La proliferación de citas que dedican un día al año a conmemorar las más variadas cuestiones debería servir para repasar el estado de las políticas públicas cuando se trata de problemas que nos afectan profundamente. El Día Mundial del Agua que hoy celebramos es sin duda una de estas citas importantes. No puede entenderse de otra forma la fuerza del debate al que estamos asistiendo sobre la gestión de los recursos hídricos en España.
Recordemos, para empezar, que este debate es inseparable de la necesidad de alcanzar una utilización sostenible del conjunto de todos los recursos naturales básicos: aire, agua, suelo, bosques o energía. Soy consciente del uso y abuso que se hacen de esta necesidad, pero nunca se insistirá suficientemente en que si no ponemos límites racionales al consumo y la contaminación de esos recursos, estamos comprometiendo seriamente el porvenir de las generaciones futuras y nuestra salud y calidad de vida presentes.
La gestión del agua en España no puede, por otra parte, enfocarse sólo con el ánimo de que nuestros problemas son muy singulares y requieren soluciones muy especiales, pues otros países más o menos desarrollados -de Israel a California, pasando por Portugal, Australia o Chile- tienen que hacer frente también a una escasez de recursos hídricos más o menos grave que la nuestra. En general, hacen frente al problema aproximándose a ese objetivo de sostenibilidad hídrica de forma paulatina, porque en todas las partes el paso de los viejos a los nuevos modos de gestionar el agua no resulta fácil y exige superar las esperadas resistencias.
Los países de la Unión Europea nos hemos dotado, además, de una guía especialmente valiosa para este tránsito hacia la sostenibilidad, la conocida habitualmente como Directiva Marco del Agua, ya incorporada al Derecho español -aunque no de forma totalmente satisfactoria- en la pasada legislatura. La implantación real de la Directiva Marco es decisiva para el futuro de nuestros recursos hídricos. No se trata de meros asuntos jurídicos o burocráticos, sino de garantizar agua de buena calidad para todas las poblaciones españolas y de hacerse fuertes frente a las sequías, de tener unos regadíos más modernos y eficientes, de estar protegidos frente a las inundaciones o de disfrutar de los ríos, estuarios, deltas y humedales con que la naturaleza nos ha agraciado.
Para todo ello es imprescindible avanzar desde un modelo tradicional de gestión del agua hacia un nuevo modelo, del mismo modo a como todas las políticas públicas tienen que renovarse y evolucionar en función de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.Hasta muy avanzado el pasado siglo, el atraso económico español exigía un enorme esfuerzo para satisfacer nuestras necesidades mínimas de suministro urbano de agua y para convertir los recursos hídricos en un motor de desarrollo a través, principalmente de los sectores agrícola, hidroeléctrico y más adelante turístico. Fruto de aquel esfuerzo es el valioso patrimonio que hoy tenemos de infraestructuras hidráulicas, sin el cual no podría concebirse nuestro desarrollo actual, más allá de los excesos registrados en este proceso.
La España de hoy es radicalmente distinta. Nuestros sistemas de abastecimiento urbano y turístico deben mejorarse, pero en general no puede hablarse de carencias graves y nuestra economía depende en mucha menor medida del agua como factor limitante de crecimiento. La preocupación predominante no puede ser ya un desarrollo intensivo de nuevas infraestructuras de aprovechamiento hidráulico. Por pura racionalidad -y no sólo porque también así lo establezca la Directiva Marco- tenemos que centrarnos en la conservación y la protección de nuestros recursos hídricos, bien entendido que es perfectamente compatible con dar satisfacción -en el marco de un desarrollo cada vez más sostenible- a las demandas de nuevas necesidades de agua.
Así pues, creemos que hay que dar prioridad a la modernización de los sistemas de aprovechamiento del agua para hacerlos más eficientes -y, por tanto, a mantener en perfecto estado de servicio nuestro patrimonio de infraestructuras y garantizar su seguridad- y a eliminar la sobreexplotación y contaminación de ríos y aguas subterráneas. Por supuesto, también tendremos que incrementar las disponibilidades de agua, pero para ello deberemos contar no sólo con las infraestructuras tradicionales, sino también con las posibilidades cada vez mayores que nos ofrecen las nuevas tecnologías de desalación o reutilización de aguas residuales convenientemente depuradas.
La atención que se ha prestado en las pasadas legislaturas a la necesidad de estas distintas maneras de gestionar el agua ha sido muy escasa y buena prueba de ello son -aparte de lo que cualquier ciudadano puede contrastar con sólo observar el estado de nuestros ríos, el despilfarro de las aguas residuales que se vierten al mar en las poblaciones costeras o el espectáculo de los aspersores funcionando a pleno sol- los recientes informes que han detectado graves insuficiencias en la gestión de los recursos hídricos españoles tanto de organismos internacionales -OCDE, Foro Económico Mundial- como del Perfil Medioambiental de España 2004 elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y todo ello a pesar de que ya el Libro Blanco del Agua de 2000 señalaba muchas de esas deficiencias y a pesar también de los procedimientos que la Comisión Europea ha abierto a España por infracción de las directivas sobre calidad de las aguas.
Llevar adelante una nueva política del agua es, por tanto, una prioridad del Gobierno actual, ya recogida literalmente en el propio discurso de investidura del presidente y puesta de manifiesto desde el primer momento. En efecto, un ejemplo paradigmático del cambio en la política del agua lo ha constituido la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional para sustituir una transferencia de agua inviable económica y ambientalmente por un centenar de medidas -desalación, reutilización, refuerzo de abastecimientos, modernización de regadíos, prevención de inundaciones, restauración ambiental- que son buena muestra de cuanto venimos reclamando como necesario para conseguir un uso más eficiente y racional de los recursos hídricos. Estas medidas son uno de los pilares fundamentales del Programa AGUA, así denominado precisamente por subrayar que se trata de «Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua» y que afecta a toda España.
Deslegitimar esta iniciativa, como pretenden algunos, alegando que buena parte de esas medidas ya se incluían en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, es un vano intento que se desmiente por sí solo. Es cierto que algunas medidas estaban incluidas en el Plan, pero sólo como mera relación de actuaciones que carecían de calendario y de financiación.
Con ser importante, el Programa AGUA no se limita desde luego a las medidas urgentes que se están llevando a cabo en las cuencas mediterráneas. A lo largo de todos estos meses, en las mismas u otras comunidades autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente ha reorientado proyectos importantes -trasvase Júcar/Vinalopó en la Comunicad Valenciana, Pacto del Agua de Aragón, embalse de Castrovido en Castilla y León, presa de Narla en Lugo- que con su planteamiento inicial difícilmente podían resultar sostenibles y ha relanzado proyectos ambientales de gran trascendencia que se encontraban prácticamente paralizados como los programas para recuperar la calidad del río Tajo y para acabar con la sobreexplotación de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha.
Tan importantes como estas decisiones y otras análogas adaptadas en toda España son las medidas que desde el primer momento han tomado las confederaciones hidrográficas para controlar realmente el uso que se hace del agua, los derechos legales de los concesionarios y las condiciones de los vertidos a los ríos. Las inspecciones se han hecho más rigurosas y frecuentes, y así se han podido ya clausurar pozos ilegales y vertidos contaminantes, al mismo tiempo que se actualizan los imprescindibles registros de los derechos y autorizaciones sobre el uso de los bienes de dominio público. Para todo ello resulta vital recuperar la función pública de las confederaciones y dotarlas adecuadamente de profesionales cualificados y medios materiales, tarea a la que el Ministerio está dedicando especial atención.
Todo lo anterior, sin embargo, no es suficiente. Está pendiente desde la Ley de Aguas de 1985 -cuando puede decirse que el desarrollo autonómico era todavía incipiente- un auténtico proceso de articulación entre la administración hidráulica de las cuencas hidrográficas y el ejercicio de las competencias autonómicas sobre la ordenación del territorio y la actividad económica y sobre el medio ambiente.Mientras no se consiga la armonización -en el ámbito de la gestión del agua- de las competencias estatales y autonómicas no podrá hablarse de una gestión eficiente y concertada. Con este fin, el Gobierno está trabajando en dos direcciones: preparando la Conferencia Sectorial del Agua con todas las comunidades autónomas y elaborando una reforma legal de la administración hidráulica que mejore sustancialmente la incorporación a la misma de las administraciones autonómicas.
El Gobierno reitera pues su compromiso de progresar paulatinamente en la implantación de una nueva política del agua, porque está convencido de su necesidad para conseguir el objetivo que los países más avanzados se han fijado hace ya muchos años: el uso sostenible de los recursos hídricos. En este sentido, la política del Gobierno no es nueva porque responda a principios que no son nuevos. Lo novedoso es que, por primera vez, hay un Gobierno verdaderamente decidido a llevarla a buen término.
Cristina Narbona es ministra de Medio Ambiente.