Narbon's report is considered "scarce" and "ridicule" by farmers, Commercial Institute and ecologists Irrigators, Chambers of Commerce and ecologists called "superficial" and "little serious" Narbona´s report
Fri, 24/09/2004
Los miembros del Consejo Nacional del Agua consultados reclaman más datos y que los técnicos que han hecho la Memoria Ambiental expliquen el proyecto
MADRID. Documento muy general, superficial, poco serio e, incluso, «chapuza técnica» fueron algunos de los calificativos que miembros del Consejo Nacional del Agua consultados por este periódico utilizaron para describir la Memoria Ambiental elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se comparan las actuaciones propuestas por el Gobierno y el trasvase del Ebro ya derogado. Las críticas al documento vinieron no sólo de las Comunidades Autónomas afectadas por la derogación del trasvase, sino también por otros miembros del Consejo Nacional del Agua, como son las cámaras de comercio, las organizaciones ecologistas y los regantes. Aunque sus críticas se plasmarán en los próximos días en alegaciones concretas -algunos ya las han presentado-, para que después sea la Comisión Permanente de este órgano asesor la que emita un informe en un plazo de poco más de dos semanas, ayer hicieron algunas consideraciones sobre los aspectos más relevantes del citado documento.
La conclusión general es que se trata de un análisis escueto en el que faltan demasiados datos y que enfrenta magnitudes en muchos casos incomparables. En el primer aspecto, Julio Barea, responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace, aseguró que se trata de «un «super» resumen de lo que debe ser una memoria de este tipo» de «sólo 19 páginas para un proyecto (Programa A.G.U.A.) cifrado en casi 3.800 millones de euros». Pero sobre todo «echamos de menos un estudio de las necesidades reales de agua en la costa mediterránea, y nos sorprende que la ministra proponga 1.063 hectómetros cúbicos cuando antes decía que la la cifra del trasvase estaba inflada».
Necesidades reales de agua
En este mismo aspecto, aunque desde distinta perspectiva, abundaron también el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. El primero señaló que «Narbona ha eliminado el tratamiento de la enfermedad del Segura, el trasvase, sin conocer el diagnóstico, es decir, el déficit estructural de la cuenca», en referencia al reconocimiento que se hace en el documento en cuanto a que no se tienen evaluadas las necesidades reales de agua en el arco mediterráneo. Por su parte, Pedro García-Balibrea, vocal del Consejo Nacional del Agua en representación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, subraya en las alegaciones que ha presentado el contrasentido de afirmar la falta de evaluación de las necesidades reales de agua, «máxime cuando los diversos planes de Cuenca establecen adecuadamente el déficit hídrico de las cuencas mediterráneas».
Asimismo, desde las cámaras de comercio se incide en que el documento enfrenta magnitudes incomparables: «Los datos de volúmenes de agua para establecer la comparación no son los equivalentes de ambas soluciones, sino que permanentemente se utilizan los del trasvase en perjuicio de éste, en cualquiera de los cálculos que se realizan». Y pone un ejemplo: «Se comparan los consumos energéticos totales de los 1.050 hectómetros cúbicos del trasvase con los correspondientes a los 621 que se proponen por desalación».
Precisamente la cuestión del consumo energético de las desaladoras la resaltó también el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco. En el documento elaborado por el Ministerio se reconoce que «el consumo unitario energético de la desalación (4 kWh/m3) es mayor que el del trasvase (3,5 kWh/m3». Blasco asegura que «esto demuestra que la ministra Cristina Narbona no tenía una alternativa al trasvase cuando decía que podía presentar informes a la Comisión Europea que demostraban las ventajas de las desaladoras y que, por lo tanto, justificaban la derogación del trasvase del Ebro».
El otro aspecto en el que el Ministerio «compara» las actuaciones alternativas y el trasvase tiene que ver con la ocupación del suelo y el movimiento de tierras. En este sentido, las alegaciones del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio son bien claras: «Se ha medido la ocupación de las obras del trasvase en el anteproyecto de Trasagua. ¿Dónde se ha medido la ocupación de las desaladoras?». Y es que la memoria ambiental hace este cálculo a partir de los datos de la desaladora de Alicante «en el que sólo se incluye la parcela cerrada donde se encuentra la planta», dice García-Balibrea. «Sólo se les olvida -continúa- que para distribuir el agua es necesario hacer una red, en la que incluyen la red de tuberías, embalses de regulación, depósitos, impulsores, etc...». «Nada de esto ha sido considerado en la memoria presentada por la señora ministra, por lo que debería devolver el documento a sus autores para que hagan bien las comparaciones». Y añade: «En resumen, consideramos que los parámetros cuantificables están completamente tergiversados en la memoria presentada». Se puede decir más alto pero no más claro.
«Alguien se ha equivocado»
En el mismo sentido, el consejero de Agua de Murcia, quien califica el informe de «chapuza técnica», dijo a ABC que piensan pedir que en la próxima reunión del Consejo Nacional del Agua «los técnicos que han hecho esta memoria, que no es seria ni nada, la expliquen y lo mismo con los que hicieron la memoria del PHN». «Alguien se ha equivocado -añadió- o los técnicos de antes o los asesores de la llamada Nueva Cultura del Agua», si bien insistió en que «la ministra menosprecia constantemente la profesionalidad y el rigor de los técnicos que elaboraron los estudios del PHN».
La rigurosidad de los datos fue también puesta en entredicho por el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, quien dijo que los datos «resultan muy superficiales, poco convincentes», si bien insistió en que están «abiertos a seguir analizando datos y comprobar la veracidad de los que se han ofrecido» hasta el momento. Y es que, a su juicio, «no se justifica en ningún momento la viabilidad de las actuaciones propuestas por el Ministerio» y se mostró «preocupado» porque «tantas incertidumbres en las soluciones alternativas puedan suponer otra paralización del PHN, cuando cada vez está más cerca la próxima sequía».
En cuanto a la memoria económica, de 25 folios, que también remitió Medio Ambiente al Consejo Nacional del Agua, ninguno de sus miembros consultados se extiende pues, en palabras de Cerdá, son «los mismos papeles que ha presentado durante seis meses».
MADRID. Documento muy general, superficial, poco serio e, incluso, «chapuza técnica» fueron algunos de los calificativos que miembros del Consejo Nacional del Agua consultados por este periódico utilizaron para describir la Memoria Ambiental elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se comparan las actuaciones propuestas por el Gobierno y el trasvase del Ebro ya derogado. Las críticas al documento vinieron no sólo de las Comunidades Autónomas afectadas por la derogación del trasvase, sino también por otros miembros del Consejo Nacional del Agua, como son las cámaras de comercio, las organizaciones ecologistas y los regantes. Aunque sus críticas se plasmarán en los próximos días en alegaciones concretas -algunos ya las han presentado-, para que después sea la Comisión Permanente de este órgano asesor la que emita un informe en un plazo de poco más de dos semanas, ayer hicieron algunas consideraciones sobre los aspectos más relevantes del citado documento.
La conclusión general es que se trata de un análisis escueto en el que faltan demasiados datos y que enfrenta magnitudes en muchos casos incomparables. En el primer aspecto, Julio Barea, responsable de la Campaña de Aguas de Greenpeace, aseguró que se trata de «un «super» resumen de lo que debe ser una memoria de este tipo» de «sólo 19 páginas para un proyecto (Programa A.G.U.A.) cifrado en casi 3.800 millones de euros». Pero sobre todo «echamos de menos un estudio de las necesidades reales de agua en la costa mediterránea, y nos sorprende que la ministra proponga 1.063 hectómetros cúbicos cuando antes decía que la la cifra del trasvase estaba inflada».
Necesidades reales de agua
En este mismo aspecto, aunque desde distinta perspectiva, abundaron también el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. El primero señaló que «Narbona ha eliminado el tratamiento de la enfermedad del Segura, el trasvase, sin conocer el diagnóstico, es decir, el déficit estructural de la cuenca», en referencia al reconocimiento que se hace en el documento en cuanto a que no se tienen evaluadas las necesidades reales de agua en el arco mediterráneo. Por su parte, Pedro García-Balibrea, vocal del Consejo Nacional del Agua en representación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, subraya en las alegaciones que ha presentado el contrasentido de afirmar la falta de evaluación de las necesidades reales de agua, «máxime cuando los diversos planes de Cuenca establecen adecuadamente el déficit hídrico de las cuencas mediterráneas».
Asimismo, desde las cámaras de comercio se incide en que el documento enfrenta magnitudes incomparables: «Los datos de volúmenes de agua para establecer la comparación no son los equivalentes de ambas soluciones, sino que permanentemente se utilizan los del trasvase en perjuicio de éste, en cualquiera de los cálculos que se realizan». Y pone un ejemplo: «Se comparan los consumos energéticos totales de los 1.050 hectómetros cúbicos del trasvase con los correspondientes a los 621 que se proponen por desalación».
Precisamente la cuestión del consumo energético de las desaladoras la resaltó también el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco. En el documento elaborado por el Ministerio se reconoce que «el consumo unitario energético de la desalación (4 kWh/m3) es mayor que el del trasvase (3,5 kWh/m3». Blasco asegura que «esto demuestra que la ministra Cristina Narbona no tenía una alternativa al trasvase cuando decía que podía presentar informes a la Comisión Europea que demostraban las ventajas de las desaladoras y que, por lo tanto, justificaban la derogación del trasvase del Ebro».
El otro aspecto en el que el Ministerio «compara» las actuaciones alternativas y el trasvase tiene que ver con la ocupación del suelo y el movimiento de tierras. En este sentido, las alegaciones del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio son bien claras: «Se ha medido la ocupación de las obras del trasvase en el anteproyecto de Trasagua. ¿Dónde se ha medido la ocupación de las desaladoras?». Y es que la memoria ambiental hace este cálculo a partir de los datos de la desaladora de Alicante «en el que sólo se incluye la parcela cerrada donde se encuentra la planta», dice García-Balibrea. «Sólo se les olvida -continúa- que para distribuir el agua es necesario hacer una red, en la que incluyen la red de tuberías, embalses de regulación, depósitos, impulsores, etc...». «Nada de esto ha sido considerado en la memoria presentada por la señora ministra, por lo que debería devolver el documento a sus autores para que hagan bien las comparaciones». Y añade: «En resumen, consideramos que los parámetros cuantificables están completamente tergiversados en la memoria presentada». Se puede decir más alto pero no más claro.
«Alguien se ha equivocado»
En el mismo sentido, el consejero de Agua de Murcia, quien califica el informe de «chapuza técnica», dijo a ABC que piensan pedir que en la próxima reunión del Consejo Nacional del Agua «los técnicos que han hecho esta memoria, que no es seria ni nada, la expliquen y lo mismo con los que hicieron la memoria del PHN». «Alguien se ha equivocado -añadió- o los técnicos de antes o los asesores de la llamada Nueva Cultura del Agua», si bien insistió en que «la ministra menosprecia constantemente la profesionalidad y el rigor de los técnicos que elaboraron los estudios del PHN».
La rigurosidad de los datos fue también puesta en entredicho por el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, quien dijo que los datos «resultan muy superficiales, poco convincentes», si bien insistió en que están «abiertos a seguir analizando datos y comprobar la veracidad de los que se han ofrecido» hasta el momento. Y es que, a su juicio, «no se justifica en ningún momento la viabilidad de las actuaciones propuestas por el Ministerio» y se mostró «preocupado» porque «tantas incertidumbres en las soluciones alternativas puedan suponer otra paralización del PHN, cuando cada vez está más cerca la próxima sequía».
En cuanto a la memoria económica, de 25 folios, que también remitió Medio Ambiente al Consejo Nacional del Agua, ninguno de sus miembros consultados se extiende pues, en palabras de Cerdá, son «los mismos papeles que ha presentado durante seis meses».