Expertos de varios países, la mayoría suramericanos y europeos, participan en el cuarto Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua que se inauguró ayer en Tortosa con el objetivo de analizar los usos hídricos desde una perspectiva multidisciplinar que aborde aspectos económicos, medioambientales, sociales y políticos.
Cerca de 600 personas, procedentes de 15 países, seguirán más de 200 comunicaciones, 23 ponencias, mesas redondas y debates que se desarrollarán hasta el domingo. Pedro Arrojo, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, organizadora del encuentro, se mostró esperanzado, durante el acto inaugural de ayer, en el cambio de política hidráulica iniciado por el Gobierno español con la derogación del trasvase del Ebro: "Ese decreto ha marcado un punto de inflexión", señaló. Al igual que el catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, instó a las administraciones a abrir canales de participación ciudadana en los temas relacionados con los usos del agua, una reclamación que reivindica con insistencia buena parte de la comunidad científica y universitaria presente en el congreso.
CAMBIOS EN LAS CONFEDERACIONES Una de las intervenciones más esperadas ayer fue la del director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Jaume Palop, para conocer las pautas de gestión de la nueva Administración socialista justo cuando entra en vigor una directiva-marco del agua. Palop respondió a las expectativas al anunciar un cambio radical del modelo imperante. "La directiva para mí es el futuro y hay que situarse en él lo antes posible", aseguró.
El representante del ministerio también auguró que la aplicación de la normativa europea impondrá cambios relevantes sobre la necesidad de regular el uso del agua mediante aspectos económicos al contabilizarse costes medioambientales y de infraestructuras; sobre la necesidad de establecer canales de participación ciudadana y sobre la planificación previa. Como ejemplo de cambio anunció una remodelación de las confederaciones hidrográficas: "El actual modelo no funciona, como tampoco el reparto de las concesiones por criterios que son una aberración", señaló