VALENCIA. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tendrá hoy que dar la cara ante la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, que se reúne en Madrid para dar cuenta de las alegaciones presentadas a los tres documentos remitidos por el Ministerio, en concreto la memoria económica del Real Decreto de derogación del trasvase; la memoria ambiental comparativa de las actuaciones urgentes en las cuencas del Mediterráneo y la alternativa al Plan Hidrológico Nacional; y la propuesta de modificación de la Ley de Aguas.

Entre dichas alegaciones, se encuentra el crítico informe de la Generalitat, que no tiene representación en dicho órgano de gobierno del Consejo Nacional del Agua, aunque las tesis valencianas será defendidas por los integrantes de Murcia en la Comisión Permanente.

De esta forma, Narbona tendrá que responder a las acusaciones del Consell sobre «manipulación de datos» de «frecuente uso» por parte de su Ministerio en «su afán por demoler los planteamientos del PHN y justificar la derogación del trasvase», para lo cual el Gobierno central ofrece una «imagen distorsionada, por complaciente y triunfalista, de la desalación». El documento de la Generalitat advierte que esta actitud «resulta inquietante» por la «ceguera» que muestra ante los efectos «negativos, serios y reales» que pueda tener la desalación a gran escala en el litoral mediterráneo «por la despreocupación hacia la dependencia tecnológica y energética de la desalación, que incrementa la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento» y también por «la falta absoluta de atención a las dificultades que plantea el uso del agua desalada en lugares alejados de la costa y situados a gran altura sobre el nivel del mar o en aplicaciones distintas al abastecimiento urbano».

Críticas por doquier

Las alegaciones redactadas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes reparten críticas a diestro y siniestro. De la mencionada Memoria Económica plantea que es un documento «desprovisto de todo valor» como análisis económico del conjunto de medidas que se recogen en el mismo, que «no aporta ningún elemento de juicio para un análisis comparativo entre la viabilidad económica de dichas medidas y la del trasvase del Ebro», que además «se limita a reproducir, una vez más, la lista de actuaciones que durante medio año, en sucesivas versiones y con diferentes denominaciones, pero sin ninguna explicación hasta el momento, viene exhibiendo el Ministerio en sus numerosas campañas mediáticas».

La Memoria Ambiental tampoco queda en buen lugar. Según la Generalitat, se trata de un «documento improvisado, descuidado en la forma y carente de valor en su contenido», que no responde a más finalidad que «la de dar una mera apariencia de justificación a las decisiones plasmadas en el Real Decreto, pero que ya desde su mismo título da una clara idea de la ligereza, el apresuramiento y la falta de rigor con el que ha sido confeccionado».

La Ley de Aguas

La propuesta de modificar la actual Ley de Aguas tampoco se libra del látigo del Consell. En su opinión, es un documento «completamente insuficiente» para que el Consejo Nacional del Agua se pronuncie porque sólo recoge mas que «algunos principios muy generales y declaraciones abstractas, carentes de todo contenido concreto».

Ante este cúmulo de reiteradas críticas, no es difícil suponer que las conclusiones de las alegaciones de la Generalitat es que el Ministerio de Medio Ambiente no ha elaborado, en general, «ningún documento que pueda servir para, al menos, dar una apariencia de objetividad y de fundamentación técnicamente solvente a una decisión de tanta transcendencia para los territorios afectados» por la derogación del trasvase.

Sobre los tres textos citados, en concreto, las conclusiones incide en que son documentos «de valor prácticamente nulo, plagados de argumentaciones simplistas y afirmaciones carentes de justificación, sin base empírica ni apoyo en estudios técnicamente rigurosos que se conozcan y con frecuente uso de datos manipulados». A juicio del Consell, se confirma que «el Gobierno de la Nación carece de una verdadera política del agua alternativa a la que se había plasmado, después de un largo y provechoso proceso de estudio y de discusión pública a todos los niveles, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional». Por todo ello, concluye que, «ante la ausencia de razones, se ha sustituido la reflexión por la urgencia, y el diálogo por la imposición».

Tras la argumentación realizada en 18 folios, la Generalitat hace constar su rechazo a la derogación del trasvase realizada por el Gobierno del PSOE «sin disponer de la más mínima base objetiva que justifique tal decisión, sumamente perjudicial para la Comunidad Valenciana»; solicita que se paralice el proyecto de Ley actualmente en tramitación en el Congreso e insta a la derogación del Real Decreto que, a su vez, paralizaba el trasvase; exige que se presenten al Consejo Nacional de Agua los estudios en los que quede «clara y rigurosamente» justificada la viabilidad económica, social y ambiental del programa AGUA; y manifiesta la «total innecesariedad» de reformar la Ley de Aguas.