Ecologistas en Acción y ciudadanos de Badajoz, Sevilla y Huelva han alegado ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para pedir que no se autorice a la multinacional norteamericana Río Nárcea Gold Mines el uso de 375 millones de litros anuales, por considerar que esta concesión amenazaría el suministro de agua potable de Sevilla y otras poblaciones.
Además, según informa el colectivo en una nota de prensa, se pide que se sancione y obligue a la empresa a reponer a su curso los miles de litros extraídos sin autorización y acumulados en una gran balsa en Aguablanca.
"La empresa norteamericana que pretende explotar una mina a cielo abierto en Aguablanca (Monesterio) continúa sus actividades, pese a las múltiples denuncias ecologistas y ha solicitado por tercera vez el aprovechamiento de aguas procedentes de depósitos subterráneos y superficiales de la Rivera de Cala pertenecientes a la Cuenca del Guadalquivir, aunque en territorio extremeño", añade la nota.
En total, se tratará de la extracción de un volumen máximo anual de 375 millones de litros de agua, cifra, que por sí sola consideran los ecologistas una irresponsabilidad al extraerse de una cuenca calificada de deficitaria por la legislación vigente (PHN) y que se agrava en periodos de sequía como el que parece puede sufrirse este año.
Recuerdan que las situaciones de sequía en nuestra región geográfica son completamente normales, sucediendo con una periodicidad variable. Además, mencionan que la localización de estas derivaciones de agua será en el "Sistema Sevilla", la sub-cuenca de abastecimiento directo de la capital andaluza, un núcleo de población de más de un millón de habitantes, que verán comprometidas las reservas hídricas destinadas al abastecimiento humano por este complejo industrial.
Ecologistas en Acción en las alegaciones presentadas el 9 de Marzo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), recuerda que la propia CHG, en informe técnico presentado por la Oficina de Planificación Hidrológica de esta administración, de 2 de julio de 2003, establecía la incompatibilidad de una concesión de este tipo (industrial) con los aprovechamientos actuales y futuros de las aguas de esta cuenca (humano principalmente).
"Enlazando con el carácter industrial que tendrán los aprovechamientos previstos, y dado el riesgo de contaminación que tendrán los embalsamientos y las extracciones sobre las aguas de uso humano, también se han alegado estas circunstancias ante la confederación".
Otro aspecto que la asociación ecologista critica en las alegaciones, es que no se haya delimitado el periodo de duración de la concesión, ya que se trata de un aprovechamiento temporal, y es necesario establecer unos límites a fin de defender los intereses públicos ante posibles abusos de una organización privada como ésta.