La Generalitat de Cataluña quiere que la próxima reforma del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que ya ha sido anunciada por el Gobierno central, le vuelva a dar la llave de los caudales del Ebro. Además, renuncia expresamente a la interconexión de Tarragona con las cuencas internas del Ter y del Llobregat, lo que aleja definitivamente el fantasmas trasvase. Sin embargo, que la decisión final sobre los caudales del Delta quede en manos de Cataluña podría tener importantes repercusiónes sobre las obras hidráulicas de toda la cueca, especialmente sobre las previstas en el Pacto del Agua.

Según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milá, el Ejecutivo catalán presentará durante el trámite parlamentario algunas enmiendas a este texto, que se reformará por medio de un real decreto legislativo (la misma fórmula por la que se derogó el trasvase). La principal de estas propuestas consiste en revitalizar el denominado Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE) y que sea este organismo el encargado de fijar los caudales ambientales que necesita la desembocadura del río en cada momento.
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Esta prerrogativa ya estaba recogida en el PHN aprobado en 2001, dado que fue introducida en una enmienda presentada por CiU. Pero el PP la eliminó por medio de otra enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2003, cuando la Generalitat de Cataluña, entonces en manos de CiU, se negó a fijar un caudal ambiental que permitiera ejecutar el trasvase. El organismo, si no se incluye alguna reforma, está compuesto de forma paritaria por representantes del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña exclusivamente, pero el presidente, designado desde Barcelona, cuenta con un voto de calidad que da el control efectivo al Ejecutivo catalán.

Esta llave del Ebro se interpretó en su momento desde el Gobierno de Aragón como una garantía contra el trasvase, y más cuando el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, giró sus posiciones y pasó a rechazar decididamente el trasvase del Ebro. No obstante, algunos especialistas en derecho del agua, como Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, advirtieron que la medida podría volverse en contra de los proyectos de aprovechamiento hidráulico que existen en el resto de la cuenca del Ebro.

Todos los usos quedarían supeditados a este caudal ambiental y llegarían a estar en peligro cuanto más alto fuera. Los proyectos más afectados serían los embalses recogidos en el Pacto del Agua, dado que son los más importantes en cuanto a regulación de los que se encuentran pendientes de ejecución dentro de la cuenca del Ebro. También podría afectar a la puesta en riego de miles de hectáreas, algo que incluso fue reconocido por el anterior Ejecutivo catalán y por diversos especialistas.

Fanlo explicó que este organismo quedaba fuera de la Constitución por impedir que ocho de las Comunidades de la cuenca del Ebro pudieran participar en una de las decisiones más importantes en la gestión del río. Todo ello sería contrario también al Plan Hidrológico del Ebro.

La pugna está servida. El Ejecutivo central adquirió una serie de compromisos con la Generalitat de Cataluña cuando se fijo la derogación del trasvase. La primera reforma del PHN sirvió para derogar el trasvase y esta segunda se pretende utilizar para incluir en el texto legal una serie de medidas alternativas, así como las medidas de protección del Delta.
Trasvase descartado
La segunda enmienda más importante que quiere introducir la Generalitat es el rechazo a la interconexión entre el Consorcio de Aguas de Tarragona y las cuencas del ter y del Llobregat. Aunque esta conexión no suponía un incremento de los caudales que se detraen del Ebro por medio del denominado minitrasvase a Tarragona, al obra implicaba que las cuencas internas de Cataluña comenzaran a tener una dependencia de este río. Milá ha dejado claro que el Gobierno catalán no está interesado en este proyecto.

A cambio, eso sí, la Generalitat pretende decidir el destino final de los fondos europeos que se habían solicitado para el trasvase a Barcelona.

El Gobierno catalán también ha anunciado su intención de proponer algunas modificaciones en la actual Ley de Aguas, especialmente en lo que se refiere al pago de diversos canones.