El Gobierno implantará de una forma gradual la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras relacionadas con la utilización de este recurso que se construyan en el futuro.
Así lo comunicó hoy a un grupo de periodistas la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, en la que se debatirá el Plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase del Ebro.
Al ser preguntada sobre si estas medidas supondrán un aumento del precio del agua, la ministra aclaró que cualquier cambio en el régimen económico y financiero referido a las tarifas del agua afectará "exclusivamente" a las obras futuras.
Narbona explicó que esta implantación del principio de recuperación de costes en todas las obras que se aprueben a partir de ahora se aplicará de una forma "gradual" y observó que el régimen económico y fiscal, que data de 1985, es "insuficiente".
La ministra descartó que el nuevo régimen fiscal vaya a tener carácter retroactivo y recordó que la UE obligará en 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua todos los costes relacionados con su uso.
Entre esos costes, la ministra citó, además de los que se dedican a la obtención y el tratamiento de las aguas, los costes ambientales que derivan de la utilización de este recurso, y dijo que esos costes son "muchísimo más altos que los que existen en estos momentos, y sobre todo mucho más altos que lo que se paga de verdad por el agua".
Narbona abogó por ello por aprovechar el proceso hasta el año 2010 para hacer una aproximación "gradual" y que todos los sectores incorporen la "corresponsabilidad" que exige la normativa europea.
"No se trata en absoluto de introducir desde ahora una repercusión total de todos los costes del agua, pero sí de avanzar respecto a un régimen económico y financiero que es a todas luces insuficiente, y que en muchos casos ni siquiera se aplica en la práctica", aseveró Narbona.
La ministra destacó la oportunidad de la reunión del Consejo Nacional el Agua al coincidir con el inicio de la tramitación parlamentaria del decreto ley que derogó el trasvase del Ebro e impulsa un conjunto de 105 actuaciones alternativas en la cuenca mediterránea.
El plazo de presentación de enmiendas a este proyecto se ha interrumpido al pedir el Grupo Popular que previamente se sucedan en el Congreso varias comparecencias, y la ministra celebró que ello vaya a provocar un debate sobre política del agua en el parlamento.
Al tramitarse como un proyecto de ley se podrán incorporar al mismo algunas cuestiones que según la ministra son "imprescindibles", y citó entre éstas la posibilidad de regular de una forma "nítida" que todas las aguas procedentes de procesos de desalinización tendrán carácter público.
Según Narbona "las aguas desaladas no están contempladas con demasiada nitidez en el marco legislativo actual".
También planteó la ministra en el Consejo la oportunidad de que las confederaciones hidrográficas emitan informes previos a la definición de nuevos planes urbanísticos, y observó que en muchas ocasiones estos planes no contemplan la disponibilidad de agua efectiva "y eso lleva a que se generan expectativas y tensión sobre los recursos hídricos".
En el Consejo Nacional del Agua la ministra corroboró la oposición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y en especial la de los gobiernos valenciano y murciano.
Sí respaldaron las medidas anunciadas por el Ministerio los representantes de las organizaciones ecologistas, que consideraron "una noticia histórica" la derogación del trasvase de aguas desde el Ebro a varios puntos del litoral mediterráneo.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Baraja, manifestó a EFE que esa derogación supone ·un gran logro ambiental", y opinó que los nuevos responsables del Ministerio están llevando racionalidad a una política que era ya bastante irracional".