Bilbao. El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia ha aplazado hasta noviembre las negociaciones para vender sus inversiones en Uruguay, con graves problemas desde hace tres años por la mala situación económica en este país. La entidad de aguas esperará al resultado de las elecciones presidenciales uruguayas, previstas para finales de octubre, para intentar desprenderse de su participación en el abastecimiento y saneamiento del agua en la zona más turística del país suramericano. El consorcio también quiere vender su negocio en la capital argentina de Buenos Aires.
La entidad encargada del abastecimiento y saneamiento de agua de 54 municipios vizcaínos (el 90% de la población del territorio y casi la mitad de Euskadi) desembarcó en 1999 en los dos países suramericanos. Desde entonces se encarga del saneamiento y abastecimiento de 1,7 millones de personas en Buenos Aires y de otros 375.000 residentes en la zona más turística de Uruguay (Punta del Este, Maldonado y Piriápolis).
Pero el negocio, que al principio tenía buenas perspectivas, se truncó por la recesión económica en los dos países. En Argentina el problema era la elevada morosidad -se llegó a una situación en que el 40% de los usuarios no pagaban la factura del agua- y en Uruguay, los inconvenientes tenían raíces más profundas: la devaluación del peso hizo inviable la concesión, porque el consorcio cobraba a los usuarios en la moneda uruguaya pero pagaba al Gobierno en dólares.
El pasado año la entidad decidió iniciar las negociaciones para vender ambas inversiones: en Uruguay posee el 15% de una sociedad integrada también por Iberdrola (49%), BBK (25%) y la SPRI (13%) y en Argentina cuenta con el 3,3% de la firma en la que se integran también la BBK, la SPRI, la constructora ACS y la firma italiana Impregilo. Las negociaciones se iniciaron tras una polémica que todavía subsiste en el Consorcio Bilbao-Bizkaia sobre las cuentas en ambas sociedades. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas reveló que, en octubre de 2002, las pérdidas superaban los 1,4 millones de euros, mientras que el consorcio afirmó que el pasado año el déficit sólo alccanzó los 140.000 euros. Los últimos datos de la entidad, referidos a 2003, hablan de pérdidas por 69.000 euros.
Canon de medio millón
El nuevo gerente del Consorcio Bilbao-Bizkaia, Pedro Barreiro, ha viajado a principios de mes a Uruguay para negociar la venta de la participación de la entidad. Pero no ha habido avances. Barreiro dijo a este periódico que, debido a las elecciones presidenciales de finales de octubre, se ha decidido aplazar los contactos hasta noviembre. 'Por ahora no tenemos nada más que decir', aseveró el gerente.
El asunto podría plantearse en la próxima asamblea del consorcio, prevista para octubre, cuando Barreiro estrenará su nuevo cargo ante los representantes de la entidad, tras ser nombrado el pasado julio.
La entidad de aguas abona ahora al Gobierno uruguayo un canon mensual superior al medio millón de euros y en los dos últimos años ha querido renegociar esta cantidad a la baja. El contrato suscrito incluye además una indemnización de 20 millones de euros al Ejecutivo del país suramericano en caso de rescisión por parte de los adjudicatarios, lo que coloca a la entidad vizcaína en una difícil situación para abandonar el negocio. Los contactos no han tenido éxito, en parte también por los problemas del servicio. La sociedad en la que participa el consorcio no ofreció, al principio de la concesión, agua durante 72 horas en plena época turística y se enfrentó a una alerta sanitaria que llevó a las autoridades a recomendar que se hirviera el agua.
El presidente de la entidad de aguas, Ibon Areso, ha asegurado que ahora la mayor parte del cobro de los recibos a los uruguayos se utiliza para el pago del canon.
En cuanto a Argentina, la situación ha mejorado con la recuperación económica del país, aunque también se quiere vender la participación. En este caso, el problema ha sido la fusión de Dragados, que se interesó por la compra, con la constructora ACS, lo que ha paralizado las negociaciones.
La expansión en el extranjero fue criticada desde el principio por los partidos de la oposición en la asamblea del consorcio. El último informe del Tribunal de Cuentas, que auditó la gestión de la entidad entre 1997 y 2001, rechazaba estos planes porque carecieron de 'informes jurídicos y económicos preceptivos' y porque no fueron incluidos en los presupuestos. Agregaba que estos incumplimientos 'incapacitaban al Consorcio' para actuar en el extranjero e insistía en que sólo puede funcionar 'en el ámbito territorial de actuación' de sus municipios integrados, como establece la norma vizcaína de entidades supramunicipales.