La sentencia del Supremo que anula los artículos del PHJ ha causado preocupación entre los agricultores de Alicante, que ya han anunciado que la recurrirán.

J. S.
Toledo. La sentencia del Tribunal Supremo que anula los artículos del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), en los que se permite la derivación de agua para regadío a otros ríos -Turia o Vinalopó-, ha abierto otro frente en la ' guerra del agua' que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con las regiones del Levante.
De esta forma, la consejera de Obras Públicas castellano-manchega, María Encina Álvarez, ha valorado de forma muy positiva esta sentencia, ya que respalda -a su juicio- los argumentos que está manteniendo el Ejecutivo regional para que se derogue el trasvase Tajo-Segura, concretamente los referidos a que los trasvases han de contar con el consenso de los territorios donde se sitúa la cuenca cedente.
En este último caso es la cuenca del Júcar, que a pesar de pertenecer en casi un 70% de su recorrido a Castilla-La Mancha, estaba regida por una Confederación en cuyos órganos la Comunidad Valenciana tenía un plus de representación, que no se correspondía con la correlación real del peso que dicha Comunidad tiene en el Júcar, resaltó la consejera.
En concreto, la sentencia del TS declara que el ámbito territorial del PHJ no puede comprender las aguas intracomunitarias de la Generalitat Valenciana ni las de Castilla-La Mancha y, por este motivo, anula la asignación de recursos superficiales a la zona regable del Canal del Júcar-Turia; la asignación de recursos superficiales del Júcar al área Vinalopó-Alacantí y las reservas para corrección de déficits hídricos en la Comunidad Valenciana con agua del Júcar: Canal Júcar-Turia y sistema Vinalopó-Alacantí.
La sentencia del TS ha causado ' preocupación' entre los agricultores de Alicante, que ya han anunciado su intención de recurrirla. Así lo han manifestado expresamente la Junta Central de Usuarios del Vinalopól'Alacantí, la asociación Jóvenes Agricultores de Alicante-Asaja y el sindicato Unió-Coag, mientras que el Gobierno valenciano, a través de su consejero de Infraestructuras y Transporte, J. Ramón García Antón, ha indicado que pedirá su nulidad ' por indefensión' , advirtiendo que se podría presentar un recurso de amparo ante el Constitucional