La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) presentó hoy un informe jurídico económico que revela la existencia de varios "defectos e incongruencias" en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que se anulan diversos artículos del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, y advirtió de que la aplicación de este fallo obligaría al Estado a asumir indemnizaciones "cuantiosas" y "espectaculares".
El informe, encargado por Coepa al Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, considera que la sentencia del Tribunal Supremo incurre en un "defecto de forma" que ha causado la indefensión de personas y entidades públicas o privadas --como la Generalitat Valenciana y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-- que deberían haber sido emplazadas para personarse en el proceso.
Uno de los autores del estudio, Andrés Molina, explicó además que este fallo presenta diversas "incongruencias claras", ya que introduce "contradicciones entre sus propios fundamentos", al tiempo que "concede más de lo pedido por el demandante".
Otro de los responsables del informe, Joaquín Melgarejo, afirmó hoy que esta sentencia "cuestiona las competencias del Estado en materia hidráulica". Melgarejo, aclaró que "desde el 1 de enero de 2004 corresponde al Gobierno, y no al Tribunal Supremo, fijar el ámbito territorial de cada demarcación hidrográfica, y por tanto de cada Plan".
Al respecto, esta informe recoge también que las Comunidades Autónomas no pueden ejecutar esta sentencia porque "carecen de competencia para elaborar y revisar los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias al margen del Estado".
Por otra parte, el análisis jurídico de esta sentencia estima que "no deberían haber sido anulados los preceptos del Plan Hidrológico del Júcar mientras la Comunidad Valenciana no apruebe la ordenación propia de sus cuencas internas, y establezca los cauces de organización y gestión correspondientes.
INDEMNIZACIONES CUANTIOSAS.
De igual modo, Andrés Molina resaltó que la paralización o suspensión de las obras del trasvase conllevaría el pago de indemnizaciones "cuantiosas" y "espectaculares" para los contratistas que hayan realizado gastos en la confianza legítima de que las obras se llevarían a efectos, y con otras entidades que han realizado importantes gastos ante la expectativa de la ejecución de las obras, como es el caso de la Junta Central de Usuarios del Trasvase.
El presidente de la patronal alicantina, Joaquín Rocamora, recordó que la situación de sequía que registra la provincia de Alicante está provocando la "pérdida de una gran cantidad de hectáreas de cultivo" en la zona del Vinalopó, donde, según dijo, las restricciones pueden afectar incluso al suministro de agua potable.
Rocamora adelantó que enviará este informe a la Generalitat Valenciana, a las diputaciones, a la Administración central así como al resto de instituciones, organismos que tienen parte en la aplicación de esta sentencia, con el fin de que ayudar a defender los derechos de la provincia.
REMEDIOS PROCESALES Y NORMATIVOS.
Los responsables del informe incluyen cinco posibles vías de solución ante esta sentencia, tres de ellas de carácter procesal y otras dos de tipo normativo. La primera de ellas, que ya ha sido adoptada por la Generalitat Valenciana y por la Junta Central de Usuarios, consiste en la presentación de un incidente de nulidad en base a que estas partes no tuvieron oportunidad de personarse en el proceso.
En caso de no prosperar este recurso, cabría la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal solicitando la nulidad de la sentencia, y finalmente también podría plantearse un incidente de ejecución de la sentencia por abuso de jurisdicción.
No obstante, Joaquín Melgarejo señaló hoy que la solución "más rápida y eficaz" para evitar los efectos "perniciosos" de esta sentencia, consistiría en que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto para incluir en una misma demarcación hidrográfica a las cuencas del Júcar, Vinalopó, Marina Baja y otras.
Por último, el informe encargado por Coepa también indica que el problema se solucionaría si el Estado aprobara una reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional en la que concretara las disposiciones aplicables al trasvase Júcar-Vinalopó