ALICANTE. Las «dramáticas» consecuencias que para los regantes alicantinos se derivarán de las intenciones del Gobierno de excluir el caudal de agua destinado al abastecimiento del trasvase Júcar-Vinalopó ha llevado a los afectados a plantearse suspender los pagos procedentes del crédito sindicado de 75 millones de euros en tanto «no se nos garantice de forma inequívoca que la obra va a ser ejecutada en los términos previstos en el plan de cuenca firmado en 1997».

De la cantidad correspondiente al préstamo sindicado, que otorgaron la CAM y otras ocho entidades financieras, el pasado año fue satisfecho por la Junta de Usuarios que representa a las comarcas del Vinalopó, L´ Alacantí y la Marina Baja un total de 750.000 euros en concepto de comisión de apertura.

Treinta y ocho poblaciones

Este año, la empresa estatal Aguas del Júcar, responsable de la materialización de la obra, de la que ya se ha ejecutado el 30 por ciento, prevé el ingreso de 20 millones de euros por las certificaciones de obra de aquellos tramos que tiene previsto concluir durante el ejercicio. Es ese monto el que los afectados no tienen intención de aportar «si persiste la intención de Medio Ambiente de gravar sobre los regantes el enorme encarecimiento del metro cúbico de agua que producirá marginar del trasvase el abastecimiento de 38 poblaciones, lo que, de forma irremediable, dejaría en vía muerta el proyecto».

Con independencia de las «razones de naturaleza política» que los perjudicados atisban en la planificación gubernamental avanzada el pasado lunes por el director general del Agua, Jaime Palop, los agricultores que se encuadran en las comunidades de regantes integradas en la Junta, la preocupación máxima de los regantes se centra en «el riesgo que supone seguir pagando una obra cuyo futuro está en el aire. De lo que no hay duda es de que el pago del crédito bancario debe seguir siendo asumido».

En este sentido, la estimación es que cada uno de los 100.000 regantes de las comarcas alicantinas destinatarias del agua del Júcar adeuda una media de 750 euros a las entidades prestatarias del crédito sindicado. Tampoco se ha enfatizado, razonan los agricultores alicantinos, que la alteración del trasvase producirá «un indudable perjuicio medioambiental motivado por la sobreexplotación de los acuíferos de la zona».

Otro elemento de inquietud lo forman los problemas que se avecinan para los casi dos millones de ciudadanos que «pueden quedar desabastecidos por el capricho de la ministra en negar el agua a 38 municipios».