ALICANTE / Hundred Communities of the farmers request to Court Supreme to revoke the Jucar´s sentence.
Wed, 24/11/2004
Los usuarios del trasvase al Vinalopó seguirán el mismo camino que el Consell Narbona y García Antón apelan al entendimiento para desbloquear el trasvase
BERNAT SIRVENT/ALICANTE
EMBALSE. Agua del pantano de Cortes de Pallás, donde empieza la obra del canal. / PEDRO ROJAS
Algo más de cien comunidades de regantes y un nutrido número de ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, l'Alacantí y la Marina iniciarán, en breves días, un procedimiento de incidente de nulidad del fallo que ha dictado el Tribunal Supremo por el que suspende una parte sustancial del articulado del Plan de Cuenca del Júcar y deja sin efecto el trasvase al Vinalopó. La Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó se reunirá hoy, con carácter extraordinario, en Alicante para decidir, previsiblemente, tomar el mismo camino que la Generalitat Valenciana. A saber, solicitar la aclaración de la sentencia y, acto seguido, presentar la nulidad de dicho dictamen.
Según ha podido saber este diario, los dos abogados de la Junta Central de Usuarios están analizando en detalle la sentencia que anula varios artículos del plan de cuenca, los que hacen referencia a la transferencia de agua en sí. Han solicitado información jurídica a la Abogacía del Estado en Alicante y hoy anunciarán que también se suman, como la Generalitat Valenciana, al incidente de nulidad.
El presidente de la Junta, Andrés Martínez Espinosa, confirma la reunión que hoy tendrá lugar, pero despeja cualquier duda sobre la paralización del proyecto, posibilidad que ha sido barajada en los últimos días. Según él, no peligra la continuidad de las obras, que se ejecutan ya en un 25% e incluso más en tramos puntuales entre Cortes de Pallás y Villena. «No se carga la obra, sino el plan de cuenca del Júcar, lo que, en la práctica, deja sin posibilidad alguna la derivación de agua», aclara Martínez Espinosa.
Sin usarse el canal
Es decir, podría producirse el caso, en el supuesto de que se ejecutara la sentencia ganada por la Fundación por el Progreso de Albacete, de que estuviera el canal finalizado y no se utilizara por el problema de competencias hidrográficas apuntado por el Tribunal Supremo. En breve, además, se celebrará una asamblea general extraordinaria de la junta que se adivina multitudinaria, con presencia de agricultores, usuarios, regantes y alcaldes de toda la provincia.
La sociedad estatal Aguas del Júcar, que gestiona la construcción del proyecto, ha certificado ya obras por un valor de 55,4 millones de euros, a los que habría que añadir las cantidades correspondientes a la elaboración de los proyectos básicos de obra y las expropiaciones del terreno, con lo que la cifra se eleva a 58 millones de euros. Aproximadamente, supone el 25% de la obra en ejecución.
De ese dinero, la sociedad Aguas del Júcar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido ya 11,8 millones de euros de la Unión Europea, de los 22,1 que han sido solicitados. En total, Bruselas se ha comprometido a aportar 80 millones de euros, de los 204 millones en que está presupuestado el canal. Ayer, el eurodiputado valenciano del Grupo Verde/ALE, David Hammerstein, envió una pregunta urgente a la Comisión Europea en la que pide que congele la transferencia de fondos aprobados para el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras este fallo, según informa Efe. Se basa en la «nefasta gestión hídrica».
Sólo en el supuesto de que transcurrieran los dos meses que tiene el demandante para pedir la ejecución de la sentencia y el Gobierno central no tomara medidas legislativas vía decreto ley para ratificar los derechos de riego adquiridos, se produciría un caos en la gestión hídrica y sería imposible el trasvase proyectado.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, que hace dos días adelantaron que han pedido el trámite de aclaración de la sentencia al Supremo, también se refirieron ayer al asunto.
El conseller García Antón manifestó su convicción de que no habrá ningún problema para alcanzar un acuerdo con el Gobierno tras el fallo en materia de reordenar las competencias hidrográficas y el funcionamiento de las confederaciones. El conseller manifestó que, a su juicio, la Generalitat ha ejercido la competencia que le reconoce el fallo del Supremo, puesto que participó en la elaboración del Plan y en su votación, pero anunció que «si hay que ejercerla de otra manera, no hay ningún problema por parte del Consell». Insistió en que existe el PHN aprobado en las Cortes y que da cobertura al trasvase Júcar-Vinalopó, que está declarado como obra de interés general. Narbona afirmó que las obras son obras de interés general del Estado, por lo que «el Gobierno hará lo necesario desde el punto de vista de modificación de normas, pero las circunstancias son lo suficientemente complejas para que no se puedan avanzar todavía las soluciones». Sigue la intranquilidad de la Administración y de los regantes. El abastecimiento de 800.000 personas está en juego.
BERNAT SIRVENT/ALICANTE
EMBALSE. Agua del pantano de Cortes de Pallás, donde empieza la obra del canal. / PEDRO ROJAS
Algo más de cien comunidades de regantes y un nutrido número de ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, l'Alacantí y la Marina iniciarán, en breves días, un procedimiento de incidente de nulidad del fallo que ha dictado el Tribunal Supremo por el que suspende una parte sustancial del articulado del Plan de Cuenca del Júcar y deja sin efecto el trasvase al Vinalopó. La Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó se reunirá hoy, con carácter extraordinario, en Alicante para decidir, previsiblemente, tomar el mismo camino que la Generalitat Valenciana. A saber, solicitar la aclaración de la sentencia y, acto seguido, presentar la nulidad de dicho dictamen.
Según ha podido saber este diario, los dos abogados de la Junta Central de Usuarios están analizando en detalle la sentencia que anula varios artículos del plan de cuenca, los que hacen referencia a la transferencia de agua en sí. Han solicitado información jurídica a la Abogacía del Estado en Alicante y hoy anunciarán que también se suman, como la Generalitat Valenciana, al incidente de nulidad.
El presidente de la Junta, Andrés Martínez Espinosa, confirma la reunión que hoy tendrá lugar, pero despeja cualquier duda sobre la paralización del proyecto, posibilidad que ha sido barajada en los últimos días. Según él, no peligra la continuidad de las obras, que se ejecutan ya en un 25% e incluso más en tramos puntuales entre Cortes de Pallás y Villena. «No se carga la obra, sino el plan de cuenca del Júcar, lo que, en la práctica, deja sin posibilidad alguna la derivación de agua», aclara Martínez Espinosa.
Sin usarse el canal
Es decir, podría producirse el caso, en el supuesto de que se ejecutara la sentencia ganada por la Fundación por el Progreso de Albacete, de que estuviera el canal finalizado y no se utilizara por el problema de competencias hidrográficas apuntado por el Tribunal Supremo. En breve, además, se celebrará una asamblea general extraordinaria de la junta que se adivina multitudinaria, con presencia de agricultores, usuarios, regantes y alcaldes de toda la provincia.
La sociedad estatal Aguas del Júcar, que gestiona la construcción del proyecto, ha certificado ya obras por un valor de 55,4 millones de euros, a los que habría que añadir las cantidades correspondientes a la elaboración de los proyectos básicos de obra y las expropiaciones del terreno, con lo que la cifra se eleva a 58 millones de euros. Aproximadamente, supone el 25% de la obra en ejecución.
De ese dinero, la sociedad Aguas del Júcar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido ya 11,8 millones de euros de la Unión Europea, de los 22,1 que han sido solicitados. En total, Bruselas se ha comprometido a aportar 80 millones de euros, de los 204 millones en que está presupuestado el canal. Ayer, el eurodiputado valenciano del Grupo Verde/ALE, David Hammerstein, envió una pregunta urgente a la Comisión Europea en la que pide que congele la transferencia de fondos aprobados para el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras este fallo, según informa Efe. Se basa en la «nefasta gestión hídrica».
Sólo en el supuesto de que transcurrieran los dos meses que tiene el demandante para pedir la ejecución de la sentencia y el Gobierno central no tomara medidas legislativas vía decreto ley para ratificar los derechos de riego adquiridos, se produciría un caos en la gestión hídrica y sería imposible el trasvase proyectado.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, que hace dos días adelantaron que han pedido el trámite de aclaración de la sentencia al Supremo, también se refirieron ayer al asunto.
El conseller García Antón manifestó su convicción de que no habrá ningún problema para alcanzar un acuerdo con el Gobierno tras el fallo en materia de reordenar las competencias hidrográficas y el funcionamiento de las confederaciones. El conseller manifestó que, a su juicio, la Generalitat ha ejercido la competencia que le reconoce el fallo del Supremo, puesto que participó en la elaboración del Plan y en su votación, pero anunció que «si hay que ejercerla de otra manera, no hay ningún problema por parte del Consell». Insistió en que existe el PHN aprobado en las Cortes y que da cobertura al trasvase Júcar-Vinalopó, que está declarado como obra de interés general. Narbona afirmó que las obras son obras de interés general del Estado, por lo que «el Gobierno hará lo necesario desde el punto de vista de modificación de normas, pero las circunstancias son lo suficientemente complejas para que no se puedan avanzar todavía las soluciones». Sigue la intranquilidad de la Administración y de los regantes. El abastecimiento de 800.000 personas está en juego.