CRONICA EN VERDE.Desde el pasado lunes cualquier ciudadano puede consultar en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el documento con el que este organismo trata de promover un gran acuerdo en torno al agua en la principal cuenca andaluza. Por vez primera en la historia de la confederación se asumen planteamientos que hasta hace poco parecían reservados al movimiento ecologista y, sobre todo, se otorga un papel decisivo a la participación pública en la toma de decisiones.
Sevilla
La nueva cultura del agua, cuyos planteamientos estaban reservados hasta hace poco al movimiento ecologista y a aquellos sectores más comprometidos de la Universidad o los centros de investigación, ha terminado por empapar a algunos de los organismos que mayor resistencia oponía a esta corriente de pensamiento. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no sólo ha incorporado algunos de los planteamientos que apuestan por un aprovechamiento más sostenible de este recurso limitado sino que, incluso, trata ahora de romper con una larga tradición de opacidad informativa, en la que tenían difícil cabida el diálogo y el consenso.
Desde el pasado lunes, y después de haberlo sometido a la opinión del Consejo Andaluz del Agua, cualquier ciudadano puede consultar en la web de la confederación (www.chguadalquivir.es) el documento con el que este organismo trata de promover un gran acuerdo en torno al agua en la principal cuenca andaluza. A lo largo de una docena de páginas se establece un diagnóstico de la situación actual y se proponen diversas soluciones a diferentes problemas, invitando a los lectores a que incorporen las sugerencias que crean necesarias.
La propuesta parte del convencimiento de que la solución a los problemas que giran en torno al aprovechamiento del agua 'no se encuentra en el ámbito puramente hidráulico, sino en el más amplio de la política territorial, en el marco del desarrollo rural, con criterios económicos y sociales y en estrecha colaboración con la administración autonómica'. De esta manera se admite, al fin, que estamos en los últimos momentos de una etapa histórica en la que el déficit de agua tan sólo se ha venido resolviendo mediante planes de infraestructuras de regulación y trasvase, como si estos elementos fueran capaces de proporcionar recursos ilimitados.
La regulación superficial en la cuenca del Guadalquivir se sitúa en torno al 45% de los recursos hídricos naturales, por lo que no parece razonable, a juicio de la confederación, acometer la construcción de nuevas presas de cierta entidad. Tan sólo se admite la incorporación de La Breña y Arenoso, y, en determinadas circunstancias justificadas, la de Siles. Tampoco debería incrementarse el aprovechamiento de los recursos subterráneos, ya que numerosos acuíferos se explotan por encima de sus posibilidades de recarga, retirando cantidades cercanas, e incluso superiores, al 50% de sus recursos renovables.
En el documento se propone limitar la demanda de los regadíos y establecer medidas de ahorro, entre las que se citan el fomento en el uso de aguas recicladas, la modernización de las redes de abastecimiento urbano y agrícola, la correcta medición de los consumos o la limitación en el aprovechamiento de especies vegetales que demanden grandes cantidades de agua.
Como se venía reclamando desde los colectivos conservacionistas, el agua, defiende el documento, no puede separarse de los ecosistemas acuáticos a ella asociados, de tal manera que la gestión del recurso debe incorporar las necesarias cautelas ambientales. En situaciones de sequía, por ejemplo, se admite que además de garantizar las demandas básicas deben tratar de reducirse los efectos ambientales adversos, contemplando ambos factores en un plan de gestión de este tipo de situaciones, ciertamente frecuentes en la comunidad andaluza.
También se proponen diferentes mecanismos para garantizar la correcta depuración de las aguas residuales que se vierten a los cauces, ya que en la actualidad el 30% de los municipios de entre 15.000 y 100.000 habitantes carecen de plantas depuradoras, mientras que un buen número de instalaciones de este tipo registran un mal funcionamiento. A este aporte de residuos se une la contaminación difusa causada por malas prácticas agrícolas, cuyo efecto más grave es la presencia de diferentes sustancias químicas (abonos y productos fitosanitarios) en las aguas superficiales y subterráneas.
Más allá del clásico principio de 'quien contamina paga', la confederación propone uno más ambicioso por el que 'quien genere distorsiones o problemas de cualquier índole en la gestión del agua pague, a fin de compensar al resto de usuarios y a la sociedad en general'. Estos buenos propósitos, sin embargo, no podrán materializarse si este organismo no mejora sus mecanismos de vigilancia y control.
Entre otros instrumentos novedosos, el acuerdo que ahora se somete a la opinión de los ciudadanos propone la creación de bancos públicos del agua, donde atesorar este recurso para emplearlo en los usos más beneficiosos, comunidades de usuarios, capaces de autorregularse en el aprovechamiento de los acuíferos, o redes de control diseñadas para proporcionar información sobre el conjunto de recursos de la cuenca, ya sean superficiales o subterráneos.
El análisis de la CHG no oculta la degradación del dominio público hidráulico, considerando éste como algo más que 'un simple canal que transporta agua'. La invasión de los cauces, la minería a cielo abierto, las escombreras, las alteraciones de los lechos fluviales, la pérdida de las funciones ecológicas de ríos y humedales o la irregularidad de los caudales de mantenimiento de estos ecosistemas, son algunos de los problemas que se apuntan en lo que se refiere a la destrucción de este patrimonio común.
Esta es una de las principales preocupaciones de Ecologistas en Acción, que ya en junio solicitó a la ministra de Medio Ambiente un esfuerzo decidido en la protección del dominio público hidráulico. Aún cuando la actual legislación ampara este afán conservacionista, este colectivo estima que son más de 40.000 las construcciones ilegales que, en toda España, se levantan dentro de los cauces o en sus inmediatas zonas de influencia, y la cifra no para de crecer.
De estas construcciones, afirman los ecologistas, 'la mayoría son viviendas, aunque también existen un buen número de campings, polideportivos e, incluso, colegios'.
Ecologistas en Acción propone que, en el plazo de dos años, concluya el deslinde de la totalidad del dominio público hidráulico, y que en cinco años se eliminen todas las construcciones existentes en estas zonas, procediendo a la restauración ambiental de las mismas, La Guardia Civil, por último, debería intensificar la vigilancia en estos terrenos de manera que se paralicen las obras ilegales y se impongan las oportunas sanciones .
Un paso más en la conservación de estos espacios sería la creación de reservas fluviales en todos aquellos tramos de ríos 'con escasa o nula intervención humana'.