PARLIAMENT-COMPENSATION. Approved compensations to CCAA by damages, fires and floods

Fri, 01/10/2004

EFE

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por práctica unanimidad un Real Decreto-Ley por el que se adoptan una serie de medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y los incendios que se han producido en los últimos meses en Aragón, Cataluña, Andalucía, Navarra y Valenciana.
Aunque el Real Decreto contó con el voto favorable de todos los grupos, la petición del PP y de CiU de que el mismo fuese tramitado como proyecto de ley para poder introducir enmiendas al proyecto decayó tras dos votaciones sucesivas en las que se produjo un empate de los votos a favor y en contra.
Las medidas que incluye el Real Decreto afectan al ámbito de competencias de diferentes Ministerios: Presidencia, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, según explicó la ministra de Agricultura, Elena Espinosa.
El Real Decreto Ley pretende hacer frente a los incendios e inundaciones que se han producido en los últimos meses y que dejaron varias víctimas mortales.
El texto contempla excepcionalmente la concesión de una ayuda de 18.000 euros a los familiares de las personas fallecidas, lo que supone una ampliación de 3.000 euros respecto del régimen ordinario previsto, y se elimina el requisito para percibir las ayudas de que la renta familiar sea igual al Salario Mínimo Interprofesional (o superior en función del número de miembros de la familia).
Igualmente, con carácter excepcional, las ayudas por daños en vivienda se elevan de 9.000 euros hasta un máximo de 24.000 euros y se eliminan también todas las limitaciones basadas en el nivel de renta.
Se prevé financiar hasta un máximo del 50 por cien las obras de reparación de todo tipo de infraestructuras de titularidad municipal. Las dotaciones presupuestarias excepcionales incluidas en el Decreto para este asunto ascienden a quince millones de euros.
El Real Decreto incluye, además, una amplia línea de créditos preferenciales para reparar todas las instalaciones que hayan resultado dañadas como consecuencia de los incendios e inundaciones, y se incrementa la dotación (veinte millones de euros) respecto a normas anteriores.
En cuanto a los beneficios fiscales, se incluye un catálogo de medidas y se contempla la celebración de convenios entre las distintas administraciones para la aplicación del decreto.
Asimismo, se crea una Comisión Interministerial donde participarán tanto las instancias centrales de diversos Ministerios como los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas afectadas para poner en marcha de inmediato las medidas previstas.
La ministra destacó la "rapidez" con la que se aprueba este decreto, aseguró que la "magnitud de los hechos y sus consecuencias" obligan al Gobierno "por solidaridad y aplicación del principio de equidad" a la adopción inmediata de medidas, y destacó la necesidad de que las zonas afectadas "vuelvan a la normalidad" lo antes posible y de paliar el impacto económico y social en las mismas.
La portavoz del PP, Alicia Sánchez, que votó a favor la aprobación del decreto aunque vio como decaía su petición de tramitar el texto como proyecto de ley para incluir en el mismo a Extremadura y Galicia y para declarar zonas catastróficas las zonas afectadas de las provincias de Huelva y Sevilla, calificó este decreto de "poco generoso", insuficiente en las cuantías y tardío en el tiempo.
Josep María Guinart, de CiU, pidió también la tramitación del texto como proyecto de ley con el fin de poder incluir también ayudas para el reciente incendio del Parque Natural del Montgrí, que ha arrasado 300 hectáreas, aunque votó a favor del Decreto Ley.
Francesc Canet, de ERC, pidió que estas medidas se apliquen en coordinación con las CCAA; José Ramón Beloki, del PNV, solicitó la elaboración de un nuevo modelo de ayudas para catástrofes naturales que se adapte a las circunstancias en contenido y procedimientos, petición en la que coincidió con el representante de CHA, José Antonio Labordeta, mientras que Usue Barkos, de Nafarroa-Bai, vio "poco ambiciosas" las ayudas.