La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada ayer y hoy en el Palacio de La Magdalena de Santander, acordó la creación de un grupo de trabajo, integrado por los directores generales responsables de política del agua en cada comunidad autónoma. En esta reunión se informó a las comunidades autónomas de la situación de las cuencas hidrológicas.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que "se trata de un órgano de apoyo" que hasta el momento no existía, y señaló que su puesta en marcha "va a significar un avance en la coordinación en materia de agua".
Asimismo, se aprobó impulsar un conjunto de medidas para prevenir con mayor eficacia los incendios forestales de modo que todas las comunidades autónomas "han acordado reconocer que el cambio de uso del suelo puede ser motivo de un incendio", indicó Narbona.
Al respecto, la ministra restó importancia a las afirmaciones vertidas por los consejeros 'populares' de Madrid, Castilla y León y La Rioja, quienes aseguraron a los medios que la propuesta del Ministerio de fijar por ley en 30 años la prohibición de cambiar los usos de los terrenos tras un incendio sólo ha contado con el apoyo "expreso" de Cantabria y Extremadura.
Igualmente, se aprobaron tres nuevas Estrategias Nacionales de Conservación para el lobo, el urogallo pirenaico y la malvasía cabeciblanca. De este modo, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas pondrán en marcha medidas para la protección de estas tres especies, que se encuentran amenazadas.
En este sentido, según lo acordado en la Conferencia, que presidió la ministra Cristina Narbona y a la que asistieron representantes de todas las Comunidades Autónomas, se restaurarán los hábitats, se elaborarán diversos estudios sobre la situación de las poblaciones y las características de las especies y se llevarán a cabo campañas de sensibilización para incrementar la conciencia social.
Según explicó ante los medios Narbona, las Estrategias de Conservación se aprobaron "con pequeñas matizaciones" que "no alteran para nada" el contenido de los documentos, que previamente habían obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (órgano integrado por el Ministerio y por las comunidades autónomas).
En conjunto, la ministra se congratuló porque "el duende de La Magdalena ha vuelto a funcionar" y "ha provocado la aproximación" de modo que "podemos volver a casa con bastante trabajo hecho y mucho compromiso político por desarrollar".
Con la aprobación de estas tres, España cuenta con diez estrategias que coordinan la conservación de especies en peligro de extinción en el ámbito nacional. Las que se han puesto en funcionamiento con anterioridad son: quebrantahuesos, oso pardo del Cantábrico, águila imperial ibérica, lince ibérica, urogallo del Cantábrico, lucha contra los cebos envenenados en el medio natural y, de ámbito internacional, foca monje del Cantábrico.
En la actualidad se está trabajando en la elaboración de las estrategias correspondientes al visón europeo, pardela balear, águila perdicera, gaviota de Audouin, almeja gigante de río, cerceta pardilla, focha cornuda y el impacto de los pesticidas en la fauna silvestre.
SUBVENCIONES DE BIODIVERSIDAD
Por otro lado, la Conferencia también dio el visto bueno a la distribución territorial por comunidades autónomas de las subvenciones de protección y mejora del medio natural para 2005, cuya cantidad global asciende a 37.319,63 euros.
Estas ayudas fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del pasado 18 de enero, y se otorgan en cuatro líneas de actuación: selvicultura conta incendios forestales (PAPIF), gestión forestal sostenible de montes privados, gestión forestal sostenible de montes públicos y conservación de la biodiversidad y Red Natura 2000.
Finalmente, se presentó el borrador del anteproyecto de Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, para incorporar a la directiva europea 2001/42/CE, y el proyecto de Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, que adaptará al ordenamiento jurídico español las directivas europeas.