, correspondientes al canon inicial, y único, que como mínimo tendrá que pagar el gestor privado de este servicio de titularidad pública.
Todo esto se encuentra en los pliegos de condiciones que el equipo de gobierno del PP aprobará y publicará muy pronto en el Boletín Oficial y que significará la convocatoria de concurso público para adjudicar el Semas. El borrador está todavía sujeto a cambios.
Entre las condiciones económicas, el licitante que opte a gestionar los próximos 25 años este servicio estratégico deberá comprometerse a pagar un mínimo de 30 millones por el canon inicial y una cantidad anual. Esta se calculará mediante una operación aritmética consistente en multiplicar por 0,09 el número de metros cúbicos que se facturen al año. Durante los tres primeros años, la cantidad resultante se multiplicará a su vez por dos. En total unos seis millones de euros hasta 2007.
El Ayuntamiento se reserva varios instrumentos de gestión de la tarifa: por un lado tiene posibilidad de cambiar su estructura y, por el otro, prevé posibles compensaciones, en caso de que haya un riesgo de ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión. En todo caso, las tarifas las aprobará anualmente el Ayuntamiento, no el adjudicatario.
A diferencia del canon inicial, el canon anual se destinará íntegro a financiar obras en la propia red, por lo que en los próximos años el Semas invertirá estos seis millones, además de otros seis correspondientes a la financiación regional ya concedida, así como el gasto de los fondos de cohesión europeos que estén por ejecutar.
Los servicios municipales quedarán exentos del pago por el consumo de agua.
En los pliegos de condiciones queda recogida también la baremación de las ofertas, es decir, el sistema de puntuación que regirá la adjudicación del concurso.
Se puntuará con un máximo de 45 puntos sobre 100 las mejores ofertas económicas, mientras que los planteamientos técnicos se puntuarán con los 55 puntos restantes (15 por el Plan Director, cuyo avance ha de presentarse, 13 por el mejor estudio económico, tres por el control de fugas, tres por el sistema de contadores, tres por el sistema de información y telemando, tres por la atención al usuario, tres por las mejoras en calidad, cinco por los medios humanos y materiales y ocho puntos más por otros aspectos menores).
El Partido Popular espera tener en licitación el servicio en dos meses. En una o dos semanas la Junta de Gobierno Local aprobará los pliegos de condiciones, que serán expuestos a información pública durante un mes. Luego, convocará el concurso.
Las condiciones administrativas establecen que sólo podrán presentarse al concurso aquellas empresas o grupo de empresas que tengan una experiencia mínima de tres años en servicios de gestión de agua, así como intervenciones en, al menos, dos localidad de más de 100.000 habitantes.
La empresa se comprometerá a someterse a una auditoría anual técnica y se creará una Comisión de Seguimiento y Control en la que estarán integrados el alcalde, los concejales de Agua y Hacienda, así como el director jurídico, el interventor municipal y un técnico de la empresa concesionaria.
El concesionario deberá poner en pie un Plan Director del servicio. También deberá crear un sistema de información geográfica y elaborar un Plan de Búsqueda de Fugas en la red de abastecimiento, comprometiéndose a poner en marcha una campaña anual y mantener un nivel mínimo de pérdidas en la red.
Otros condicionantes para el potencial adjudicatario serán la creación de un completo servicio de información, con página web incluida, y la puesta en marcha de frecuentes campañas de sensibilización. Se dotará una partida anual mínima, la cual se revalorizará anualmente con el IPC.
Por último, el concesionario asume la actual línea de ayudas a los vecinos (150.000 euros) para la renovación de los tramos de red hasta los domicilios. La empresa reembolsará al Ayuntamiento el gasto anual. De no agotarse la partida, la diferencia incrementará el canon anual a que tenga derecho el municipio.