Aseguran que la ministra Narbona está intentando poner en marcha un nuevo impuesto
José Sierra, Valencia.
Un informe oficial elaborado por encargo del Ministerio de Medio Ambiente en la cuenca hidrográfica del Júcar ha llegado a la conclusión de que los regantes valencianos «devuelven» a través de diversas tasas y cánonesel 90% de lo que el Estado invierte en embalses de regulación, en su mantenimiento y en la administración del recurso agua.
El informe, todavía en elaboración, ha sido interpretado por los regantes como la «confirmación» de que todas las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona en las que reclama la necesidad de aplicar un nuevo régimen económico financiero en consonancia con la nueva directiva europea del agua solo es «una excusa» para «un nuevo impuesto».
Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y de de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) dijo ayer que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un informe en la cuenca del Júcar-elegida como cuenca piloto por la Unión Europea- sobre el principio que emana de la directiva de aguas y que «recomienda» a los estados recuperar los costes que generan los servicios relacionados con el agua.
«En el Júcar se está haciendo ese estudio y se sabe ya que el Estado está recuperando por los diversos cánones que pagan los regantes un 90% de lo que invierte», aseguró Valero de Palma.
Por su parte, fuentes oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar admitieron que se está elaborando un informe, aunque añadieron que «probablemente» existía «un error de interpretación».
«Creemos que ese 90% se refiere a la cantidad de usuarios que hacen frente a sus obligaciones frente a un 10% que no paga o recurre los cánones de la Confederación», dijeron.
Sin embargo, Juan Valero de Palma se reiteró en su interpretación y se sumó a las voces que consideran que la directiva europea del agua «no obliga» a los estados a recuperar el coste de los servicios relacionados con el agua, «sólo aconseja hacerlo», recordó.
«Además, España ya tiene en cuenta este principio debido a que el Régimen Económico y Financiero actual procede de una modificación de la Ley de Aguas que se hizo vía ley de medidas complementarias en 1999 y que ya adaptaba la ley española a la normativa», recordó Valero de Palma.
Decisión precipitada
El secretario general de los regantes españoles recordó que en la comunidad Valenciana los usuarios pagan por lo que cuesta un embalse, su amortización, lo que cuesta explotarlo y administrarlo «e incluso se pagan una parte de los gastos que genera la gestión del agua que se hace la Confederación Hidrográfica del Júcar».
Juan Valero añadió que además de la «voluntariedad» en la aplicación del principio de recuperación que la ministra Narbona explica como una «obligación legal», existen «excepciones» contempladas en la propia directiva.
«La norma europea establece también que debe producirse un proceso de información y participación pública sobre cómo se recupera el coste de los servicios relacionados con el agua y da un plazo de aplicación hasta el 2010. En España ese proceso no se ha producido y por eso no se entiende tanta precipitación, hasta el punto de querer aprovechar el debate de convalidación sobre el decreto de derogación del Plan Hidrológico para introducir un nuevo régimen económico y financiero que debe ser algo más madurado», concluyó Valero de Palma.
Pérdida de competitividad agraria
Los regantes españoles se han lanzado a una ofensiva para contrarrestar la campaña de la ministra Cristina Narbona en la que ha justificado algunas de sus polémicas decisiones asegurando que los usuarios en general y los regantes en particular no pagan el coste real del agua que utilizan y preparando el terreno para una «inmediata» aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA.
Andrés del Campo, presidente de Federación Nacional de Comunidades de Regantes, aprovechó un foro en el que tenía que intervenir también la ministra para expresar su preocupación porque el gobierno actual «esté aprovechando la necesidad de trasponer la DMA a la normativa nacional para realizar cambios sustanciales en la Ley de Aguas». Según el presidente de Fenacore «poner un precio al agua no es un mandato de la DMA, sino un nuevo impuesto que crearía indefensión a los usuarios y pérdida de competitividad para la agricultura española»