El ministerio pretende ganar tiempo alegando indefensión
J. Sierra, Valencia
El Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona ha dejado que sea la empresa pública Aguas del Júcar quien recurra judicialmente la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba varios preceptos del decreto por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Júcar y en especial los relativos a trasvase Júcar-Vinalopó.
Tras manejar diversos escenarios de trabajo, incluido el de aprobar un nuevo real decreto «legalizando» la transferencia al Vinalopó, finalmente el ministerio ha optado por la salida que menos le compromete, dejando que sea una empresa pública, Aguas del Júcar, quien presente el recurso y alegando indefensión.
La sociedad Aguas del Júcar, hizo público ayer la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que declaraba nulos algunos preceptos de la orden que publica el contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, y que afecta a la obra pública de la conducción Júcar-Vinalopó, cuya ejecución tiene encomendada esta sociedad estatal.
El motivo alegado en el incidente de nulidad es la presunta infracción de los principios de «audiencia, asistencia y defensa» por cuanto se omitió el emplazamiento «a quien debió ser considerado parte en el proceso», en este caso Aguas del Júcar, «que no fue llamada ni por la Administración del Estado, autora de la Orden Ministerial impugnada, ni por la Audiencia Nacional, que dicto la sentencia recurrida en casación, ni tampoco por el Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia estimatoria del recurso de casación».
En esencia, el contenido del recurso es el mismo del que presentó hace unas semanas el Consell de la Generalitat Valenciana.
Aguas del Júcar asegura que ostenta «un interés legítimo» en este asunto «que resulta afectado por la sentencia judicial, ya que tiene encomendada la ejecución de la obra pública» del trasvase al Vinalopó, cuyos VII tramos están actualmente licitados, adjudicados y en ejecución».
La decisión adoptada por el Ministerio evita que, de momento, los tribunales entren en el fondo del asunto y que no es otro que el de dilucidar si el Gobierno puede o no legislar sobre una obra que afecta a las cuencas (geográficas) de dos ríos diferentes (Júcar-Vinalopó)y si se puede aprobar un trasvase como éste solo mediante una orden o requiere una norma legal superior.