La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua recomienda entre las conclusiones de su reunión de hoy que se penalice cuanto antes el uso insostenible que se haga de ese recurso, y que por el contrario, se incentiven todas aquellas políticas que contribuyan a mejorar su gestión.
La reunión se celebró en el Ministerio de Medio Ambiente, presidida por el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, con el fin de estudiar un informe sobre modificaciones a realizar en la Ley de Aguas, y que se someterá posteriormente al Pleno del Consejo Nacional del Agua.
La promoción del uso sostenible de ese recurso, además de las aguas desalinizadas y la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua son parte de los objetivos perseguidos por la citada Comisión, de la que forman parte representantes de varios ministerios, de las Confederaciones Hidrográficas, CCAA, la FEMP, regantes y usuarios.
La Comisión recomienda adoptar cuanto antes disposiciones que permitan desarrollar una política adecuada de incentivos y penalizaciones sobre usos del agua que ayuden a su sostenibilidad, y estudiar las adaptaciones necesarias en el régimen económico para su adecuación en 2010 a las previsiones de la Directiva Marco del Agua.
Según Medio Ambiente, la Comisión Permanente recomienda además "con carácter urgente" medidas como la inclusión en la Ley de Aguas de una modificación para que las Confederaciones Hidrográficas "emitan un informe en el que se pronuncien de forma expresa sobre la existencia de recursos hídricos en aquellas actuaciones de las comunidades autónomas que impliquen nuevas demandas de agua".
Se insta además a la modificación de la Ley para que, en el tema de las obras declaradas de interés general, se exijan antes informes que manifiesten la viabilidad o interés de las mismas en relación con los pilares del desarrollo sostenible.
También se plantea la posibilidad de suprimir preceptos legales que dificulten el desarrollo de los Centros de Intercambio, cuya puesta en marcha se aprobó recientemente por el Gobierno para las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, Júcar y Segura, y en un futuro de los Bancos de Agua.
Asimismo se propone "con carácter urgente" incluir en la Ley de Aguas una ampliación de los Agentes encargados de la protección del dominio público hidráulico, con una mención expresa "al valor probatorio de los actos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones".
Sobre los caudales ecológicos recogidos en el Plan Hidrológico Nacional, se recomienda incorporar en la Ley de Aguas una definición expresa de los mismos y de las condiciones que deben cumplir para quedar adecuadamente establecidos.
También "se considera adecuada la incorporación al dominio público hidráulico" de aguas de mar una vez desalinizadas, y el reforzamiento del carácter de bien de dominio público en el caso de las residuales depuradas.
Se considera que el uso privativo de las aguas desalinizadas deberá adoptar la forma de concesión para garantizar la explotación racional conjunta de todos los recursos disponibles, superficiales y subterráneos.
También se estudió en la reunión la modificación de las medidas de control de caudales que hasta ahora eran competencia exclusiva de los Organismos de cuenca y que pasan a ser establecidas de manera general por Medio Ambiente dentro de una norma de carácter básico.
Según Medio Ambiente, ello faculta al Ministerio para dictar una disposición general que obligue a todos los titulares del derecho de uso privativo del agua a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen datos precisos de caudales efectivamente utilizados