MADRID. Ellos, los de antes, no parecían los mismos, cuando se reunieron el miércoles 16 en el Palacio de San Esteban, la sede de Presidencia del Gobierno murciano. Ramón Luis Valcárcel ejerció de impecable anfitrión y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, José María Barreda, le trasvasó hectómetros cúbicos de talante. Hubo el intercambio de obsequios propio de estas ocasiones: una serie de fotografías artísticas de paisajes de Murcia para el castellano-manchego, y cómo no, Valcárcel recibió un Quijote, edición de Francisco Rico, complementado con el facsímil de la portada de la edición de 1605.

Quizá ahí estaba la cuestión de fondo, después de una intensa semana en la que se firmó una aparente «paz del agua» entre las dos Comunidades impensable hace sólo un par de meses: ¿quién ha sido más quijote? De entrada, ninguno acata ese papel ni admite haber topado de bruces con una realidad menos halagüeña que sus demandas y reivindicaciones. En la trastienda, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se siente satisfecha por haber conseguido restañar momentáneamente dos heridas: la del enfrentamiento entre Autonomías y la que se había abierto en el seno del PSOE, porque la actitud beligerante de Barreda contra la continuidad del trasvase Tajo-Segura estaba desgastando en exceso a los socialistas murcianos. El hecho de que un aparentemente descomunal conflicto se diluyera como un azucarillo dejó un poso de desconcierto en la opinión pública, ajena en buena parte a las motivaciones políticas de unos y otros en este guirigay.

El Tajo, «tapadera» del Ebro

Hace ahora un año de muchos acontecimientos sísmicos en la vida política española, entre los que la derogación del trasvase del Ebro no fue capítulo residual. Murcia enarboló su bandera de «Agua para todos» y denostó el plan alternativo de las desaladoras propuesto por el nuevo Gobierno. Aún resuenan ecos de los eslóganes de entonces: «La sal del salero, para Zapatero». Todo Levante se sintió agraviado, incluidas las ramificaciones territoriales del Partido Socialista en Murcia y la Comunidad Valenciana, enclaves ambos donde el PP está sólidamente instalado en el gobierno regional. Había que cerrar esa sangría de descrédito del Gobierno ante los ojos de los ciudadanos afectados, mientras otros acontecimientos se encadenaban, en paralelo: Bono pasó a ser ministro de Defensa y su segundo de a bordo, José María Barreda, quedó como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Ahí había un doble filón: si se resucitaban las demandas de la región sobre el trasvase Tajo-Segura se desdibujaba el clamor contra la supresión del proyecto del Ebro y el nuevo dirigente regional cobraba personalidad y fuerza propias. Así se emancipaba de Bono.

Sin embargo, para los castellano-manchegos el problema no es tan reciente: en 1980 entró en funcionamiento el acueducto Tajo-Segura, que 25 años después ha contribuido de forma capital al desarrollo de la agricultura de Levante pero que no deja ni una gota de agua en las comarcas cedentes. Como un cruel sarcasmo, pasa por pueblos de Cuenca a los que en verano hay que abastecer con camiones cisterna. Sin embargo, en las dos últimas décadas el Gobierno autonómico, determinado por la omnipresencia de Bono, ha clamado por el agua, sí, pero nunca con la fuerza y la persistencia con la que Barreda tomó el testigo.

Regantes y derechos adquiridos

Mientras, Murcia se aferró a la bandera de los derechos adquiridos estos años, en los que los regantes de la región han abonado cerca de 200 millones de euros por los caudales utilizados hasta ahora. Además (y eso ha pesado como una losa en el ánimo de Narbona), ¿cómo amenazar a los murcianos con rebajas, después de sustituir el trasvase del Ebro por un difuso plan de desalación que aún despierta recelos?

Al final (o al principio, pues quedan aún muchos términos por aclarar) la ministra ha aplacado a Barreda con el compromiso, alcanzado el lunes 14, por el que la Administración invertirá 2.000 millones de euros en las infraestructuras hidráulicas que Castilla-La Mancha necesita, entre ellas las que propiciarán que los caudales del Tajo-Segura beneficien a su región. En contrapartida, Narbona ha tenido que hacer filigrana en Murcia, al garantizar una modificación de la disposición adicional tercera del PHN por la que también se tendrán en cuenta los derechos de la cuenca receptora.

Además, se ha comprometido a no tocar el volumen fijado para trasvasar en esta legislatura y a «atender con inversiones adicionales específicas la revisión de los caudales trasvasables». Un punto oscuro pero determinante que cada cual interpreta a su manera y por el que todos se sienten vencedores en la trifulca. La diputada del PP por Murcia Elvira Rodríguez, ex ministra de Medio Ambiente, trata de explicarlo: «El Gobierno murciano no se queja porque interpreta que, ante una eventual disminución del agua procedente del Tajo, forzada por el uso de esos caudales en Castilla-La Mancha, se tendrían que hacer otras inversiones al margen de las del PHN y el plan Agua».

Pero existe la posibilidad de una lectura diferente, que es la que más gusta al Gobierno de Castilla-La Mancha: la de que a medida que los proyectos para Murcia previstos en el PHN y el Plan Agua entren en funcionamiento, se vaya «achicando» la cantidad de agua que Murcia recibe del Tajo. Así, si dentro de cuatro años (ya sería «otra legislatura») entra en servicio una desaladora que produce 10 hectómetros cúbicos al año, en ese momento 10 hectómetros menos de trasvase al Sureste.

Para Rodríguez, ese supuesto «es inaceptable, pues en la práctica supondría la congelación de la cantidad de agua de la que puede disponer Murcia. ¿Cómo lograr así obtener los 450 hectómetros cúbicos adicionales en los que se habían cifrado las necesidades de la región y que iban a llegar a través del trasvase del Ebro? Esas carencias se habían estimado a partir de unos datos entre los que, por supuesto, se contaban las aportaciones del Tajo-Segura, de 600 hectómetros cúbicos».

Entretanto, en Castilla-La Mancha se debate si Barreda ha hecho valer en estas negociaciones sus hasta hace una semana vehementes demandas. La principal era la de poner «fecha de caducidad» al trasvase. Fuentes cercanas a su Gobierno creen que lo ha conseguido «porque a medida que Murcia obtenga agua por otras vías, el flujo del trasvase disminuirá. Los castellano-manchegos hemos conseguido el reconocimiento histórico de nuestra prioridad en el uso del agua, algo que hasta ahora no era admitido por el Gobierno murciano». Por eso reiteran que, como ha manifestado el propio Barreda, «el trasvase no tiene los días contados, pero sí los años, desde el momento en el que Castilla-La Mancha pueda utilizar su propia agua para crecer. Nosotros no tenemos mar para desalar».

Este tipo de argumentos forma parte de una nube de maniobras de distracción, en opinión del consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Cerdá, quien insiste en que «hay que cerrar ya el debate del trasvase del Tajo, porque está inflado artificialmente y sólo sirve al interés de que nos olvidemos del Ebro. El Tajo-Segura está regulado por una Ley de 1971 en la que ya se recoge aquello que ahora se presenta como un logro: la prioridad de las necesidades de la cuenca cedente. El problema en Castilla-La Mancha no es de falta de agua, sino de infraestructuras. Desde hace 30 años está prevista en la Ley del Trasvase una concesión de 50 hectómetros cúbicos para esa región, veinte de ellos para las Tablas de Daimiel, que nunca se utilizan. Del mismo modo se fijaron 3 hectómetros cúbicos para que los municipios que lindan con el canal no se tengan que abastecer con cubas. Si esos hechos se dan, es porque no se han hecho las obras pertinentes, no porque Murcia utilice un agua que paga religiosamente y sobre la que tiene unos derechos consolidados».

Sobre esas bases, no admite las coletillas que la ministra coloca a sus proyectos inmediatos, como la de que no se tocará el trasvase «en esta legislatura». «El trasvase no es revisable porque la ley lo garantiza, y punto. Esa ley se puede cambiar, porque quien tiene la mayoría puede modificarla. Pero habría que indemnizar, y mucho».

Incumplimientos del PP

La ministra, mientras, se sigue ejercitando en el funambulismo de contentar a todos en el corto plazo, y cuando el PP le recuerda que las actuaciones que se van a acometer en Castilla-La Mancha ya estaban incluidas en el PHN, replica que el nivel de ejecución de esos proyectos cuando salió el anterior Gobierno era de un 8 por ciento y que, por tanto, es importante darles prioridad y ponerles calendario.

La cuestión está en el tejado parlamentario. ¿En qué quedará la modificación de la ley del PHN en lo que al trasvase Tajo-Segura se refiere? Los movimientos se han sucedido estos días en las Cortes, donde se está cocinando un texto tan ambiguo como calculado. La clave es si las necesidades de la cuenca receptora que en él se mencionan suponen sustituir el volumen de agua que ahora llega o hacer frente al déficit hídrico de la región que el anterior Gobierno había calculado en 450 hectómetros cúbicos. Rodríguez se defiende y dice que si las obras para aplacar la sed de Castilla-La Mancha no están hechas a estas alturas es «por los obstáculos en el camino que nos ponía el Ejecutivo de esa región cuando gobernábamos». Ahora llega el milagro del desbloqueo, enarbolado por Barreda, el nuevo hidalgo fuerte. Valcárcel aguarda paciente, convencido de que cuanto más beban y rieguen los vecinos más evidente será el error de haber arrumbado el trasvase del Ebro.