Las obras del Canal Segarra-Garrigues, la obra hidráulica de mayor envergadura acometida en Cataluña desde el siglo XIX y que afectará a unas 70.000 hectáreas de Lleida, están paradas desde hace casi un año por la falta de pago de los regantes, la mayoría de los cuales no han abonado una derrama de 30 euros por hectárea.
El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues, Carles Benet, ha explicado a EFE que sólo 1.100 regantes de los 15.500 que se prevé beneficien del canal han abonado hasta ahora los 30 euros por hectárea de terreno que se debían liquidar para atender a los compromisos financieros asumidos con el Estado.
Se da la circunstancia de que la estación de impulsión y conexión del pantano de Rialb con el futuro canal ya está casi finalizada pero no puede canalizar el agua dado que las obras del primer tramo del Segarra-Garrigues, que va desde Rialb hasta Ponts, no se han empezado.
Benet ha indicado que una de las soluciones para impulsar de nuevo la construcción del canal sería que la Generalitat abonase la aportación de los regantes mediante un aval u otro medio financiero y que, una vez construida esta infraestructura, los payeses abonasen su deuda.
Los regantes deben abonar 30 euros por hectárea de terreno para hacer frente a las obras de canalización hasta sus fincas, ha precisado el presidente de la Comunidad General, una condición que no se ha cumplido "por una campaña en contra impulsada por una asociación agrícola", ha afirmado.
El departamento de Agricultura de la Generalitat está estudiando, ha indicado Carles Benet, una solución a este tema pero la celebración de varias consultas electorales en el último año, con el cambio de gobierno en Cataluña, ha dificultado y retrasado la toma de decisiones.
Benet confía que las elecciones para escoger vocales de cada municipio para las colectividades de regantes y sus correspondiente presidentes ayuden a variar esta situación de 'impase' en la que se halla la construcción de esta emblemática obra y garantice su viabilidad.
Por su parte, fuentes del sindicato Unió de Pagesos han indicado a EFE que, para garantizar el futuro del canal, "es clave" que funcione cada una de las colectividades de regantes y que, desde la Junta de regantes, se impulsen cambios en la financiación del proyecto.
El sindicato afirma que, "como en cualquier otra infraestructura pública, la administración ha de asumir una buena parte de esta financiación, de la cual los futuros regantes no se habrían de hacer cargo hasta que el agua llegue a las fincas".
Actualmente, los regantes deben abonar un 50% de la financiación del canal principal del Segarra-Garrigues, que debe construir la administración del Estado, y un 30% de los canales auxiliares, que están a cargo de la Generalitat, lo que supone un monto de unos 6.000 euros por payés, según fuentes de UP.
Este canal es un proyecto con una larga trayectoria histórica y legislativa que se remonta en sus inicios al año 1959 pero es a partir de 1999 cuando recibe el impulso definitivo con la firma de diversos protocolos de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña, por un lado, y entre la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Comunidad de Regantes por otro.
El futuro canal tendrá una longitud de 85,4 kilómetros y conectará con la presa de l'Albagés (Lleida), que tampoco ha podido iniciarse por la paralización del canal principal del Segarra-Garrigues.