Cristina Narbona (spanish environmental minister) achieves big changes about Laws of waters for applying her proceedings.
Mon, 20/09/2004
Todos los caudales desalinizados serán públicos, subirá las tarifas según el beneficio económico y exigirá contadores en todas las canalizaciones
M. BUITRAGO/MURCIA
Las reformas del Ministerio de Medio Ambiente no se limitan a eliminar el trasvase del Ebro, sino que la cuenca del Segura tendrá que apretarse más el cinturón. La subida del precio del agua, acorde con el beneficio económico que se obtenga; la declaración de todas las aguas de mar desalinizadas como bienes de dominio público; la instalación de contadores para controlar los caudales; el aumento de la policía fluvial; y la obligatoriedad de que los nuevos planes urbanísticos se adapten a las disponibilidades de agua constituyen las cinco principales modificaciones que quiere introducir el Ministerio de Medio Ambiente en la Ley de Aguas, las cuales ya han levantado las primeras protestas de los regantes y de las organizaciones de consumidores.
Estas reformas tendrán unas consecuencias directas en el tejido económico asociado al agua en la Región de Murcia, en el futuro desarrollo urbanístico y en los bolsillos de los consumidores, puesto que por tratarse de una cuenca estructuralmente deficitaria la nueva política de recuperación de costes -según la normativa europea- hará más gravoso obtener y transportar el agua. No así en las otras cuencas hidrográficas, donde existen excedentes.
La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechará la tramitación parlamentaria del real decreto que derogó el trasvase del Ebro para «incorporar un conjunto reducido de modificaciones que no admiten demora». Según las notas a las que ha tenido acceso La Verdad, y que fueron entregadas días atrás a los vocales del Consejo Nacional del Agua para que las incluyan en su dictamen, la ministra sostiene que estas reformas no pretenden un cambio integral de la Ley de Aguas -cosa que hará más adelante-, si bien el consejero murciano de Medio Ambiente ha señalado que no se trata de inocentes modificaciones, sino de cambios de mucho calado «que no pueden presentarse como simples notas al Consejo Nacional del Agua».
Narbona, según dicho documento, considera estas nuevas reformas como un «complemento indispensable» de su plan de actuaciones urgentes, sin las cuales no podría llevarlo a cabo. Asimismo, y en paralelo, el programa AGUA para los próximos cuatro años incorporará otras reformas anunciadas con anterioridad, como la creación de un banco público del agua en cada cuenca hidrográfica «que permitirá reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad».
Obligados por Europa
El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que la subida gradual del agua afectará exclusivamente a las nuevas obras de infraestructura, y que la política de recuperación de costes viene obligada por la legislación europea, que pretende equiparar la gestión del agua en todo el territorio de la Unión antes del año 2010. «No es la ministra de Medio Ambiente la que sube los precios del agua, es la Directiva europea», declaró Cristina Narbona el pasado 30 de agosto en Santander.
El Ministerio propuso en julio unas nuevas tarifas de agua que, en el caso de los regadíos, oscilará entre los 0,12 y 0,30 euros el metro cúbico. Más altas que las tarifas del trasvase Tajo-Segura, que se consideran las más caras de España, y que ascienden a 0,09 euros el metro cúbico. Para los abastecimientos, principalmente con fines turísticos, la propuesta del Ministerio casi triplica el precio que se abona actualmente a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Este organismo cobra una tarifa única de 0,30 euros por cada metro cúbico que vende a los ayuntamientos.
M. BUITRAGO/MURCIA
Las reformas del Ministerio de Medio Ambiente no se limitan a eliminar el trasvase del Ebro, sino que la cuenca del Segura tendrá que apretarse más el cinturón. La subida del precio del agua, acorde con el beneficio económico que se obtenga; la declaración de todas las aguas de mar desalinizadas como bienes de dominio público; la instalación de contadores para controlar los caudales; el aumento de la policía fluvial; y la obligatoriedad de que los nuevos planes urbanísticos se adapten a las disponibilidades de agua constituyen las cinco principales modificaciones que quiere introducir el Ministerio de Medio Ambiente en la Ley de Aguas, las cuales ya han levantado las primeras protestas de los regantes y de las organizaciones de consumidores.
Estas reformas tendrán unas consecuencias directas en el tejido económico asociado al agua en la Región de Murcia, en el futuro desarrollo urbanístico y en los bolsillos de los consumidores, puesto que por tratarse de una cuenca estructuralmente deficitaria la nueva política de recuperación de costes -según la normativa europea- hará más gravoso obtener y transportar el agua. No así en las otras cuencas hidrográficas, donde existen excedentes.
La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprovechará la tramitación parlamentaria del real decreto que derogó el trasvase del Ebro para «incorporar un conjunto reducido de modificaciones que no admiten demora». Según las notas a las que ha tenido acceso La Verdad, y que fueron entregadas días atrás a los vocales del Consejo Nacional del Agua para que las incluyan en su dictamen, la ministra sostiene que estas reformas no pretenden un cambio integral de la Ley de Aguas -cosa que hará más adelante-, si bien el consejero murciano de Medio Ambiente ha señalado que no se trata de inocentes modificaciones, sino de cambios de mucho calado «que no pueden presentarse como simples notas al Consejo Nacional del Agua».
Narbona, según dicho documento, considera estas nuevas reformas como un «complemento indispensable» de su plan de actuaciones urgentes, sin las cuales no podría llevarlo a cabo. Asimismo, y en paralelo, el programa AGUA para los próximos cuatro años incorporará otras reformas anunciadas con anterioridad, como la creación de un banco público del agua en cada cuenca hidrográfica «que permitirá reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad».
Obligados por Europa
El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que la subida gradual del agua afectará exclusivamente a las nuevas obras de infraestructura, y que la política de recuperación de costes viene obligada por la legislación europea, que pretende equiparar la gestión del agua en todo el territorio de la Unión antes del año 2010. «No es la ministra de Medio Ambiente la que sube los precios del agua, es la Directiva europea», declaró Cristina Narbona el pasado 30 de agosto en Santander.
El Ministerio propuso en julio unas nuevas tarifas de agua que, en el caso de los regadíos, oscilará entre los 0,12 y 0,30 euros el metro cúbico. Más altas que las tarifas del trasvase Tajo-Segura, que se consideran las más caras de España, y que ascienden a 0,09 euros el metro cúbico. Para los abastecimientos, principalmente con fines turísticos, la propuesta del Ministerio casi triplica el precio que se abona actualmente a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Este organismo cobra una tarifa única de 0,30 euros por cada metro cúbico que vende a los ayuntamientos.